La aventura Bitcoin de Nayib Bukele puede dejar a El Salvador al borde del default

El FMI no ha dado portazo aún, pero ya envió señales claras al gobierno Nayib Bukele de que el dinero necesario para pagar la deuda salvadoreña no llegará si el presidente y los suyos no hacen ajustes serios.

El Salvador tiene que pagar, en enero de 2023, USD 800 millones de deuda y afronta, este año, un déficit fiscal cercano a los USD 1.3 mil millones. Por ahora, sin la línea de vida del FMI, Bukele no tiene dinero para afrontar las obligaciones financieras del país y los gastos corrientes. La posibilidad del impago es más real que nunca, como ya lo advirtió Moody’s, la casa analista de riesgos a mediados de enero.

Los escenarios de impago ya eran significativos antes de que Bukele adoptara el Bitcoin como moneda de circulación legal en junio pasado, pero la criptomoneda ha agregado “riesgo a una perspectiva de crédito soberano que ya era débil”, según Moody’s.

El 25 de enero, el directorio del FMI publicó un comunicado con sus valoraciones de las consultas realizadas sobre el caso salvadoreño con base al artículo IV del convenio entre el Fondo y los países miembros, que faculta a la multilateral a revisar las cuentas y proyecciones financiarías de los últimos. Para el caso salvadoreño, el FMI advierte que el Bitcoin “implica graves riesgos para la integridad financiera y del mercado, (y para) la estabilidad financiera”.

Más allá de lo relativo a la circulación del Bitcoin, el tema en que el directorio es más incisivo, el Fondo remacha sobre la débil situación fiscal de El Salvador, cuya deuda alcanza ya el 84% del PIB según cifras del Banco Central de Reserva. Y es en esta parte, la fiscal, donde el FMI lanza la advertencia que puede provocar a Bukele, como ha sido el caso de la Argentina por ejemplo, el mayor dolor de cabeza político: los directores, dice el comunicado, “resaltaron la necesidad de implementar reformas fiscales estructurales”.

Durante las últimas dos semanas, Infobae conversó con tres analistas de riesgos que siguen de cerca el caso salvadoreño, uno desde una firma especializada en Wall Street y los otros dos desde San Salvador, con dos asistentes legislativos en el congreso de los Estados Unidos, con un funcionario del Departamento de Estado y con dos adscritos a la banca multilateral en Washington para aclarar qué significan las primeras conclusiones del FMI y cuáles son las perspectivas reales de un posible impago o default. Todos hablaron bajo condición de anonimato por no estar autorizados por sus instituciones para hacerlo en público.

Las principales conclusiones, tras esas pláticas, son tres: los caminos de pago sin los fondos del FMI pasan por escenarios políticos y financieros más complejos para el país, el gasto público actual es insostenible, y la apuesta por no pagar la deuda en enero de 2023 provocará, de todas formas, ajustes fiscales más violentos que terminarán llevando al país a un escenario de crisis que, por ahora, aún se puede evitar.

“En un escenario de no pago todas las fuentes de financiamiento se cierran y ya con todo agotado el déficit de caja lo obliga (a Bukele) a dejar de pagar gasto corriente, las compras, los salarios…”, advierte uno de los analistas de riesgo consultados.

La gran ironía del asunto, según este analista, es que si Bukele toma la decisión política de desentenderse de las exigencias previsibles que vendrán en el corto plazo en la negociación con el FMI, como un ajuste fiscal fuerte, un escenario de impago lo volverá a llevar a Washington a extender la mano al Fondo.

“Ahí están los ejemplos de Grecia y Argentina. Este tipo de escenarios de crisis al final se han arreglado con líneas de vida pactados con el FMI que han permitido a los países volver a flotar, pero ya estos acuerdos en medio del caos son mucho más duros”, estima el analista al hablar de duras medidas de austeridad que El Salvador, si esto sucede, no podría evitar.

Por ahora, además del Bitcoin, el gran problema es el déficit, según se desprende del comunicado de los directores del Fondo. Es, en este último tema, donde el lenguaje es más seco en un texto que, por lo demás, tiene buenas palabras para las medidas de contingencia que el gobierno salvadoreño tomó en el marco de la pandemia de covid-19 y el crecimiento económico reciente. No hay, por ahora, referencias a los cuestionamientos políticos que Bukele enfrenta por temas como la transparencia, el autoritarismo, la persecución política y la corrupción.

“No hay nada ahí (en el comunicado) sobre los temas de gobernabilidad democrática, lo que no significa que algunos de los socios, como Estados Unidos o la Unión Europea, vayan a ceder en estos temas. Hay mucha presión a El Salvador por esto”, advierte uno de los analistas.

La funcionaria del Departamento de Estado, cuyo portafolio de trabajo incluye el estudio permanente de las condiciones políticas de El Salvador, coincide con el analista de riesgo: “Esta administración (del presidente Joe Biden) no tomará esto a la ligera… todo lo que está pasando con (los cierres) de espacios de transparencia y muestras autoritarias son parte de esta negociación. Mal haría Bukele en no entenderlo”, advierte.

Como sea, por ahora el FMI parece haber guardado los asuntos políticos para futuras etapas de la negociación mientras sigue manteniendo el dedo en el renglón de los desbalances fiscales de El Salvador. Esto último lo han escuchado hasta el cansancio en Washington el ministro de Hacienda Alejandro Zelaya, principal negociador de Bukele, e Ibrajim Bukele, el hermano al que el presidente envió en octubre pasado a la sede del Fondo en la capital estadounidense.

En noviembre, Infobae tuvo acceso a dos análisis de casas evaluadoras de riesgo que, basados en las cifras oficiales del gobierno, concluían que las transferencias corrientes son el peso más abultado de las finanzas públicas y que eso se ha traducido, en el gobierno Bukele, en dos presupuestos “expansivos” que han complicado las negociaciones con el FMI.

Esto es lo que dicen los números oficiales: en 2021, El Salvador gastó cerca de USD 1.4 mil millones en transferencias corrientes, en las que se incluyen subsidios. Estos gastos, dice uno de los analistas, son la base de la política pública de Bukele, una que se enfoca en la popularidad del presidente y en medidas populistas orientadas a mantenerla. “Con estos regalos (subsidios) incluso alguien antipático es popular”, resume.

“La negociación con el FMI siempre va a incluir un ajuste fiscal y eso pasa por reducir el gasto público. No importa qué más haga, va a tener que reducir el gasto… pero esa no es la forma en que el gobierno de El Salvador ha funcionado con Bukele”, advierte otro de los analistas consultados.

Por ahora, el mal estado de las negociaciones con el Fondo, las advertencias sobre el Bitcoin y las mismas reacciones adversas de Bukele, su ministro de Hacienda y el presidente del Congreso a los pocos señalamientos públicos que ha hecho el FMI han puesto la atención de las calificadoras en el pago de USD 800 millones en enero próximo. “Es de lo que todo el mundo está pendiente, es el gran pago, pero también hay pagos de intereses a mediados de año”, advierte uno de los analistas.

Si Nayib Bukele desestima las negociaciones con el Fondo Monetario y llega a finales de año sin acuerdo se le cerrarán, además, otras fuentes de financiamiento multilateral, como las del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM), que ya adelantaron que esperaran al FMI para avalar nuevas líneas de crédito.

En el peor de los escenarios, sin no hay acuerdo antes del próximo enero, el gobierno salvadoreño podría “acudir a todas sus herramientas”, como lo explica uno de los analistas de riesgo, para evitar el impago inmediato. Eso pasa por decisiones complicadas para el gobierno, como renegociar la deuda con los acreedores internos, sobre todo las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), acudir a las reservas internacionales y picar hasta donde pueda otras líneas de crédito internacionales con países como Turquía y China, a los que Bukele no para de hacer guiños, el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), con quien el ministro Zelaya ya empezó a dialogar, o el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

Otra opción, que uno de los analistas califica de “nuclear”, es que El Salvador insista en vender deuda aun sin un arreglo con el FMI. “Ahorita ya el país está prestando a una tasa de 9%, lo que ya daña el récord crediticio… A punto de un default ese interés puede subir al 17%”, dice.

Esas fuentes alternas, de acuerdo con los análisis elaborados por los analistas consultados e informaciones públicas de algunas de ellas, podrían proveer incluso los USD 1.3 mil millones que El Salvador necesita para pagar parte de su deuda a enero próximo, pero no a cerrar todo el agujero fiscal, lo que, al final, igual obligaría al gobierno a hacer ajustes en el gasto corriente.

La negociación con el FMI, coinciden la mayoría de las fuentes consultadas, no está muerta, pero es ahora más difícil. Y la advertencia por el Bitcoin es, interpreta uno de los analistas, una forma de explorar las respuestas que el presidente está dispuesto a dar en las etapas que aún falta negociar con el Fondo, que a partir de ahora son las más complicadas.

Al comunicado de mediados de enero, que es la primera opinión pública del directorio del Fondo, sigue un documento oficial que recoge todas las opiniones, recomendaciones y preocupaciones de los directores. Según un funcionario estadounidenses consultado en Washington, hay un compromiso entre San Salvador y el FMI para que ese documento sea público.

Ahí, en el texto oficial final, habrá detalles de medidas más específicos de lo que el Fondo pedirá a El Salvador para reducir el gasto. “Eso es algo que el gobierno ya sabe y que el presidente Bukele ya tendría que estar evaluando”, aseguró uno de los funcionarios internacionales en Washington.

El Salvador puede opinar sobre el lenguaje de ese documento y pedir cambios de forma, pero, en esencia, dice una funcionaria multilateral, “ya no hay más cambios en la parte técnica”.

En estas discusiones previas sobre los temas técnicos es, dicen una analista y una funcionaria en Washington, donde el FMI va midiendo las reacciones de El Salvador a las condiciones y requisitos propuestos para avanzar. En ese escenario, asegura un analista de riesgo basado en San Salvador, las advertencias sobre el Bitcoin pueden entenderse como un primer examen. Si es así, la primera reacción de Nayib Bukele no fue la más afortunada.

“El FMI dejó abierta esta puerta del Bitcon, que no es relevante como los otros temas”, advierte uno de los analistas de riesgo.

El mismo 25 de enero, pocas horas después de que el directorio del FMI dio a conocer sus conclusiones iniciales, Bukele publicó un meme burlesco sobre la opinión del Fondo. Acto seguido, el presidente y sus seguidores, incluidos troles y funcionarios, arremetieron contra quienes, en El Salvador, opinaron sobre los peligros del Bitcoin. En el diario del gobierno, Bukele se ocupó de destacar los elogios del directorio al manejo de la pandemia y las condiciones económicas positivas.

Sí queda claro, en la comunicación del gobierno, que Bukele no piensa retroceder en el tema Bitcoin.

El documento final del directorio sobre las negociaciones en el marco del artículo IV será una especie de hoja de ruta para lo que sigue, que es, en esencia, la discusión entre los miembros del directorio, donde la negociación entra ya en su faceta política. Es aquí donde las malas relaciones entre Bukele y la administración Biden entrarán en juego.

“Empecemos por que en el Departamento del Hemisferio Occidental a Bukele ya no le creen ni el nombre… desde ahí ya está todo más complicado”, dice uno de los analistas de riesgo y coincide un asistente legislativo consultado en Washington sobre el capital político del salvadoreño en las multilaterales.

Washington tiene una de las voces más influyentes en el directorio del FMI. Ya el Departamento del Tesoro ha dado bastantes señales sobre su posición en los temas de ajuste fiscal y, en esto, es quizá el caso de la Argentina uno de los ejemplos más claros: en su negociación para reestructurar su deuda, a Buenos Aires le ha quedado claro que las medidas para reducir el gasto siempre estarán en la mesa. No es algo que Nayib Bukele pueda evitar.

“O se pone en orden o hace algo porque le vienen pagos serios. Puede hacer parches, pero sin reducción de gasto qué deuda es sostenible”, opina uno de los analistas de riesgo sobre la inevitabilidad del ajuste fiscal.

Ya en la arena política, los augurios no son prometedores. “En todos los niveles del gobierno en los que El Salvador y Nayib Bukele son un tema hay repulsión. Bukele lo hizo personal al irse contra Biden, contra congresistas, al mandar sus troles contra funcionarios estadounidenses…”, dice uno de los asistentes legislativos. “(Nicolás) Maduro y (Daniel) Ortega hablan del imperio, pero no personalizan”, asegura.

Al final, todos los caminos parecen llevar a Nayib Bukele al Fondo Monetario Internacional aunque él no lo quiera. En las etapas que vienen empezarán a preguntarle con menos amabilidad, dicen dos de los funcionarios en Washington, sobre sus planes para reducir gastos y sus compromisos en temas como la transparencia y la corrupción.

Uno de los analistas lo resume: “La realidad se le va a imponer al presidente”.

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