La familia gobernante de Nicaragua recibe unos 65.500 dólares mensuales en sueldos registrados entre todos sus miembros. Sin embargo, esta cantidad sería “la punta del iceberg” de sus ingresos, pues también maneja una intricada red de negocios que alcanza a por lo menos 22 empresas de diferentes ramas de la economía, forjadas tras el regreso de Daniel Ortega al poder y “apuntalada en la apropiación privada de la millonaria cooperación estatal proveniente de Venezuela, calculada en 5.000 millones de dólares entre 2007 y 2016″.
Los datos fueron expuestos en una investigación del periódico digital nicaragüense Confidencial, con información de los registros oficiales del Instituto Nicaragüense de Seguro Social (INSS) hasta 2018 y del Registro Mercantil de Managua.
El conglomerado empresarial de la familia presidencial es manejado por un círculo estrecho de 18 ejecutivos y cinco abogados, parientes o cercanos la familia presidencial.
“Me llamó la atención que se repiten ciertos nombres en cada una de las empresas, testaferros se les llama popularmente, gente de confianza que pertenece al grupo y en quienes descansan las operaciones de estas empresas para evitar comprometer a los que están arriba”, señala Octavio Enríquez, periodista a cargo de la investigación que, aclara, “se realizó en equipo”.
El periodista dice haberse sorprendido al encontrar que gran parte de la familia Ortega Murillo –desde la pareja presidencial, sus hijos, esposas, exesposas, cuñados y excuñados– cobren salarios oficiales en el Estado o empresas de la familia, más allá de los millonarios ingresos que significa manejar esas empresas. “Si bien este es un botín muy jugoso de recursos, ellos están asalariados y están ganando miles de dólares donde hay una mezcla de empresas del Estado y estas mismas que tiene su origen en el Estado o en la cooperación con el Estado”.
En la investigación se muestra que seis de los nueve hijos de Daniel Ortega y Rosario Murillo reciben salarios de entre 2.500 y 6.000 dólares cada uno, y junto al resto de familiares acumulan 65.500 dólares al mes, en salarios oficialmente registrados.
Según la investigación de Confidencial, Ortega tiene un salario de 4.200 dólares como presidente y Rosario Murillo, de 4.100 como vicepresidenta. De acuerdo al decreto que el mismo Ortega aprobó poco despues de regresar al poder en 2007, el presidente y el vicepresidente de Nicaragua no pueden cobrar salarios mayores a los 3.200 y 3.100 dólares, respectivamente, después de las deducciones de ley.
“El presente decreto tiene por objeto establecer disposiciones de carácter general con las cuales se efectúe un ordenamiento salarial, así como detener las prohibiciones y limitaciones adicionales que permitan iniciar un proceso de ordenamiento salarial y terminar con el desorden salarial dentro de la administración pública”, dijo Ortega al anunciar el reajuste salarial en el Ejecutivo, que aseguró permitiría ahorrar unos 11 millones de córdobas anuales al Estado.
El conglomerado de empresas de la familia Ortega Murillo abarca los sectores de petróleo y energía, comunicaciones, bienes raíces, publicidad, servicios y fundaciones, que generalmente funcionan como monopolio o tienen al Estado como su principal cliente. Varias de estas empresas y sus ejecutivos han sido sancionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
La riqueza de la familia Ortega Murillo no ha sido cuantificada públicamente. Sin embargo, el economista Enrique Sáenz considera que es “de 2.500 millones de dólares como mínimo”, porque ese fue el monto que la empresa Caruna, ligada a los Ortega, había encomendado al banco Bancorp, para su administración mediante un conjunto de contratos de fideicomiso. El dato se conoció en 2018, después que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionara al Bancorp “por su participación activa en la corrupción y lavado de dinero para beneficio personal del régimen de Ortega en Nicaragua”.
Sobre el patrimonio familiar de los Ortega Murillo lo único que se conoce oficialmente es la declaración de probidad que Ortega entregó a la Contraloría de la República en 2006, cuando era candidato a la presidencia, y en la que reporta un patrimonio de 217.844 dólares para él, y 159.300 dólares para su esposa, Rosario Murillo.
El trabajo de Confidencial también muestra cómo empresas estatales, bajo arriendo privado, fueron puestas bajo el control del Estado como un gesto de recuperar soberanía, y ahora aparecen como empresas privadas en la red de negocios de los Ortega Murillo.
Tal es el caso de la empresa estatal Distribuidora Nicaragüense de Petróleos (DNP Petronic), que es el corazón de uno de las ramas más lucrativas del conglomerado de negocios de la familia presidencial.
A través de la Distribuidora Nicaragüense de Petróleos (DNP), la empresa suiza Glencore administraba bajo arriendo a la empresa estatal Petronic, importando y comercializando sus propios productos petroleros terminados. A partir de junio de 2010, la administración de Ortega recuperó el control de la empresa estatal que luego pasó a ser administrada por empresas ligadas a la familia gobernante.
“DNP es uno de los ejemplos emblemáticos de cómo la familia en el poder se ha apropiado de los instrumentos del Estado para acumular riquezas personales. Efectivamente es un misterio cómo (pasó eso con) una empresa pública. Recuerdo las declaraciones del Procurador de Justicia de la época, Hernán Estrada, haciendo alharaca que se había reivindicado parte del patrimonio público y que todos los nicaragüenses deberíamos sentirnos orgullosos, porque se había hecho una concesión a una empresa extranjera para que rentabilizara el negocio de DNP. En consecuencia, este es un ejemplo patente de cómo una empresa pública pasa impunemente a ser patrimonio privado”, explica el economista Enrique Sáenz en la serie de trabajos de Confidencial.
En otro trabajo periodístico publicado esta semana, el diario La Prensa informó que DNP Petronic logró eludir las sanciones norteamericanas al transformar todas las estaciones de distribución de combustibles a “estaciones de bandera blanca, es decir que operan de manera independientes y no están bajo una marca global”.
El crecimiento vertiginoso de la fortuna de Ortega y su presencia en diferentes ramas de la economía, es un secreto a voces en Nicaragua. La investigación de Confidencial logra presentar las pruebas de “una parte” de esa fortuna. “Lo que me sorprendió fue conocer toda la infraestructura legal que se creó para que este conglomerado tuviera vida”, dice el periodista Enríquez.
“Con Ortega la misma gente se preguntaba por qué nunca se le ha podido agarrar con un cheque como si ocurrió con (el ex presidente Arnoldo) Alemán? La respuesta a esa pregunta es esta sofisticada red donde participan un montón de personas que están a su servicio y los rotan porque ni ellos mismos confían en ellos plenamente”, añade.
“Yo diría que esta es una corrupción evolucionada”, agrega el periodista, porque dice que Ortega pasó de una primera etapa de su gobierno, donde “había raterías o un ministro involucrado directamente o usando una empresa familiar para llevarse un contrato, a cosas más sofisticadas, una estructura de sociedades como en el caso del canal interoceánico”.
Dice que hacer periodismo de investigación en Nicaragua es “buscar en la oscuridad” porque toda la información publica ha sido enllavada y las fuentes temen por su libertad o vida. “Hay gente que le colabora a uno desde el anonimato, gente que está arriesgando su vida porque estamos en época de dictadura”.
Octavio Enríquez se fue al exilio en el proceso de esta investigación que fue realizada por un equipo y llevó varios meses. El 6 de agosto del año pasado, envió una lista de preguntas al correo electrónico de la vicepresidenta y vocera del régimen, Rosario Murillo. Las preguntas nunca fueron respondidas.
Después de cuatro horas de haber enviado el correo, dos policías de civil llegaron a la vivienda de Enríquez en Nicaragua, diciendo que se tenía que presentar a la Fiscalía. Él ya no estaba en el país. “Esa fue la única respuesta que recibí”, dice desde el exilio.
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