“Estar preso es triste. Estar preso y sin saber por qué. Soy campesino, si me pregunta por el arado yo se lo digo, en la cuestión política soy inocente, la tecnología me come, no sé grabar ni un número de teléfono. Sólo tengo quinto grado aprobado, apenas sé leer y escribir, y mi intención sólo es el trabajo y la agricultura”.
Estas fueron las últimas palabras de Santos Camilo Bellorín, poco antes de que el juez Erick Ramón Laguna Averruz, del Juzgado de Distrito Penal de Juicio de Estelí, lo declarara culpable por el delito de “propagación de noticias falsas”, según la Ley 1042, Ley Especial de Ciberdelitos, aprobada en octubre de 2020.
Esta ley, junto a la 1055, conocida como “Ley de Soberanía”, son las más utilizadas por el régimen de Daniel Ortega para encarcelar y condenar a opositores. Actualmente hay 170 personas en las cárceles del régimen por motivos políticos.
El juez Erick Laguna Averruz es reconocido por dos fallos “disparatados”: benefició con penas mínimas y posterior liberación a los autores de la “Masacre de El Carrizo”, donde un grupo de militantes sandinistas en estado de ebriedad asesinaron a varios miembros de una familia opositora el 8 de noviembre de 2011, y liberó a otro militante sandinista, Abner Pineda, quien mató de un balazo a Jorge Luis Rugama Rizo, el 19 de julio de 2020, después que la víctima gritara: “¡Viva Nicaragua libre!
El juicio contra Bellorín, de 56 años, se realizó el pasado 10 de febrero y este martes fue leída su condena: 11 años de prisión. Para su familia la acusación fue una absurda sorpresa. Según Francisco Bellorín, hermano del condenado, “Santos ni conoce las computadoras” y solo manejaba un teléfono celular básico, no inteligente y sin conexión a internet.
Hasta el 6 de noviembre del año pasado, Santos Camilo Bellorín llevaba una vida dedicada al cultivo de maíz, frijoles y café en la comunidad de Guasuyuca, Pueblo Nuevo, a 200 kilómetros al norte de Managua. Ese día fue detenido por primera vez en medio de una redada que el régimen organizó en vísperas de las elecciones generales, celebradas el domingo 7 de noviembre.
El campesino, según vecinos de la comunidad Guasuyuca, es considerado opositor al régimen de Ortega porque tiene afinidad con el Partido Liberal Constitucionalista (PLC).
El 9 de noviembre fue liberado. Dos días después fue apresado nuevamente y esta vez acusado de como autor ciberdelitos en contra del Estado de Nicaragua.
En la acusación, el Ministerio Público señala a Santos Camilo Bellorín de provocar “alarma, temor y zozobra” entre la población a través del uso de las redes sociales. Le atribuye además destrezas “en sistemas informáticos, tecnologías de la información y comunicación en el ciberespacio, redes sociales tales como Facebook y Twitter a los que accedía a través de un dispositivo móvil o desde una de las aplicaciones a través de su cuenta personal en Twitter registrada con el perfil a nombre Santos Bellorín @Santos51″.
El perfil aludido fue creado en abril de 2009, está a nombre de Anisio Santos, tiene solo cinco seguidores y ni solo un tuit publicado.
Entre las pruebas presentadas por la Fiscalía están media docena de publicaciones de Twitter y Facebook y un supuesto retuit que Bellorín habría hecho del ciudadano Alexis Peralta Espinoza, condenado también por el mismo delito.
“¿Que pasó señores orteguistas? No que si ganaba Biden era mejor porque es demócrata, en EE.UU. existe una política oficial y no cambia. Cuidado el TLC y las sanciones EPS”, dice el tuit publicado por Peralta y supuestamente retuiteado por Bellorín, que utilizó la Fiscalía como prueba contra los acusados.
La Fiscalía también acusa a Bellorín de realizar el 13 de marzo de 2021 una publicación a través del perfil de Facebook Santos BOVG59 que en parte dice: “Miserables vende patria, no les importa el sacrificio de nuestro pueblo. No al circo electoral de Ortega y sus zancudos CxL se venden a Ortega, CxL no representa al pueblo”.
Sin embargo, Fiscalía no demostró que las cuentas aludidas pertenecieran al campesino Bellorín ni cómo las publicaciones mencionadas pudieron haber causado “alarma, temor y zozobra entre” entre la población.
“¿Qué ciberdelito puede cometer un campesino que no tiene la mínima idea del uso de la tecnología?”, se pregunta la abogada Martha Molina, experta en Estado de Derecho. “Entonces no existe relación clara entre el hecho punible y la participación del acusado”, dice.
“En este caso el juez encargado de este acto infame tampoco adecuó el juicio a los principios y artículos establecidos en la ley penal porque no asignó el valor correspondiente a cada uno de los elementos de prueba, con aplicación estricta del criterio racional, observando las reglas de la lógica. Todo indica que el judicial no conoce en lo absoluto de lógica”, añade. “El sistema judicial es infame y actúa en contra de la norma jurídica. Son juicios políticos que nada tiene que ver con los principios rectores del derecho”.
La defensa del campesino anunció que apelará el fallo del juez Erick Ramón Laguna Averruz. Sin embargo, la familia dice no hacerse muchas esperanzas de que se revierta la decisión por el patrón de condena que han tenido todos los juicios políticos en Nicaragua.
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