El Congreso de Ecuador aún no se pone de acuerdo para aprobar una ley que reglamente el aborto de las mujeres violadas

El presidente Guillermo Lasso ya avisó que vetará cualquier ley que vaya más allá de los plazos y condiciones que habilitó la Corte Constitucional

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Activistas de colectivos feministas se manifiestan en favor de la despenalización del aborto, en una fotografía de archivo. EFE/José Jácome
Activistas de colectivos feministas se manifiestan en favor de la despenalización del aborto, en una fotografía de archivo. EFE/José Jácome

El congreso de Ecuador aún no aprueba el proyecto de ley para la interrupción del embarazo en caso de violación. En el legislativo se produjo el segundo debate sobre este tema, pero los asambleístas no votaron por la aprobación, rechazo o archivo del proyecto. El presidente Guillermo Lasso, que se encuentra en China como parte de una visita oficial, ha mencionado en dos ocasiones que vetará la ley si excede el mandato de la Corte Constitucional.

En abril de 2021, la Corte Constitucional del Ecuador declaró como inconstitucional que el aborto en caso de violación esté permitido solo para mujeres con discapacidad. Los jueces de la Corte resolvieron que se elimine del Código Integral Penal del Ecuador la frase: “en una mujer que padezca de una discapacidad mental”, de esa forma el aborto en caso de violación quedó despenalizado para cualquier mujer que haya sido agredida de esa forma. La Corte Constitucional consideró que “es inconstitucional criminalizar y sancionar con privación de libertad a las mujeres que han interrumpido un embarazo producto de una violación”.

Entre las disposiciones de la resolución de la Corte Constitucional se ordenó a la Asamblea Nacional que, en el plazo máximo de 6 meses, contado desde la presentación del proyecto de ley, lo conozca y discuta con los más altos estándares de deliberación democrática y respetando los criterios establecidos en la decisión. Por esta razón, en el congreso ecuatoriano se ha analizado y debatido en dos ocasiones el informe que elaboró una de las comisiones legislativas sobre el proyecto de ley para la interrupción del embarazo en caso de violación que originalmente fue presentado por la Defensoría Pública.

El proyecto ha sido controversial desde que se analizaba en la comisión legislativa. En un inicio los legisladores de la comisión resolvieron que el aborto en caso de violación no tenga ningún plazo para las menores de edad y que, para las mujeres mayores de 18 años, se establezca un máximo de 28 semanas para interrumpir el embarazo. Luego de este anuncio, el presidente Lasso dijo que vetaría el proyecto de ley y dijo que “están aprovechando esa ventana para ir más allá de lo que estableció la Corte Constitucional”.

Fotografía de archivo, tomada el pasado 5 de noviembre, en la que se registró al presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, durante una entrevista con Efe, en Madrid (España). EFE
Fotografía de archivo, tomada el pasado 5 de noviembre, en la que se registró al presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, durante una entrevista con Efe, en Madrid (España). EFE

Después del anuncio de Lasso y del debate que esos plazos generaron en la opinión pública, los legisladores anunciaron que en el caso de niñas y adolescentes menores de 18 años víctimas de violación, la interrupción voluntaria del embarazo se podrá realizar hasta las 22 semanas de gestación. Si la mujer es mayor de 18 años y ha sido víctima de violación, la interrupción voluntaria del embarazo se podrá realizar hasta las 20 semanas.

El 25 de enero, en el programa Encontrémonos por la ciudadanía, transmitido por la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia, Lasso volvió a referirse al proyecto de ley y dijo: “No puedo adelantar criterio, de ser aprobado como se conoce en los medios obviamente será vetado por el Ejecutivo, no puedo decir parcial o totalmente, depende del texto que apruebe la Asamblea (...); comenzaron con 27 o 28 semanas, si ese proyecto de ley excede el mandato de la Corte Constitucional, será vetado por el Ejecutivo”.

Lasso reiteró en el programa gubernamental que respeta la decisión de la Corte Constitucional de despenalizar el aborto en casos de violación, aunque personalmente defiende la vida desde la concepción hasta la muerte natural –algo relacionado con los principios católicos y conservadores que profesa. Lo mismo dijo el presidente ecuatoriano cuando la Corte Constitucional presentó su decisión en abril de 2021.

Las críticas frente al posible veto presidencial han mencionado la falta de coherencia del presidente Lasso, a quien se lo acusa de querer vetar la ley por sus creencias personales y religiosas sin pensar en la realidad de las niñas, adolescentes y mujeres violentadas.

También María de Lourdes Alcívar, primera dama del Ecuador y esposa de Lasso, se ha pronunciado públicamente en contra del aborto en casos de violación. Además de los cuestionamientos que las activistas feministas han hecho a Alcívar, la periodista Isabela Ponce, del medio ecuatoriano GK, desmintió con datos y fundamentos científicos los argumentos que la primera dama ha utilizado para reprobar el proyecto del aborto por violación, demostrando la influencia religiosa y conservadora de la esposa de Lasso.

Para que Lasso vete total o parcialmente la ley, esta primero debe ser aprobada por los legisladores. En caso de que el presidente la vetara totalmente, no se puede tratar el proyecto durante un año.

Los argumentos del debate

Durante ocho horas, los legisladores ecuatorianos debatieron el proyecto de interrupción del embarazo en casos de violación. De los 137 asambleístas, 52 intervinieron en el debate: 17 presentaron argumentos a favor del proyecto y 29 hablaron en contra.

El debate que debía referirse a los términos establecidos en el proyecto sobre los plazos para el acceso a la interrupción del embarazo, la objeción de conciencia, etc. se diluyó en medio de argumentos imprecisos, descontextualizados e incluso falsos.

Vista general de la Asamblea Nacional de Ecuador, en una fotografía de archivo. EFE/José Jácome
Vista general de la Asamblea Nacional de Ecuador, en una fotografía de archivo. EFE/José Jácome

Una iniciativa de verificación de datos liderada por los medios ecuatorianos Indómita y Ecuador Chequea, respaldada por el Centro Ecuatoriano para la promoción y acción de la Mujer Guayaquil y difundida por nueve medios de comunicación, chequeó el discurso de los legisladores durante el debate. De las frases verificadas 9 fueron falsas, 6 verdaderas y 5 imprecisas.

En la sesión se escucharon argumentos como el de la asambleísta Nathalie Viteri, hermana de la alcaldesa de Guayaquil, que dijo que las mujeres para no quedar embarazadas deben usar métodos anticonceptivos. Viteri parecía ignorar que el debate se refería al aborto en casos de violación, donde las víctimas no consienten esa relación y donde no cabe señalar la responsabilidad sobre las víctimas. Viteri también dijo que a la mujer que acceda al aborto “le van a poner cloruro de sodio dentro de la madre para que ahí se muera antes de que nazca el bebé”. De acuerdo con los verificadores, lo dicho por Viteri es falso porque el cloruro de sodio es lo que comúnmente se conoce como sal.

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