El tobogán de Juan Orlando Hernández de la presidencia de Honduras a una posible condena a prisión perpetua en Estados Unidos

Juan Orlando Hernández pasará sus próximas noches en las mismas celdas en que los grandes narcos hondureños estuvieron antes de viajar extraditados a Estados Unidos.

No había pasado ni un mes desde que JOH, como se le conoce en Honduras por sus iniciales, dejó la presidencia de la república cuando el 16 de febrero un juez, Edwin Ortez, decidió que Hernández permanezca hasta el 16 de marzo en una celda del recinto policial que sirve de base a la fuerza especial Cobra en Tegucigalpa, la capital del país.

Ahí esperará el expresidente la audiencia en que se conocerán las pruebas en el proceso de extradición que se le sigue luego de que Estados Unidos lo reclamó, el 14 de febrero, para que responda en Nueva York por delitos de narcotráfico y armas.

Estados Unidos acusa a Hernández de tres delitos: conspiración para importar sustancia controlada (droga) a los Estados Unidos”, en específico 500.000 kilogramos de cocaína; conspiración para usar armas de fuego para importar narcóticos a Estados Unidos; y conspiración para instigar el uso de armas.

Si es extraditado, juzgado y condenado, Hernández podría enfrentar penas de prisión que van de los 10 años a la cadena perpetua.

Y si los casos de otros narcotraficantes hondureños juzgados y sentenciados en Estados Unidos por narcotráfico son una indicación, es muy probable que Juan Orlando Hernández tenga que pasar el resto de su vida en una prisión federal estadounidense. Su hermano, Juan Antonio “Tony” Hernández, fue sentenciado en marzo de 2021 a cadena perpetua más 30 años de prisión por los mismos cargos que enfrenta el exmandatario.

Lo que sigue en Honduras, en el caso de JOH, es que el magistrado Ortez determine si sobre Hernández pesan causas pendientes en ese país y si la petición de Estados Unidos cumple con los requisitos exigidos por la legislación hondureña, que contempla la extradición de nacionales en casos de narcotráfico.

“Resolverá los recursos que puedan presentar los defensore de Hernández si los hay y luego tiene que dictaminar si extradita o no”, explicó a Infobae un exfiscal que investigó el narcotráfico en Honduras la década pasada y quien está familiarizado con procesos de extradición.

Melvin Duarte, portavoz de la Corte Suprema de Justicia, bajo cuya jurisdicción directa actúa Ortez, dijo a medios hondureños que otros casos de extradición menos complejos se han resuelto en menos de cuatro meses.

Irónico. A Hernández le aplicarán reglas legales de extradición que él mismo promovió en 2012, cuando era presidente del Congreso y empezaba el ascenso político que lo llevaría, dos años después, a la presidencia de la república.

El 19 de enero de 2012, Hernández firmó un decreto legislativo que reformó el artículo 102 de la Constitución de Honduras, que hasta entonces decía: “Ningún hondureño podrá ser expatriado ni entregado por las autoridades a un Estado extranjero”. Con la enmienda se añadió una excepción por “delitos de tráfico de estupefacientes en cualquiera de sus tipologías”.

Cuando Hernández firmó aquella enmienda, Honduras acababa de pasar por el trauma de un golpe de Estado que, en 2009, depuso al entonces presidente Manuel Zelaya, aliado de la Venezuela de Hugo Chávez y quien había coqueteado con la reelección. Tras la caída de Zelaya, el Partido Nacional de Hernández llegó al poder, tanto en el Congreso como en el Ejecutivo en 2010, cuando fue elegido presidente Porfirio “Pepe” Lobo, hoy también señalado por narcotráfico.

Estados Unidos, que entonces tenía como presidente a Barack Obama, apoyó el ascenso del Partido Nacional a cambio, entre otras cosas, de que el nuevo gobierno hondureño mostrara firmeza en la lucha contra el narcotráfico regional. Honduras era ya en aquellos años el puente principal de la droga que viajaba desde Venezuela y Colombia a los mercados estadounidenses.

Desde inicios de su primer periodo presidencial -se reeligió en 2017, de nuevo, con el apoyo de Washington-, Hernández utilizó la extradición para deshacerse de narcotraficantes que, se sabría luego por investigaciones judiciales estadounidenses a esos capos, eran aliados de los hermanos Hernández en el negocio de la cocaína.

Hoy, Juan Orlando Hernández se dispone a recorrer el mismo camino de quienes lo precedieron en la ruta hacia cortes estadounidenses. Por los mismos delitos.

Por ahora, Hernández ya perdió la primera batalla judicial en Tegucigalpa. El magistrado Ortez resolvió, el pasado 16 de febrero, que el expresidente deberá de pasar el próximo mes en una celda del batallón Cobra, el mismo lugar donde, ocho años atrás, esperaban su extradición los hermanos Miguel Arnulfo y Luis Alonso Valle Valle, jefes del clan de narcotraficantes al que Juan Orlando Hernández y su hermano Tony desplazaron del negocio de la cocaína según certifican decenas de testimonios y documentos judiciales en poder de autoridades estadounidenses.

Grilletes y un viejo conocido

El destino le ha jugado malas pasadas a Hernández en los últimos días. No es solo que Estados Unidos lo requiera, son también los personajes y lugares a los que se tiene que enfrentar, hoy como reo procesado.

La tarde del 15 de febrero, cuando salió de su casa en un barrio exclusivo de Tegucigalpa para entregarse a las autoridades, Hernández se encontró con un rostro familiar, el del general Ramón Sabillón, un exjefe de la Policía Nacional al que él defenestró cuando era presidente y que hoy es ministro de seguridad en el gobierno de Xiomara Castro.

“Estamos aquí para brindarle todas las garantías y garantizar su seguridad”, dijo Sabillón a Hernández la mañana del 15 de febrero, cuando el expresidente, tras despedirse de su esposa, salió por el portón principal a la calle, donde lo esperaban decenas de policías liderados por el general.

Hernández y Sabillón se estrecharon la mano antes de que un agente pusiera al expresidente los grilletes en manos y pies con los que viajaría a la celda de los Cobras.

El general y el político tienen historia, larga y conflictiva. El presidente no confiaba en el policía, pero tuvo que aguantarlo durante unos meses de su primer mandato porque Sabillón era el hombre en quien confiaban las agencias estadounidenses desplegadas en Honduras, en un contexto que, como se dijo, estaba marcado por la vigilancia de Washington a la lucha contra las drogas.

Cuando, en 2013, JOH afianzaba pactos con los narcos del occidente hondureño, de donde él y su familia son originarios, la Agencia de Control Antidrogas de Estados Unidos (DEA) y los hombres del general Sabillón ya seguían de cerca los pasos de capos como los Valle Valle y Alexander Ardón, un alcalde del Partido Nacional también implicado en narcotráfico y quien era uno de los principales aliados de los Hernández.

Fue Ardón, también expatriado a Estados Unidos, quien dio detalles de la implicación de Juan Orlando y su hermano Tony en el negocio a autoridades judiciales estadounidenses. Contó, por ejemplo, que Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, dio un millón de dólares para la campaña presidencial de JOH en 2013.

Sabillón, como ha contado Infobae, fue el arquitecto del operativo de captura de los Valle en 2014. El presidente, han dicho dos altos oficiales que trabajaron de la mano con el general en aquellos años, quería eliminar a los capos para evitar que terminaran extraditados y eventualmente ofrecieran testimonio en cortes estadounidenses. Sabillón, sin decirle a Hernández, capturó a los Valle y se los llevó a las celdas de los Cobra en Tegucigalpa.

Fue ahí, en esas celdas, que los Valle le explicaron a Sabillón la participación de Tony Hernández y su hermano en el mapa del narcotráfico en el occidente hondureño. Luego, el general dio pistas de ese testimonio a una periodista hondureña. Cuando el asunto se hizo público, Juan Orlando Hernández sacó a Sabillón de la policía. El jefe policial huyó a Estados Unidos. Uno de sus primeros actos públicos tras ser nombrado ministro de Seguridad por la recién ascendida presidenta Xiomara Castro: coordinar la captura de JOH.

Una larga lista de socios

Hasta ahora, los fiscales estadounidenses que han preparado la acusación a Juan Orlando Hernández no han hecho públicos todos los detalles del caso que presentarán contra el expresidente en la corte neoyorquina, pero los mismos testimonios que sirvieron para condenar a su hermano Tony dan pistas de todas las acusaciones que JOH podría escuchar durante el juicio.

Además de la incursión en las rutas que dominaban los Valle Valle en occidente, el expresidente Hernández se alió con Giovanny Fuentes, un capo del norte de Honduras que sirvió de nexo entre los Valle y la banda Los Cachiros, la más poderosa del noreste del país, a donde llega la mayoría de los cargamentos de cocaína procedentes de Colombia y Venezuela.

Fuentes, también expatriado a Estados Unidos, tenía un narcolaboratorio en Choloma, una ciudad industrial entre San Pedro Sula y Puerto Cortés, el más importante del país, el cual producía entre 300 y 500 kilos de cocaína al mes. A los fiscales estadounidenses, Fuentes les dijo que JOH fue su socio en esa empresa y que él también había hecho donaciones para las campañas políticas del expresidente y su partido.

Otro narcotraficante que ha hablado de JOH es Devis Leonel Rivera Maradiaga, uno de los jefes de Los Cachiros, también procesado en Estados Unidos. Dijo, en marzo de 2021, que él también había hecho llegar dinero a Juan Orlando Hernández en 2012: 250,000 dólares para la campaña presidencial del año siguiente. Rivera Maradiaga aseguró que había entregado el dinero a Hilda Hernández, hermana de Juan Orlando, y quien fue jefa de su campaña presidencial.

Ya desde 2018, cuando su hermano Tony enfrentó juicio en Nueva York, JOH sabía que los fiscales estadounidenses lo señalaban a él, el presidente, como coconspirador en la empresa de narcotráfico, y los acusaban a ambos de facilitar las condiciones para crear un narcoestado en Honduras. Incluso antes, cuando Los Cachiros y Los Valle empezaron a declarar, JOH sabía que el asunto lo alcanzaba.

La respuesta de Juan Orlando fue siempre apelar a su amistad con Washington e invocar todas las veces que oficiales estadounidenses de alto rango, desde enviados diplomáticos hasta Tegucigalpa hasta el mando del Comando Sur en Florida, lo elevaron a calidad de “socio estratégico” en el combate al narcotráfico. Cuando el círculo se estrechó y la administración de Joe Biden lo incluyó en una lista de actores corruptos y antidemocráticos, en febrero de 2022, parecía que el destino era insoslayable.

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