Ecuador: desalojaron a mineros ilegales en la Amazonía

1.600 uniformados participaron del operativo a orillas del río Yutzupino

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Activistas y moradores denuncian que la comunidad de Yutzupino, en Napo, se encuentra destruida y contaminada debido a la minería ilegal. (Foto: EL COMERCIO)
Activistas y moradores denuncian que la comunidad de Yutzupino, en Napo, se encuentra destruida y contaminada debido a la minería ilegal. (Foto: EL COMERCIO)

En un operativo compuesto por 1.600 efectivos militares y policiales, las autoridades del Ecuador retomaron el control de una zona tomada por la minería ilegal. Se trata de un sector a orillas del del río Yutzupino en el cantón Tena de la provincia del Napo, a aproximadamente 190 kilómetros al sureste de Quito. La acción conjunta consiguió la expulsión de mineros ilegales ocupados en la explotación de oro en el sector.

Se cree que la intervención comenzó en la madrugada del domingo 13 de febrero. Todas las unidades de élite de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional participaron en este trabajo. La ministra de Gobierno, Alexandra Vela, y el ministro de Defensa, Luis Hernández, siguieron presencialmente las operaciones conjuntas.

La ministra Alexandra Vela aseguró haber conversado con los pobladores de la zona para intentar conseguir un acuerdo. Unos pocos de estos intentaron recuperar por la fuerza algunos bienes destinados a las actividades ilegales y que fueran confiscados por las autoridades pero que los efectivos militares y policías pronto controlaron la situación, sin enfrentamientos graves o lesionados.

La ministra aseguró que el objetivo de este operativo era evitar la actividad minera ilegal en la zona, que han tenido éxito en detener las extracciones en curso, retirar los bienes y maquinaria de dedicadas a la actividad y restablecer el control del área.

También dijo que este es el primer paso en la lucha en contra de los delitos ambientales asociados a estas actividades delictivas, y que a partir de ahora se tomarán acciones legales a través de los órganos jurisdiccionales para establecer responsabilidades de tipo penal. Por otro lado, la secretaria de Estado señaló que lo más importante es garantizar los derechos de la naturaleza, así como la defensa del agua limpia para la gente, disminuir los impactos ambientales de la intervención humana en el sector y la trabajar por la ausencia del tóxico mercurio “que es un veneno”, aseguró.

Así quedó la zona de Yutzupino, en Ecuador, por las actividades de minería ilegal que se realizaban en el lugar. Redacción:

En Napo, los ciudadanos están preocupados por el daño ambiental causado por la explotación ilegal de oro aguas arriba del río Tena, en la comunidad de Yutzupino. Hace unos días empezaron a dar la vuelta fotos y videos de algunas personas dedicadas a la extracción de oro a lo largo del río. La coalición de varias organizaciones sociales y ecológicas agrupadas en la plataforma “Napo sin Minería” publicó un comunicado en donde asegura que “las actividades mineras en la cuenca alta del río Napo son agravadas por la falta total de regulación, manejo y control efectivo por parte de los organismos públicos del Estado ecuatoriano encargados de brindar soluciones efectivas e inmediatas”.

Cientos de ciudadanos de otras comunidades en Tena y en Arosemena Tola protestaron a favor de los derechos de la naturaleza al grito “¡Napo ama la vida, no a la minería!”, para exigir a las autoridades el desalo de la maquinaria y de las personas que realizan trabajos de minería ilegal.

El ministro de Defensa, Luis Hernández, por su parte, dijo que el gobierno estaba listo para dialogar pero que, sin embargo, no permitirá la minería ilegal en el país. Esta no es la única zona donde actúa el Gobierno Nacional, dijo la ministra Alexandra Vela, y que los operativos se extienden a las zonas de minería ilegal identificadas en el cantón Zaruma e la provincia de El Oro y en la parroquia Buenos Aires en la provincia de Imbabura.

En un boletín oficial se asegura que, a través de estas acciones, el Gobierno del Ecuador muestra su compromiso de contrarrestar cualquier actividad ilegal y su política de no tolerar ningún daño al medio ambiente, a la vida o a salud de los ecuatorianos.

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