El dictador cubano Miguel Díaz-Canel reconoció a la Fiscalía General de la República (FGR) por su actuación durante 2021, año en el que “se creció” ante la “agresividad imperial”, informó este jueves la prensa oficial. No obstante, el año pasado el régimen caribeño reprimió, hostigó y detuvo de manera ilegal a toda aquel que intentase manifestarse o alzar su voz de protesta.
Díaz-Canel, al intervenir en la reunión anual de trabajo de la FGR, culpó a las “campañas de comunicación calumniosas, perversas” y al bloqueo estadounidense por las manifestaciones antigubernamentales —las mayores en décadas— del pasado julio.
Citado por el diario Granma, el dictador dijo que esas acciones tenían la intención de “fracturar la unidad” en el país y dar un “golpe suave”, aprovechando las condiciones precarias de la isla durante la crisis sanitaria.
En un reciente informe, la FGR informó del procesamiento de 790 personas por hechos relacionados con las protestas del 11 de julio. Del total de procesados, 55 tienen entre 16 y 17 años.
Otros 27 tienen menos de 16, pero al no alcanzar la edad mínima penal se les han aplicado medidas alternativas.
La dictadura cubana ya condenó el lunes a 20 manifestantes por sedición —entre ellos cinco menores de edad— a entre cinco años de limitación de libertad y 20 años de cárcel, de acuerdo con la ONG Justicia 11J.
La dictadura no difundió públicamente estas sentencias y los medios oficiales no han informado sobre el fallo hasta el momento.
De acuerdo con un informe del 7 de febrero, la ONG Prisoners Defenders cifró en 1.054 los presos políticos en Cuba en los últimos 12 meses, frente a los 137 con los que comenzó febrero de 2021.
Actualmente, la organización tiene verificados a 932 presos políticos condenados, pero advirtió de que esta cifra “no es más que una fracción, entre el 50 y el 60 por ciento de las cifras reales”, cuya verificación total es “simplemente inalcanzable por organización alguna”. Al menos 120 mujeres son presas políticas de Cuba.
De estos 932, Prisoners Defender constató que 794 son presos de las multitudinarias protestas del 11 de julio de 2021, cuando miles de cubanos salieron a las calles para pedir libertad y mejores condiciones de vida. Decenas de detenidos han sido liberados en los últimos meses, pero con unas multas “de cuantías exacerbadas para Cuba”, informó la ONG.
De los presos derivados de la represión de las protestas, Prisoners Defenders indicó que al menos 32 son niños --28 varones y cuatro niñas--. De 13 años hay uno; de 15, tres; de 16 años, nueve; y de 17 años, veintiuno.
Además, el 50%o, 16 niños y niñas, fueron acusados de sedición. Prisoners Defenders ha denunciado que entre ellos hay niños con “impedimentos y retrasos mentales incompatibles con la violencia y mucho menos con la sedición”.
“Cuba está haciendo añicos su firma y ratificación de la Convención de los Derechos del Niño, encarcelando y destrozando a la juventud, llevando el terror a las familias de todo el país y causando, de forma salvaje, un dolor irreparable en todos los encarcelados y en sus familias y allegados”, dijo Prisoners Defenders.
En total, 166 prisioneros políticos verificados fueron procesados con el cargo de sedición y al menos 511 prisioneros ya han sido sentenciados. De ellos, 194 con penas de más de diez años, el 38 por ciento.
La organización reconoció, como cada mes, a los otros 11.000 civiles jóvenes no pertenecientes a organizaciones opositoras, 8.400 de ellos convictos y 2.538 condenados, con penas medias de dos años y diez meses de cárcel, mediante condenas “pre-delictivas”, es decir, sin delito alguno cometido --como indica textualmente el Código Penal en su artículo 76.1 para estas 11.000--, al contemplar el Código Penal que serían personas proclives a cometer delitos en el futuro “por la conducta que observa en contradicción manifiesta con las normas de la moral socialista”. Así, les imponen penas de entre uno y cuatro años de prisión sin delito investigado ni cometido.
Prisoners Defenders se declaró “sorprendida” al leer un comunicado emitido por la dictadura de Cuba, donde indica menos casos que los hechos públicos por las ONG, un total de 790 personas “instruidas de cargo por actos vandálicos”.
“La Fiscalía, una entidad jurídica y técnica en cualquier país democrático y cuyo hipotético buen desempeño se basa en la precisión, ha emitido un comunicado político, repleto de faltas de precisión y términos ambiguos, en el intento de tratar de limitar lo ilimitable”, dijo la organización.
“¿Por qué sólo da las cifras de los hechos de “mayor connotación”? ¿Es un comunicado de la Fiscalía o del Partido (Comunista de Cuba)? ¿Qué es la “connotación” para la Fiscalía?”, preguntó la ONG, antes de destacar que “tampoco hablan de los menores de 16 años detenidos y encausados, y este vacío de información, la propia Fiscalía lo confirma, es precisamente por su ‘connotación’”.
(Con información de EFE)
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