El congreso ecuatoriano se prepara para debatir el proyecto de ley orgánica para regular la interrupción de los embarazos de niñas, adolescentes y mujeres como producto de una violación sexual. El proyecto, cuya elaboración fue ordenada por la Corte Constitucional, ha desatado un gran debate y hasta la primera dama de Ecuador, María de Lourdes Alcívar, ha hecho pública su posición contraria a que una mujer o niña que ha sido violada pueda acceder a un aborto.
Inicialmente, los legisladores que trabajaron el proyecto definieron que el embarazo podrá finalizarse anticipadamente en Ecuador hasta la semana 28 en los casos de violación para mujeres mayores de 18 años y sin restricciones temporales para niñas, adolescentes y mujeres con discapacidad. No obstante, el cuerpo legal que será debatido y votado en el pleno del Legislativo modificó los plazos. Ahora, los lesgiladores proponen que en el caso de niñas y adolescentes menores de 18 años víctimas de violación, la interrupción voluntaria del embarazo se podrá realizar hasta las 22 semanas de gestación. Si la mujer es mayor de 18 años y ha sido víctima de violación, la interrupción voluntaria del embarazo se podrá realizar hasta las 20 semanas.
El presidente Guillermo Lasso, que responde a una posición personal católica y conservadora, ha dicho que respeta el fallo de la Corte Constitucional. Sin embargo, en una entrevista con Ecuavisa, dijo que vetará el proyecto porque los plazos no respetarían lo establecido por la Corte: “Este es un fallo que yo respeto, más allá de no coincidir, pero lo respeto porque es mi obligación. Pero ¿qué está sucediendo ahora?, que están aprovechando esa ventana para ir más allá de lo que estableció la Corte Constitucional, y téngalo por seguro que ya no solo en el campo personal sino ahora como presidente de la República, mi obligación será vetar esa ley a efectos de que no vaya más allá del fallo constitucional que se resolvió en abril de 2021″, dijo el mandatario.
El proyecto de ley que ahora está en debate responde a una orden contenida en una sentencia emitida por la Corte Constitucional de Ecuador en abril de 2021. El objeto de esta iniciativa legal es proteger y controlar los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes a interrumpir legal y voluntariamente su embarazo si es producto de una violación garantizando su dignidad, independencia y ejercicio de los derechos fundamentales y humanos reconocidos en los instrumentos internacionales.
Quienes se oponen a la ley que regule el acceso a la interrupción del embarazo de una víctima de violación dicen que este proyecto se opone a la Constitución del Ecuador que establece que se protegerá la vida desde la concepción. Sin embargo, el fallo de la Corte indica que ese principio “no puede ser interpretado de forma aislada o absoluta, sino que debe ser entendido sistemáticamente con otros derechos y principios”.
La votación legislativa del texto aprobado podría suceder entre el 20 y el 25 de enero.
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