El Congreso de Guatemala archivó este martes una polémica ley que había aprobado hace una semana en la que buscaba combatir el aborto y a “grupos minoritarios” que son “incongruentes con la moral cristiana”.
Los diputados guatemaltecos dieron así marcha atrás a sus objetivos de promover la ley, ante la presión de sectores sociales e internacionales que manifestaron en sus últimos días su oposición a la nueva normativa, denominada Ley Para la Protección de la Vida y la Familia.
El polémico nuevo estatuto contra el aborto y las minorías fue aprobado el 8 de marzo con 102 votos de diputados aliados a la bancada Vamos, del presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, y ocho en contra (la mayoría de la agrupación política Semilla), además de 50 ausentes.
Sin embargo, fue el mismo Giammattei el que indicó en un mensaje a la población el pasado 10 de marzo que vetaría la ley porque violaba la Constitución guatemalteca, además de varios tratados internacionales.
La decisión de archivar la ley fue tomada este martes con el voto de 119 de los 160 diputados que componen el Organismo Legislativo del país centroamericano, incluyendo la gran mayoría de los que habían aprobado la normativa el pasado 8 de marzo.
El diputado Bernardo Arévalo, de la agrupación política de oposición Semilla, aseguró este martes ante el pleno del Parlamento que “la vergüenza no va a pasar rápido” para los legisladores que aprobaron inicialmente la ley.
“La vergüenza la conoce el pueblo de Guatemala, que sabe quienes votaron en contra de esto y sabe quienes aprobaron un texto que era inconstitucional y que lleva al presidente a pedir que lo archiven”, dijo Arévalo, cuya agrupación nació de la lucha anticorrupción en Guatemala durante 2015.
LA LEY ARCHIVADA
La iniciativa 5272, planteada inicialmente en 2017 por el partido conservador Viva hasta su aprobación el 8 de marzo pasado, aumentaba las penas de cárcel para mujeres que aborten, originalmente establecidas de 1 a 3 años de prisión y ahora modificado con penas de hasta 5 años de prisión como mínimo y hasta 50 años en algunos casos.
De igual forma, la normativa prohibía enseñar en las entidades educativas la diversidad sexual.
El Congreso aseveró el 8 de marzo que la ley debía aprobarse “considerando” la “existencia de grupos minoritarios de la sociedad, que proponen corrientes de pensamiento y prácticas incongruentes con la moral cristiana”.
Pese a que Giammattei dijo el 10 de marzo que vetaría el nuevo estatuto, expertos legales en el tema insistían en que existía la posibilidad de que el Congreso aprobara la ley sin el voto de respaldo del presidente, como establece la Constitución guatemalteca.
Sin embargo, los diputados finalmente dieron marcha atrás este martes a la normativa, decretada un día antes de que Guatemala fuera designado por un congreso cristiano como “Capital Iberoamericana Provida”.
En dicho Congreso, cuya jornada inaugural tuvo lugar en el Palacio Nacional de la Cultura (sede del Gobierno) estuvieron presentes Giammattei y la presidenta del Congreso, Shirley Rivera.
“¿Qué pasaría si nos uniéramos? Hoy este evento es una invitación a unirnos en proteger la vida desde su concepción hasta la muerte natural en sus cinco etapas”, aseguró el mandatario guatemalteco durante su intervención en el evento.
Alrededor de un centenar de personas se presentaron en las afueras del Congreso guatemalteco, en la capital del país, para exponer su inconformidad con la nueva ley y celebraron el archivo de la misma.
La organización humanitaria Amnistía Internacional había indicado la semana pasada mediante la directora para América, Erika Guevara Rosas, que la normativa aprobada por el Congreso guatemalteco fomentaba “el odio y la discriminación” y no protegía “a las familias ni a las vidas”.
(Con información de EFE)
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