Xiomara Castro asume en Honduras con un quiebre prematuro en su coalición y el dilema de qué hacer con su antecesor, Juan Orlando Hernández

Xiomara Castro de Zelaya asume este jueves la presidencia de Honduras en medio de una crisis constitucional provocada por los primeros disidentes del movimiento político que la llevó al poder y por los dos partidos tradicionales del país, el Nacional y el Liberal, a los que derrotó en las urnas en noviembre pasado.

Durante los últimos días, Castro ha tenido que lidiar con la rebelión de 20 diputados de Libre, el partido político que fundó junto a su esposo, Manuel “Mel” Zelaya, el presidente depuesto por un golpe de Estado en 2009. Los rebeldes de Libre se unieron a 44 diputados del Partido Nacional y 18 del Liberal para desplazar de la presidencia del Congreso a Luis Redondo, un legislador leal a Castro, pero quien no es miembro de Libre, sino del partido Salvador de Honduras, el otro actor de la coalición que ganó la presidencia

Los disidentes de Libre han alegado que a ese partido corresponde la presidencia del Congreso. Sin embargo, como explica el historiador hondureño Jorge Amaya a Infobae, la alianza electoral de oposición que ganó las elecciones se había sellado el año pasado con un protocolo según el cual, de ganar, Libre manejaría las riendas del Ejecutivo y el partido Salvador de Honduras las del Legislativo.

Con el motín, la oposición a Castro eligió una junta directiva del Congreso, mientras los leales a la presidenta hacían lo propio con votos de diputados suplentes. Así, la presidenta llega a su día cero con dos congresos y el primer desafío al poder político que le dieron las urnas.

Más allá de la crisis del Congreso y de la lectura en mera clave del reparto doméstico del poder, la alianza entre disidentes de Libre y el Partido Nacional habla de otro asunto más grave: el futuro inmediato de Juan Orlando Hernández, conocido popularmente como JOH, el hombre al que Xiomara Castro desbancó del poder y sobre quien pesa la posibilidad de que una corte de Estados Unidos, la del distrito sur de Nueva York, solicité su extradición por delitos conexos al narcotráfico.

Analistas consultados por Infobae en Tegucigalpa ven en el motín de Libre un pacto con el Partido Nacional de Hernández encaminado a blindarlo de la extradición. Una vez Castro tome posesión, JOH perderá la protección política que la presidencia le brinda desde 2017, cuando la justicia estadounidense empezó a investigar a su hermano, Juan Antonio “Tony” Hernández, por narcotráfico.

Por ahora, JOH se refugiará en el Parlamento Centroamericano, como diputado, lo que le blindará de procesos judiciales en su país, pero, fuera de la presidencia, le resultará más difícil protegerse de una extradición.

La necesidad de blindaje, cree el historiador Guillermo Varela, se extiende también a otros funcionarios, políticos y empresarios que mamaron del gobierno hondureño y de su protección durante los tiempos de Juan Orlando Hernández.

“Este grupo tiene miedo de perder concesiones, de perder cierta impunidad de la que se rodearon luego de que expulsaron a la MACCIH (la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, un organismo supranacional de investigación criminal apoyado por la OEA a la que Hernández y sus operadores sacaron de Honduras cuando las investigaciones les rondaron muy cerca) y sobre tomo a ser perseguidos por la corrupción”, dice Varela.

La MACCIH, gracias a cuyo apoyo diputados y otros funcionarios tuvieron que responder por actos de corrupción, se fue de Honduras en enero de 2020, luego de varias maniobras políticas y administrativas de Hernández y sus operadores. Un fiscal hondureño que trabajó de cerca con MACCIH dijo a Infobae que, a finales de 2019, una investigación sobre uso ilegal de fondos públicos para campañas políticas involucraba al presidente y que había suficientes elementos para acusarlo penalmente en Honduras, algo que no ocurrió.

Como presidente, JOH siempre tuvo suficiente poder para desviar los golpes internos, incluso la extradición. Ya no lo tiene.

El espinoso asunto de JOH

Las dos preguntas más recurrentes en Honduras sobre el futuro de Hernández son si Estados Unidos pedirá su extradición y hasta dónde será capaz de maniobrar el otrora hombre fuerte de Honduras para evadir el destino de su hermano, preso en Estados Unidos.

Mientras estuvo en el pináculo del poder, JOH fue incluso desafiante a las voces que en Estados Unidos clamaban por su extradición. Dijo, siempre, que las acusaciones en su contra venían de narcotraficantes a los que él había extraditado a Estados Unidos. La realidad tiene otros matices.

La incursión de los Hernández al negocio internacional de la droga ocurrió entre finales de 2000 e inicios de la década pasada, cuando, desde su natal Lempira, una ciudad mediana ubicada en el occidente del país, ampliaron sus conexiones políticas para aliarse con capos locales. Una vez en el poder, los hermanos Juan Orlando y Tony empezaron a desplazar a sus socios para hacerse con un control más fuerte del negocio, según decenas de documentos judiciales y testimonios a los que Infobae ha accedido en varios lugares de Honduras.

En 2014 ya había caído el clan de Los Valle, una de las familias narco más poderosas del país, cuyo feudo se extendía por buena parte de la frontera del departamento hondureño de Copán con Guatemala, en el corazón de la autopista de la cocaína. A Los Valle, según testimonios de oficiales hondureños recogidos en Estados Unidos y Tegucigalpa, JOH no los quería extraditados, sino presos en Honduras o aniquilados para evitar, luego, testimonios incómodos.

Al final, Los Valle se entregaron a la DEA y solo porque el entonces jefe de la Policía Nacional, el general Ramón Sabillón, se embarcó en un operativo para capturar vivos a los capos y lo hizo sin avisar a su jefe, el presidente Hernández. “El general sabía que si avisaba los iban a matar”, dijo a Infobae un alto oficial de policía que participó en el operativo de captura en hace ocho años.

No consultar al presidente sobre Los Valle costó a Sabillón su puesto y un exilio de cinco años en Estados Unidos. El 2 de enero pasado, el general regresó a Honduras como miembro de un equipo asesor de Xiomara Castro en la transición de mando. Una fuente diplomática europea destacada en el país centroamericano dijo que en círculos privados hay conversaciones para que Sabillón sea el próximo ministro de Seguridad, lo cual no sería una buena noticia para JOH.

Un operativo similar, fraguado por la DEA, terminó en capturas y entregas de miembros de la banda Los Cachiros en 2015. Devis Leonel Rivera Maradiaga, uno de los líderes de la banda, también se entregó a Estados Unidos, donde sirvió como testigo en varios procesos por narcotráfico. Fue él quien ligó a JOH con otro poderoso narcotraficante, de nombre Giovanny Fuentes. Luego, Fuentes reveló que Hernández había sido su socio en un narco laboratorio en el norte de Honduras.

Fiscales estadounidenses fueron estrechando el cerco a JOH hasta nombrarlo, en varios documentos judiciales, como coconspirador y partícipe en la red de narcotráfico. En Tegucigalpa, dos oficiales militares dijeron a Infobae que habían declarado como testigos ante investigadores estadounidenses que preparaban ya una acusación a Hernández.

Por ahora, la presidenta electa Castro no ha sido tajante respecto a sus planes sobre Juan Orlando Hernández, y la primera crisis política que ha enfrentado parece recordarle que su antecesor no está, ni mucho menos, esperando de brazos cruzados lo que pueda venirle.

Ya el diputado Jorge Cálix, el disidente del partido de Castro que quiere ser el presidente del Congreso con el apoyo del partido de Hernández, adelantó que buscará crear una ley de extradición que restrinja la entrega de nacionales a otros países, para que los acusados de crímenes “sean juzgados en Honduras”. Un guiño a JOH sin duda.

Hasta hoy ha sido la congresista demócrata por California, Norma Torres, quien más claro ha hablado en Washington sobre el futuro de Hernández. Esta representante legislativa ya envió una carta al Departamento de Estado pidiendo que la Casa Blanca solicite, de inmediato, la extradición de JOH. “Recién escribí una carta… aconsejando acusar y extraditar de forma inmediata al expresidente Hernández para ser enjuiciado por cargos de tráfico de drogas”, escribió Torres en un editorial. Ignorar la petición expresa de una congresista, sobre todo de una del mismo partido, no es algo que la diplomacia estadounidense pueda hacer con facilidad.

Torres, una de las voces más influyentes en temas centroamericanos en Washington, advierte que Castro no podrá, sola, arreglar todo lo que está mal en Honduras.

“Ha sido un país capturado por el narcotráfico a todo nivel del gobierno. La presidenta es solo una persona y ella va a necesitar más apoyo, un congreso que realmente esté comprometido a apoyar su agenda, a un fiscal con las mismas prioridades, con alcaldes que realmente quieran un cambio. Si esto pasa nosotros vamos a caminar mano a mano con ella”, dijo Torres durante una entrevista con Infobae en su despacho en Washington.

El mapa geopolítico

Los escenarios externos con los que Xiomara Castro se enfrentará al asumir el jueves pueden, por ahora, ser menos tormentosos que el mapa doméstico.

A la toma de posesión llegará Kamala Harris, vicepresidenta de Estados Unidos. Que sea la número dos de la Casa Blanca quien llega a Tegucigalpa es una muestra importante de que Washington apostará por alianzas con la hondureña en una región en la que otras opciones no parecen potables: los coqueteos con capitales rusos del presidente Alejandro Giammattei, en Guatemala, y el constante enfrentamiento del salvadoreño Nayib Bukele con la administración Biden han dejado mucho campo abierto a Castro.

Geoff Thale, ex presidente de la no gubernamental Oficina de Washington para América Latina (WOLA en inglés), cree que la elección de Castro es una oportunidad de establecer una relación con un gobierno que, al menos en principio, está comprometido a luchar contra la corrupción, algo que la administración Biden ha dicho que es una prioridad. “Estados Unidos está enviando una señal de la importancia que le da al tema de la corrupción y de su disposición a trabajar con un gobierno de izquierdas”, dice.

Que Harris asista a la juramentación, cree Thale, es un mensaje en sí mismo también por lo que dice sobre el interés de Estados Unidos en temas como la influencia de China en la región. “También es importante -la presencia de Harris- porque la administración Biden está preocupada por el rol chino en la región, como socio comercial y como potencial inversionista en infraestructura estratégica, como puertos. Estados Unidos quiere mantener buenas relaciones con el gobierno (de Castro) para limitar o contrarrestar la influencia de Pekín”, dice el expresidente de WOLA.

Aun así, Castro no dejó de levantar cejas en Estados Unidos, sobre todo en círculos republicanos conservadores que la siguen etiquetando como muy cercana a la Venezuela de Maduro. Pero eso, en realidad, fue asunto de su esposo, Mel Zelaya, quien durante su presidencia tuvo como principal aliado geopolítico a la Caracas de Hugo Chávez. Hoy Castro, a pesar de mantener las formas con Venezuela y otros integrantes del caduco bloque Alba, también se ha preocupado de mandar señales a Washington.

Ricardo Valencia, profesor asistente en la universidad California Fullerton, cree que lo de Alba ya no es tan atractivo para nadie como lo era en 2009, cuando Mel Zelaya gobernaba. “El balance geopolítico en el hemisferio no se inclina para que Castro se convierta en lugarteniente de Venezuela”, opina este catedrático.

La lista de invitados a la toma de posesión es, en todo caso, amplia y bastante diversa. Viejos aliados de Chávez, como la vicepresidenta argentina Cristina Fernández y el expresidente boliviano Evo Morales están en la nómina. También está convocado el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador y Gabriel Boric, el recién electo presidente de Chile y nuevo rostro de la izquierda latinoamericana, así como el rey Felipe de España.

La visita más comentada, no obstante, es la de Harris y lo que esta puede significar para la presidencia de Castro.

La última vez que un vicepresidente estadounidense llegó a Centroamérica como testigo de una ascensión política fue en enero de 2016, cuando Joe Biden, entonces segundo de Barack Obama, asistió a la toma de posesión de Jimmy Morales, el comediante guatemalteco que había ganado la presidencial el año anterior.

Washington, en las postrimerías de la era Obama, creyó que Morales era un buen aliado; al final, sin embargo, fue ese presidente el que inició el desmantelamiento de los avances que el país había logrado en investigaciones anticorrupción. Fue Morales quien expulsó a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, la CICIG, un mecanismo supranacional de investigación criminal que investigó, entre muchos otros casos, la corrupción del entonces mandatario guatemalteco.

Si es cierto que del pasado la historia extrae lecciones, la de Morales puede ser significativa para Xiomara Castro: el inicio auspicioso y la bendición de Washington no necesariamente son augurios de éxito. Morales, como hoy Juan Orlando Hernández, terminó su presidencia cercado por múltiples acusaciones de corrupción y con la etiqueta de ser el que devolvió instituciones clave de Guatemala a las mafias políticas. Como Hernández ahora, a Morales no le quedó más remedio que refugiarse en el Parlamento Centroamericano para evitar la cárcel.

Si lo que ha pregonado la administración Biden sobre su relación con Centroamérica es cierto, y la lucha contra la corrupción es uno de los pilares de la relación bilateral, lo que al final haga el gobierno de Xiomara Castro en el tema JOH será relevante.

Por ahora, la presidenta electa ha dicho que volverá a negociar apoyos internacionales para investigar y procesar corruptos y que está dispuesta a devolver a Honduras organismos como la MACCIH o la CICIG. Si eso es así, la tensión con las mafias tradicionales no dejará de crecer: “este grupo tiene temor a ser perseguido si se instala una comisión internacional, que es algo que prometió la presidenta en su campaña”, opina el historiador Guillermo Varela.

Varela cree, incluso, que los grupos mafiosos que temen la llegada de Castro al poder podrían estar tentados a considerar acciones armadas para protegerse, aunque considera que es un escenario aún remoto. El apoyo de Washington, dice, es muy importante para evitar estos exabruptos.

Las acciones de los disidentes del partido de Castro y sus aliados del Partido Nacional de Hernández son, opina Varela, el primer paso para intentar más medidas de desestabilización luego de la juramentación de la presidenta.

En todo este mapa, el asunto de la posible extradición de Hernández resulta esencial: si el expresidente termina preso en Estados Unidos, el destino de otros actores menores aliados a las empresas ilegítimas del grupo que deja el poder puede ser peor.

La sombra de Juan Orlando Hernández será, por ello, una de las que más se posará sobre los actos oficiales del jueves en que una mujer jurará, por primera vez, como presidenta de Honduras.

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