La Fiscalía de Brasil pidió no autorizar la compra de Oi por parte de Telefónica, Tim y Claro

Plantea determinar si se ha producido una infracción por ‘gun jumping’, es decir, por incumplimiento de la obligación de comunicar una concentración al organismo regulador antes de ejecutarla

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A finales de enero, las filiales en Brasil de la española Telefónica (Vivo), de la mexicana América Móvil (Claro) y de Telecom Italia (TIM) formalizaron el contrato de compraventa de la red móvil de Oi, por un valor de 16.500 millones de reales (unos 3.200 millones de dólares al cambio actual) (EFE)
A finales de enero, las filiales en Brasil de la española Telefónica (Vivo), de la mexicana América Móvil (Claro) y de Telecom Italia (TIM) formalizaron el contrato de compraventa de la red móvil de Oi, por un valor de 16.500 millones de reales (unos 3.200 millones de dólares al cambio actual) (EFE)

La Fiscalía de Brasil propuso al Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE) del país no autorizar la adquisición por parte de la empresa española Telefónica, junto a Tim y Claro, de los activos de telefonía móvil del grupo Oi, pues considera que se podrían haber vulnerado las leyes de la competencia.

En un informe dirigido al CADE, al que la agencia EFE tuvo acceso este martes, el Ministerio Público brasileño plantea determinar si se ha producido una infracción por ‘gun jumping’, es decir, por incumplimiento de la obligación de comunicar una concentración al organismo regulador antes de ejecutarla.

Vivo (Telefónica Brasil), Claro (América Móvil) y TIM (Telecom Italia) compraron los activos móviles de Oi por 16.500 millones de reales (aproximadamente 3.200 millones de dólares). La filial de Telefónica en Brasil aportaría el 33% del valor de la oferta.

La Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel, el regulador del sector) aprobó a finales de enero esta venta.

En el informe al CADE la fiscalía plantea la posibilidad de que las tres compañías hubieran constituido un consorcio previo a la compra de los activos de Oi y que no se lo hubieran notificado al CADE.

Además, la Fiscalía plantea iniciar un procedimiento administrativo contra las tres empresas compradoras para investigar si incurrieron en una conducta concertada entre competidores y en posibles prácticas de exclusión.

Funcionarios de la empresa brasileña de telecomunicaciones Oi SA y representantes de acreedores asisten a la Junta General de Acreedores de Oi en Río de Janeiro (REUTERS/Pilar Olivares)
Funcionarios de la empresa brasileña de telecomunicaciones Oi SA y representantes de acreedores asisten a la Junta General de Acreedores de Oi en Río de Janeiro (REUTERS/Pilar Olivares)

El Ministerio Público instruyó este procedimiento administrativo después de que Algar Telecom, un operador brasileño, pidiera ante el CADE investigar este supuesto ‘gun jumping’. Se prevé que el CADE se manifieste sobre el proceso de compra este miércoles.

Vivo ha defendido que, en la compra de los activos de telefonía móvil de Oi, aprobada por unanimidad por Anatel, se siguieron los procedimientos legales aplicables, según informó a EFE.

Esta compañía recuerda que la propuesta de compra se hizo en una subasta pública, supervisada por el Ministerio Público de Río de Janeiro y por el Poder Judicial.

Contrariamente a lo que afirma la Fiscalía, Vivo asegura que la oferta fue realizada conjuntamente por las tres empresas, pero no en forma de consorcio.

Así, la operación da lugar a tres adquisiciones absolutamente independientes por parte de los compradores, que siguen y seguirán compitiendo enérgicamente en el mercado, según fuentes de Vivo. Y las características de la compra propuesta pretenden preservar y fomentar la competencia en el mercado de la telefonía móvil.

Brasil es uno de los cuatro mercados claves para la española Telefónica, junto a España, Reino Unido y Alemania.

(Con información de EFE)

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