Tres reconocidos ex aspirantes a la presidencia de Nicaragua serán juzgados desde el martes por delitos relacionados con traición a la patria y conspiración junto con otros opositores detenidos en 2021 antes de las elecciones presidenciales que dieron a Daniel Ortega su cuarto mandato consecutivo.
Los tres ex aspirantes a la presidencia son el economista Juan Sebastián Chamorro, el académico y ex embajador en Washington Arturo Cruz y el politólogo Félix Maradiaga, quienes eran todavía precandidatos cuando fueron detenidos. El juicio en su contra comenzó el martes en un complejo policial, informaron sus familiares y organismos humanitarios.
Otros cuatro opositores encarcelados, el ex vicecanciller José Pallais, el dirigente empresarial José Adán Aguerri y las dirigentes Tamara Dávila y Violeta Granera, también están siendo juzgados a puertas cerradas, dijo el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) en una declaración.
De acuerdo con el Cenidh, los siete están en el banquillo de los acusados ante el juez Quinto de Distrito Penal de Juicio de Managua, Félix Salmerón Moreno.
Los enjuiciados forman parte de un grupo de 40 convictos acusados por delitos de traición a la patria o lavado de dinero arrestados en el contexto de las elecciones generales de noviembre pasado, en las que el presidente Daniel Ortega obtuvo una cuestionada reelección, sin rivales.
Ortega ganó los comicios después de que la mayoría de sus adversarios políticos fueran encarcelados, provocando una condena generalizada. Estados Unidos calificó entonces las elecciones como una “pantomima” y acusó al ex guerrillero marxista de un creciente autoritarismo.
“Son juicios políticos, son juicios nulos”, denunció en un comunicado la Asociación de Familiares de Presos Políticos.
El gobierno de Ortega acusa a los detenidos de promover un golpe de Estado en 2018 cuando unas masivas protestas callejeras fueron reprimidas por las autoridades y más de 350 personas murieron, la mayoría opositores a manos de la policía, según organismos de derechos humanos.
A principios de mes la ex guerrillera sandinista de 66 años Dora María Téllez fue declarada culpable por el delito de menoscabo a la integridad nacional. Otro ex compañero de Ortega, el general retirado Hugo Torres, falleció la semana pasada mientras se hallaba preso en Managua.
¿Quiénes son los tres ex candidatos acusados?
Arturo Cruz, de 67 años, era precandidato presidencial por la opositora alianza Ciudadanos por la Libertad (CxL) y fue sacado de la competencia cuando faltaban tres meses para las elecciones de noviembre de 2021.
Fue embajador en Estados Unidos entre 2007 y 2009 del Gobierno de Ortega, de quien se distanció, y fue detenido en junio por agentes de la Policía Nacional en el Aeropuerto Internacional de Managua cuando regresaba de una gira por Washington.
Es hijo del fallecido Arturo Cruz Porras, ex miembro de la Junta de Reconstrucción Nacional y luchador antisomocista, que también fue embajador de Nicaragua en Washington durante el primer régimen sandinista (1979-1990).
Maradiaga, nacido en 1976 y líder de la Unidad Nacional Azul, es un académico y activista de raíces liberales que fue apresado después de declarar ante la Fiscalía, donde le confirmaron que le habían abierto una investigación.
Creció exiliado en Estados Unidos y fue secretario general del Ministerio de Defensa con el Gobierno de Enrique Bolaños (2002-2007).
Dirigió el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Ieepp) y fue acusado por supuestamente provocar el estallido social contra el Gobierno de Ortega en abril de 2018. Denunció a Ortega ante el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por violaciones a los derechos humanos.
Chamorro, economista y sobrino político de la ex presidenta Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997), era precandidato a la Presidencia por la alianza CxL (de centroderecha).
Fue viceministro de Hacienda y Crédito Público y secretario de Coordinación y Estrategia en el Gobierno de Bolaños. Fue director ejecutivo de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, que fue contraparte del Ejecutivo en una mesa de negociación con la que se buscaba una salida pacífica a la crisis que vive Nicaragua desde 2018.
De 2014 a 2019 dirigió la no gubernamental Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), un centro de pensamiento independiente, y también fue director del programa estadounidense Cuenta Reto del Milenio en Nicaragua.
Según el Ministerio Público, que había anunciado que los juicios serían orales y públicos, los opositores son juzgados por haber violentado la Constitución Política, la Ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz, la Ley de seguridad soberana y el Código Penal de Nicaragua.
(Con información de Reuters y EFE)
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