La venganza más cruel de Daniel Ortega: expulsó de las universidades a los estudiantes que participaron de protestas y les borró sus notas

“No puedo ir al extranjero, llegar a una universidad y decir aquí vengo, el Estado violentó mis derechos y no tengo notas. Ninguna universidad acepta eso”, dice “María”, 20 años, una estudiante de Ciencias Políticas, expulsada de su universidad por su activismo en las protestas de 2018. Pide anonimato. “Por seguridad”, explica.

Las universidades públicas de Nicaragua expulsaron oficialmente a 144 estudiantes, como parte de la ola represiva que desató el régimen de Daniel Ortega contra quienes participaron en las protestas que pedían su renuncia a partir de abril de 2018. Todos ellos quedaron en un “limbo académico”. Después de más de tres años no pueden reingresar a sus universidades ni pueden aplicar a otras universidades de Nicaragua o el extranjero porque, junto con la expulsión, a la mayoría le borraron sus expedientes y se le niega el certificado de notas necesario para refundar sus carreras.

Las razones para sus expulsiones fueron diversas, pero una de las principales fue “terrorismo y destrucción de bienes públicos”.

“El plenario decidió expulsión de manera definitiva de la UNAN Managua a dichos bachilleres por haber sido participantes activos en tranques, uso de artefactos para la agresión física, permitir el ingreso a personas ajenas a la institución, comportamiento vandálico y destrucción de las diferentes facultades, laboratorio, quema del Centro de Desarrollo Infantil (CDI Arlen Siu), robo de equipos de oficina, destrucción y robo de vehículos de la UNAN Managua, así como el llamado a la desobediencia académica e incitar al odio y la violencia”, describió el secretario general de la UNAN Managua, Luis Alfredo Lobato, en una carta del 20 de agosto de 2018 en la cual confirma la expulsión de 82 estudiantes la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, sede Managua (UNAN Managua).

“Nunca pensé que interesarme en una manifestación me cambiaría la vida por completo; porque fue la inspiración de esas y esos estudiantes soñando un mundo mejor, lo que me llevó el 19 de abril a salir a protestar y arriesgar todo lo que tenía, incluso la vida, por la esperanza de construir un mejor futuro”, expone Yaritzha Juddyth Rostrán, estudiante del quinto año de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la UNAN Managua, apresada y expulsada de su carrera, en un testimonio recogido en el documento titulado “Banda contestaria”.

En la cárcel, donde fue torturada, es que se enteró de su expulsión. “Fue ahí donde recibí la noticia más dolorosa en toda esta lucha, me habían quitado toda posibilidad de recuperar mi vida, me expulsaron sin derecho a apelación ni manera de retirar mis calificaciones o trasladarme de universidad. El sueño que mantuve durante años de ser una profesional, ayudar a mi mamá y mis hermanas, me fue arrebatado en el momento más vulnerable de mi vida”.

Sin embargo, la cantidad de estudiantes universitarios en el limbo por razones políticas podría ser mucho mayor a los 144 expulsados oficialmente, que registra la Coordinadora Universitaria por la Democracia y la Justicia (CUDJ). “Después de las expulsiones oficiales hubo bastante auge mediático sobre el tema porque violenta el derecho a la educación según el pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales y representa no solo una violación a los derechos individuales sino también a los derechos colectivos. Las expulsiones oficiales no continuaron y se modificó la forma de operar”, explica “Rosario”, dirigente de CUDJ.

Las otras formas “de operar” fueron el acoso y amenaza de autoridades académicas, policías y paramilitares contra los estudiantes de la lista negra, e impedirles el ingreso a los recintos universitarios. Muchos abandonaron las universidades para protegerse y otros, aunque quisieron seguir en esas condiciones, se vieron imposibilitados. “Aunque a vos no te expulsan de manera oficial, ¿cómo le haces si no te dejan entrar a la universidad?”, se pregunta Rosario.

“En mi caso personal había asedio constante en el lugar, afuera de la universidad empezaron a haber policías y en algún momento hubo antimotines dentro de la universidad. Yo pude aguantar dos meses, porque se volvió insostenible. No era seguro. Había docentes que me hacían comentarios que podían ser amenazantes. Me asediaban en mi casa con los datos que yo había dado la universidad: números de teléfonos, familiares, dirección y fotos que solo tenía la universidad”, relata “María”.

No se sabe cuántos son los jóvenes a quienes “extraoficialmente” se les impide estudiar, pero se calcula que son varios centenares más. “No se puede cuantificar, pero tenemos muchos testimonios”, señala la dirigente estudiantil.

Sin embargo, oficialmente o extraoficialmente, todos los expulsados han quedado en el limbo académico.

“Para los estudiantes que están expulsados de facto todavía es más difícil porque no tienen una carta que demuestre que los expulsaron, ni tienen una resolución, pero tampoco te dejan estudiar. Es más difícil acceder a becas, a retomar estudios. Conozco el caso de un compañero estudiante de medicina que ni siquiera en las universidades privadas lo han querido admitir por ser un estudiante expulsado con un historial manchado, por así decirlo”, explica.

La expulsión masiva en Nicaragua de los universitarios se produjo después de la represión militar y paramilitar contra los estudiantes que se habían tomado algunas universidades en el contexto de las protestas de 2018.

“El caso más grave ocurrió en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua), de donde el 13 de julio de 2018 los estudiantes fueron desalojados a punta de balas, tras varias horas consecutivas de ataque con armas de largo alcance, como parte de lo que se llamó ´Operación Limpieza´ emprendida por el régimen y que también la implementó en diferentes ciudades del país donde los protestantes autoconvocados levantaron tranques para defenderse de la represión policial y parapolicial. El ataque a los estudiantes de la UNAN-Managua continuó hasta el amanecer del 14 de julio de 2018 al ser atacado el templo que les había servido de refugio, Iglesia Jesús de la Divina Misericordia y cercano al sitio donde habían levantado una barricada para protegerse”, describe un libro blanco titulado “Las evidencias de un Estado totalitario: Violaciones de los derechos humanos en universidades públicas de Nicaragua”, que sobre el tema elaboraron organizaciones estudiantiles.

Luego, en una segunda etapa, dice el documento, “las autoridades universitarias ejecutaron de forma arbitraria expulsiones de estudiantes y despidos de personal docente y administrativo, quienes fueron criminalizados sin darles la oportunidad siquiera de defenderse, previo habían sido sometidos a investigaciones secretas e incluidos en ´listas negras´ mediante procedimientos irregulares que podría conllevar actos de persecución y de chantaje”.

Junto a la expulsión masiva de estudiantes, también fueron despedidos 108 maestros y trabajadores universitarios “por asistir a manifestaciones y brindar atención médica inmediata a los heridos”, añade el documento.

“María” relata que a los estudiantes expulsados además les borraron los registros o les alteraron sus calificaciones académicas y les prohibieron ingresar a los recintos. “A algunos, a pesar de expulsarlos, les restablecieron las notas en el sitio web pero no les entregan sus certificaciones académicas y ni siquiera les permiten acercarse a los recintos”.

“Estudiar fuera del país es casi imposible sin el certificado, porque cómo explicar lo que pasó, que pasó con las notas. Es algo que no se entiende en otras realidades. Te piden notas apostilladas cuando lo único que algunos lograron fue tomar una captura de pantalla a sus calificaciones en el sitio web de la UNAN antes que se las borraran”, añade.

Elthon Rivera, tenía 24 años y estudiaba quinto año de Medicina en la UNAN Managua cuando lo expulsaron en 2018. Desde entonces ha tratado infructuosamente de terminar su carrera. Terminó el quinto año en una universidad privada que luego le dijo que no tenía cupo, lo que, dice, le parece sospechoso. Otra universidad lo acepta, pero en el tercer año de la carrera. “Eso es muy duro porque son tres años para atrás, cuando lo que me falta es solo un año para terminar la carrera”, lamenta.

“Volver a las universidades de las cuales fuimos expulsados está solo en las manos del gobierno”, dice Rivera. “La comunidad internacional parece comprender lo que nos pasa con el tema de la educación, pero no propicia las oportunidades de continuidad de estudios. Sé que hay jóvenes que han conseguido entradas en universidades fuera del país, pero son la minoría”.

Después de más de tres años “en el aire”, dice “María”, muchos jóvenes han buscado empleos en oficios ajenos a sus carreras, se subemplean o trabajan en lo suyo por salarios más bajos porque no tienen certificaciones universitarias. Otros han decidido comenzar desde cero una nueva carrera.

“Es desgastante, no solo física y emocionalmente, sino también económicamente, porque implica volver a pagar estudios, dedicar tiempo para recuperar esos estudios, y todo eso implica gastos. Y de esto no se habla mucho”, se queja “María”.

Hasta ahora ninguno de los estudiantes expulsados ha sido reintegrado, a pesar de las gestiones y que en algunos casos se estableció que la sanción era por un año.

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