Crisis en Nicaragua: para la oposición y los exiliados, “el país es una gran cárcel de la que sus hijas e hijos no pueden salir sin permiso”

Un grupo de 24 organizaciones de la oposición, diáspora y de exiliados nicaragüenses emplazó este lunes al Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para que actúe frente al “rechazo” del presidente Daniel Ortega por los derechos humanos y del sistema democrático interamericano.

“Emplazamos al Consejo Permanente de la OEA para que, de una vez por todas reconozca, denuncie y actúe ante el rechazo de Ortega-Murillo a todos los intentos de la OEA en pro de la protección de los derechos humanos y del sistema democrático”, indicaron los demandantes, entre los que se encuentran la Asociación de Familiares de Presos Políticos (AFPP) y Nicaragüenses en el Mundo (NEEM).

Según los opositores, pese a que el organismo declaró “ilegítimo” el proceso que dio a Ortega su tercera reelección consecutiva para un quinto periodo presidencial, y cuarto consecutivo, el secretario general del ente, Luis Almagro, “guarda silencio sobre sus gestiones para obtener anuencia de la dictadura a la visita de una misión de alto nivel” a Nicaragua.

Almagro tenía hasta el 31 de diciembre pasado para informar al Consejo Permanente de la OEA sobre sus gestiones, pero hasta ahora el caso de Nicaragua, que incluye una posible aplicación de la Carta Democrática Interamericana, continúa estancado.

“Basta de declaraciones y exhortaciones. Basta de gestiones inútiles. Basta, señores embajadores, de contemporizar con esta dinastía familiar y con un binomio ilegítimo señalado por crímenes de lesa humanidad. Los Estados suscriptores tienen el imperativo ético de actuar urgentemente conforme el artículo 21 y los principios consagrados en la Carta de la OEA y la Carta Democrática Interamericana”, resaltó la Unión de Presas y Presos Políticos de Nicaragua y el resto de organizaciones.

En la carta a la OEA, demandantes como Acción Penal y el Consejo Nacional en Defensa de la Tierra, Lago y Soberanía (campesinos), afirmaron que la ciudadanía “continúa impedida por la fuerza de reunirse pacíficamente. La prensa independiente ya solo existe fuera de Nicaragua. El país todo es una gran cárcel, de la que sus hijas e hijos no pueden salir sin permiso y a la que no pueden regresar con mínimas garantías los que se vieron obligados al exilio”.

“La dictadura continúa reprimiendo a la ciudadanía con ferocidad evidente. Las personas encarceladas sin juicio y recluidas en condiciones inhumanas siguen presas, con grave deterioro de la salud en varios casos, mientras el dictador se burla y reitera en declaraciones públicas sus amenazas contra ellas”, señalaron la Organización de Víctimas de Abril (OVA), el Comité Pro-Liberación de Presos Políticos y la Coordinadora Civil, entre otras.

Los demandantes, entre ellos la Alcaldía de Wiwilí, y el Consejo de Ancianos Municipal Moskitia (indígena), insistieron en que “hoy Nicaragua no tiene Gobierno. No hay Poder Ejecutivo ni Poder Legislativo, porque sus personeros son producto de elecciones ilegítimas. Así las calificó la OEA y así también las considera el pueblo de Nicaragua, que en más del 80 por ciento se negó a participar en el fraude electoral del 7 de noviembre”.

La carta fue suscrita por diez organizaciones de nicaragüenses en el exilio y la diáspora, así como por movimientos gremiales, feministas, juveniles, municipales y civiles, dentro del país.

Desde 2018 Nicaragua vive una profunda crisis sociopolítica, que ha dejado cientos de muertos, y que mantiene distanciado a Ortega de diversos sectores de la población.

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