Espionaje a periodistas en El Salvador: “Llega un momento en que los regímenes autoritarios dejan de fingir”

Nelson Rauda es periodista en El Faro, uno de los medios independientes de El Salvador que han sido objeto del acoso constante del presidente Nayib Bukele y sus funcionarios. Bukele ha seguido un patrón de ataques a la prensa desde que empezó su presidencia: primero fueron acusaciones espurias, directas del presidente o a través de medios de noticias falsas que son parte de su aparato de propaganda; luego fue acoso fiscal del Ministerio de Hacienda. Después los seguimientos, la vigilancia física. Y, por último, el espionaje telefónico.

El 12 de enero pasado, un consorcio internacional de medios reportó que los teléfonos de 22 periodistas de El Faro y una decena más que trabajan con otros periódicos y revistas fueron infectados con un software de espionaje electrónico.

Auditorías forenses realizadas por tres organizaciones especializadas en este tipo de vigilancia digital determinaron que los periodistas estuvieron intervenidos un año y medio con un software que solo pueden adquirir gobiernos y que el espionaje se realizó desde El Salvador. El espionaje coincide con periodos en que los periodistas prepararon y publicaron investigaciones que dejaron mal parado a Bukele, como la que reveló su pacto con las pandillas MS13 y Barrio 18 o las que desvelaron actos de corrupción durante la pandemia de Covid-19.

Todo esto ha llevado a El Faro a concluir que el gobierno de Nayib Bukele es el principal sospechoso de espiarlos. Infobae conversó con Rauda, una de las víctimas del espionaje, sobre el acoso al que los ha sometido Bukele. No le extrañará, dice, que pronto haya periodistas judicializados en su país.

- ¿Cuáles fueron las primeras señales de que los vigilaban?

- Lo de los teléfonos es lo más reciente. Siempre sospechamos de intervención telefónica, no solo de este gobierno, por los reportajes que hemos hecho, por como funciona la OIE (Organismo de Inteligencia del Estado). En el caso de este gobierno para mí una de las señales de alarma importante fue en 2020 antes de la primera publicación sobre la negociación con las tres pandillas. Antes de eso, una fuente me advirtió que tenían fotos de uno de los editores del periódico al que habían seguido. Eso fue una primera señal de alarma. Luego otros colegas nos contaron que sus fuentes les habían mostrado conversaciones que ellos habían tenido entre sí. Todos estos son indicios. Todo junto parece algo, pero no es suficiente para decir que estábamos intervenidos.

- ¿Luego llegan los indicios de que sus teléfonos están intervenidos?

- Luego, Julia Gavarrete (reportera de El Faro) tiene indicios bastante claros de que su teléfono está intervenido y lo corrobora con una de las organizaciones (que ayudó a El Faro a realizar la auditoría forense de los celulares infectados con software de espionaje). De ahí se desencadena un proceso que se llevó con mucho sigilo por la misma situación. Llegamos a un punto de diciembre en que yo entregué mi teléfono y se los llevaron todos para hacerle una auditoría forense; el proceso consiste en que yo saqué de mi teléfono un archivo y luego lo entregué desbloqueado, le hicieron pruebas y se quedaron analizándolo. El informe técnico es la base de las publicaciones que se hicieron la semana pasada.

- En esa publicación no hay una prueba directa de incriminación al gobierno de Nayib Bukele que salga de esas auditorías forenses. La secretaria de comunicaciones de Bukele ha dicho que el gobierno no tiene el software de espionaje. Carlos Dada, el director de El Faro, dice que sospechan de el gobierno de El Salvador. ¿Cuál es el papel del gobierno de Nayib Bukele en este espionaje?

- No es solo que ese software solo se le vende a gobiernos. En el análisis sí se determinó que las intervenciones se dirigieron desde El Salvador, no es que se hayan dirigido desde México o Estados Unidos. Quienes hicieron los análisis logran determinar que hay un operador, al que ellos llaman Torogoz, que es quien hace las intervenciones desde El Salvador. Es decir, la empresa solo le vende a gobiernos y la intervención se hizo desde El Salvador: sospechamos de un gobierno que opera en El Salvador. ¿Puede haber otro gobierno que opere en El Salvador? Sí, pero sería zurcir un montón… No está en duda que los teléfonos de 22 de nosotros, en un periódico en que somos unos 30, están intervenidos. ¿Cuánto podrá interesarle al gobierno de Angola intervenirnos a nosotros? ¿A Reino Unido? ¿A Etiopía? ¿A quién podrá interesarle tanto intervenirnos con tanta obsesión? Yo no estuve en Catedral (la investigación que reveló el pacto del gobierno Bukele con las pandillas MS13, Barrio 18 Sureños y Barrio 18 Revolucionarios), no estuve en las grandes investigaciones de corrupción del año pasado, pero en mi teléfono estuvieron dos meses. En el de Carlos Martínez (uno de los periodistas que participó en la investigación sobre las pandillas) estuvieron más de 260 días. Sería muy raro que alguien más tuviera tantísimo interés en saber lo que hacemos nosotros.

- Veamos la línea del tiempo. En el reportaje dicen que detectan vigilancia telefónica desde el 21 de junio de 2020 y dura al menos hasta el 23 de noviembre de 2021. Casi un año medio. En septiembre de 2020, cuando ya han publicado lo de las pandillas, el presidente Bukele anuncia que investiga a El Faro por lavado de dinero. ¿Lo entienden como un patrón de persecución?

- Sí. Es parte del ataque sistemático a los periódicos, El Faro no es el único, hay periodistas de varios medios intervenidos. Es bastante claro, en el caso de El Faro, que hay coincidencias en la línea del tiempo: en junio intervienen los teléfonos y en julio empiezan los ataques de La Página (un sitio de noticias falsas manejado por funcionarios del gobierno). En los ataques hacían referencia a relaciones personales de gente del equipo. Hubo un monitoreo muy intenso de nuestras reacciones o de cómo podríamos estarnos comunicando. No podés desligar que en los mismos periodos en que se dan los ataques contra El Faro se dio y se intensificó la vigilancia digital. Parecería que estarían los actores detrás de ambos esfuerzos coordinados.

- ¿Cómo lees en esto el silencio del gobierno? Para un gobierno y un presidente que reaccionan con vídeos, con sus funcionarios ante señalamientos, pero en este caso solo ha respondido con un comunicado de Sofía Medina, la secretaria de comunicacione.

- Ella le ha respondido puntualmente a algunos medios. Le respondió al New York Times y mandó la misma respuesta a otros medios…

- El presidente no ha dicho nada…

- Ellos tienen un aparato de comunicación muy sofisticado y son muy listos en la forma en que comunican. Esa es la mayor de sus virtudes. Creo que en el análisis que hacen detectan en qué temas deben de pronunciarse con fuerza y detectan en cuáles no. Cuando son publicaciones incontestables guardan silencio. Cuando no tienen para donde hacerse guardan silencio. Hay un patrón: cuando ven temas que no saben como contestar deciden ignorarlo, y como controlan la narrativa y la agenda, eso influye en que puedan sacar un tema de la conversación.

- Más difícil cuando no solo es uno o varios medios salvadoreños, sino que también son el New York Times, El País, el Washington Post, el Wall Street Journal, que también han reportado sobre el espionaje. Se les complica más, ¿no?

- Por eso tuvo que contestar Sofía Medina, porque tampoco a estos grandes outlets suelen contestarles.

- Vos sos miembro de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), que va a poner avisos a la Fiscalía General por los casos de espionaje. El Faro también acudió a la Corte Suprema a solicitar un amparo por la investigación de lavado que anunció el presidente. ¿Siguen teniendo fe en este sistema de justicia que, a todas luces, controla Bukele?

- Hay una diferencia, porque cuando El Faro se amparó ante la sala (de lo Constitucional) era la corte anterior; había todavía algún margen de maniobra y de hecho esa sala termina fallando a favor de El Faro. Hoy no creemos que esto vaya a prosperar, al menos yo personalmente. En la APES no estamos haciendo esto pensando que el fiscal va a investigar; es un requisito: si terminamos querellándonos en una instancia internacional vamos a poder decir que pusimos aviso en las instancias nacionales y no ha pasado nada. Si algo pasa, enhorabuena. Pero está bastante claro: Rodolfo Delgado (el fiscal general leal a Bukele) ha dicho en entrevistas que es abogado del Estado, dando a entender que tiene que estar del lado de quienes lo pusieron ahí. No creo, personalmente, que nada vaya a ocurrir con nuestras denuncias.

- Las reacciones de varios de los colegas que han sido espiados van de la indignación a la frustración, pero también detecto mucho temor. El presidente Bukele empieza él con ataques personales, pero no se queda ahí: hay intentos de acciones penales, espionaje… ¿A dónde para? Parece que la posibilidad de que veamos un periodista preso en El Salvador o atentados a la vida de alguien no es ficción ya.

- Para nada. Creo que este año vamos a ver al menos intentos de judicialización de periodistas, y no sé hasta dónde va a llegar. Carlos Dada (el director de El Faro) habla de un exilio silencioso. Ya tenemos conocimiento de que eso está ocurriendo con periodistas; hay gente que ya está optando por irse. Yo sí tengo temor de que esto vaya a terminar en la judicialización de alguien. No sabemos dónde haya límites. En todos los regímenes autoritarios llega un momento en que dejan de fingir y ahora mismo este gobierno aún está tratando de fingir, incluso en un tono burlesco: si esto no fuera una democracia ya hubiera fusilado a los jueces, dijo (Bukele) en 2020. No le veo fin a esto, solo va a escalar, como ha pasado desde 2019. No tengo duda que en 2022 va a haber más agresiones a periodistas que las contabilizadas en 2021. No hay ninguna señal de que se vaya a producir una desescalada, sino todo lo contrario.

- Todo esto ocurre en el contexto de la negación que el oficialismo, encabezado por el presidente, pretende hacer de la firma de los Acuerdos de Paz. Vos no viviste todo aquello del 92 plenamente, pero sí has recogido toda esa historia. Algunos piensan que volvemos al final de los 70, cuando se cerraban los espacios políticos, no había libertad de expresión. ¿Estamos llegando a un país más parecido a Nicaragua?

- Yo no soy hijo de la guerra, tengo 30 años, pero todos nuestros padres tienen historias de la guerra. Mis papás tenían lista una ambulancia para salir porque mi hermana estaba embarazada al final del 89 (cuando fue la ofensiva guerrillera sobre San Salvador). No vivimos la guerra, pero yo no sé lo que es esconder un libro. Mi generación ahora se está apropiando de los Acuerdos de Paz, precisamente por la orden (oficial) de olvidarlos. Con esto del espionaje yo pienso en el libro amarillo (como se llama a la lista negra de los escuadrones de la muerte de la ultraderecha antes y durante la guerra); como no sabemos qué están haciendo con toda la información que tienen sobre nosotros… quién nos dice que no tienen un libro amarillo o un Excel amarillo de todos nosotros. Eso es lo que están haciendo: hay seguimientos, están recopilando información de gente a la que consideran opositores, ¿para qué? En aquel momento era para perseguirlos, intimidarlos, desaparecerlos. Quisiera decirte que veo que van a frenar los avances autoritarios o las ocurrencias autocráticas del presidente, pero no lo veo. Hay algo que dicen mis compañeros en El Faro: el presidente Bukele no configuró una autocracia para no usarla; no se llenó de poder para tenerlo de adorno: lo seguirá usando; no veo que esto se frene.

SEGUIR LEYENDO: