La militarización desde hace más de tres meses del sur de Chile, un zona donde existe un violento conflicto territorial recrudecido en los últimos tiempos, ha protagonizado el primer desencuentro entre los equipos del presidente saliente, Sebastián Piñera, y el entrante, Gabriel Boric.
El origen de la polémica, que aún resuena este martes, se remonta al domingo, cuando la futura ministra del Interior, Izkia Siches, aseguró en una televisión local que la medida “no ha logrado el objetivo de reducir la violencia” y que “hay civiles no mapuches a los que pareciera que les beneficia este conflicto”.
Por la noche, Boric apoyó a su ministra, confirmando que retirará a los cerca de 2.000 militares desplegados desde octubre pasado en cuanto llegua al poder el próximo 11 de marzo y prometiendo nuevas medidas, entre ellas la posible instalación de una mesa de diálogo.
“Un estado de excepción no se puede normalizar”, indicó el ex líder estudiantil durante su primera entrevista televisada en CNN Chile, una postura aplaudida por los pueblos indígenas.
La directora de Espacio Público, Verónica Figueroa, indicó a la agencia EFE que “desde el retorno a la democracia, ha habido muy pocos cambios en materia de políticas indígenas y ha habido muchas promesas incumplidas”, por eso las propuestas de Boric generan “expectación”.
La Araucanía y otras regiones del sur de Chile han experimentado en el último tiempo una ola de violencia, con la mayoría de esos episodios enmarcados en el conflicto mapuche, que enfrenta al Estado chileno y al principal grupo indígena del país por las tierras que estos últimos habitaron durante siglos y que ahora pertenecen en su mayoría a grandes empresas agrícolas y forestales.
Los ataques incendiarios a maquinaria y predios se producen casi de manera diaria en el marco de un conflicto que le ha costado la vida tanto a comuneros mapuches como a policías.
Piñera decretó el 12 de octubre el estado de excepción en cuatro provincias de la zona (Arauco, Biobío, Malleco y Cautín), una medida que el Parlamento ha ido prorrogando desde entonces y que estará vigente hasta que el 9 de febrero se someta a una nueva votación.
Las declaraciones de Siches provocaron una ristra de reacciones tanto en el Gobierno como en los partidos de derecha que integran la coalición oficialista. Incluso fueron respondidas por Piñera, quien aseguró el lunes que los hechos de violencia se han reducido hasta en un 40% desde que se militarizó la zona. “Es importante informarse bien”, le espetó en un acto oficial Piñera a Siches, la primera mujer que ocupará la poderosa cartera encargada del orden público.
La jefa de la carrera de Ciencias Políticas de la Universidad de Chile, Claudia Heiss, señaló a EFE que la militarización efectivamente ha contribuido a bajar el número de incidentes, “pero no su violencia ni su intensidad”. Una prueba de ello, apuntó, son los asesinatos el pasado 18 de enero, con escasas horas de diferencia, de dos hombres que recibieron disparos realizados por desconocidos en las comunas de Cañete y Collipulli.
“Si no tienen una fuerza armada militarizada que los está combatiendo, es mucho más difícil para los grupos radicales justificar el nivel de violencia que estamos viendo hoy en día”, añadió.
En ese sentido, la salida de los militares y el cambio de criterio del próximo Gobierno podrían “descomprimir el conflicto” y “abrir cierto espacio para el diálogo” entre la gran cantidad de actores involucrados, señaló a EFE Jeanne Simon, de la Universidad de Concepción.
“El uso de la fuerza represiva del Estado no es la mejor estrategia, se requiere justamente una mesa de diálogo, un mayor reconocimiento y conocimiento de los pueblos indígenas”, abogó.
Para Claudio Alvarado, director del Instituto de Estudios de la Sociedad (IES), “debería primar una visión de Estado, más allá de la contingencia política”, pero alertó a EFE que “no hay diálogo posible sin el restablecimiento de la paz y el orden público”. “El Gobierno entrante, más temprano que tarde, tendrá que asumir esa realidad”, concluyó.
(Con información de EFE)
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