Quién es el “Blue”, el jefe pandillero de la MS13 al que Nayib Bukele se empeña en proteger

Nayeli Guzmán no había cumplido los 14 años cuando su familia la vio por última vez. A final de mayo de 2018, la adolescente se fue de su casa en Houston. Su cadáver apareció tres meses después en unos descampados al final de la calle Fuqua, en el sureste de la ciudad tejana. La policía atribuyó el crimen a la MS13, la pandilla centroamericana con viejas raíces en los Estados Unidos.

A Nayeli la asesinó Anderson Ernesto Mejía Ventura, un pandillero que entonces tenía 17 años. La estranguló y luego la desmembró a machetazos, según la sentencia emitida por una corte de Texas que condenó a Mejía a 40 años por este asesinato y el de otro hombre.

Pero, de acuerdo con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, hay otro responsable del asesinato macabro de Nayeli Guzmán, un líder de la MS13 que responde al nombre de Eliú Melgar Díaz, de alias Blue, que guarda prisión en El Salvador desde 2018 y cuya extradición la justicia estadounidense ha solicitado a El Salvador para que responda, en una corte distrital de Virginia, por la muerte de la niña y otros dos asesinatos, los tres perpetrados en estados de la Unión Americana entre 2016 y 2018.

Melgar Díaz no participó en los asesinatos como autor material, según las investigaciones de policías locales estadounidenses, pero fue él quien autorizó las muertes, como parte del código de conducta que rige en la MS13. Ese código establece que es un líder de la pandilla el que debe de autorizar los asesinatos y, en el caso de Nayeli, fue el mando local de la MS13 en Houston quien pidió permiso de matarla porque, según se establece en documentos judiciales a los que Infobae ha tenido acceso, sospechaba que ella estaba colaborando con la policía. “Blue” dio “luz verde”, como se llama en jerga pandillera, a avalar asesinatos.

El 5 de mayo de 2020, Zachary Terwilliger, fiscal distrital en el circuito del este de Virginia (EDVA en inglés), y tres de sus fiscales colaboradores, acusaron a Melgar Díaz por los asesinatos y por otros siete cargos penales relacionados con delitos de narcotráfico, asociaciones ilícitas, tráfico de armas, crímenes financieros y de actos de terrorismo. Los fiscales también pidieron iniciar el trámite de extradición de “Blue” de El Salvador a Estados Unidos.

Melgar Díaz llegó a Virginia en 2003 con su familia. Fue deportado 10 años después, en 2013, pero ese mismo año regresó a Estados Unidos. Lo volvieron a deportar en 2016 a El Salvador, donde desde entonces ha participado en las actividades criminales de la MS13 en el país centroamericano.

Las acusaciones contra Melgar Díaz en Estados Unidos son parte de una ofensiva legal que el gobierno de ese país inició contra la MS13 durante la presidencia de Donald Trump y que ha continuado bajo los auspicios del Departamento de Justicia de Joe Biden. A la acusación penal contra “Blue” en el distrito este de Virginia en 2020 siguió, en enero de 2021, otra contra 14 miembros de la llamada “ranfla nacional”, una especie de junta directiva de la MS13 en El Salvador; esta acusación, hecha ante la corte del distrito sur de Nueva York (SDNY en inglés), incluye a 14 pandilleros, cuyas extradiciones también han sido requeridas por Estados Unidos.

Durante 2020, como ha publicado Infobae, el SDNY, el EDVA y una fuerza de tarea estadounidense formada por agentes del Departamento de Justicia y el Departamento de Estado, denominada Vulcan, empezaron a colaborar con autoridades salvadoreñas para fortalecer los casos judiciales y apurar los procesos de extradición.

Todo avanzaba bien hasta que Nayib Bukele y su gobierno metieron mano para, entre otras cosas, proteger un pacto de gobernabilidad que el presidente y sus colaboradores hicieron con la MS13 desde que llegaron al poder, según han reportado varias investigaciones periodísticas y han confirmado fiscales salvadoreños y autoridades estadounidenses.

“Corredor” en la costa este de Estados Unidos

Melgar Díaz, el “Blue”, es un “corredor de programa” y bajo su mando estaban, entre 2016 y 2018, 21 clicas de la MS13. Las clicas son las unidades mínimas de organización de la pandilla; son células que pueden variar en tamaño, poder de fuego y capacidad para traficar droga, extorsionar o incursionar en otras economías delictivas según su ubicación geográfica, su historia y la capacidad de sus liderazgos locales.

El área de dominio del “Blue”, según las investigaciones policiales reseñadas en la acusación de 2020 en el ESDA, abarcaba desde el estado de Massachusetts, en el noreste, hasta Carolina del Norte en el sur, pasando por los estados de Maryland, Virginia, Rhode Island y Nueva York en la costa este, y se extendía hacia el oeste y el sur a Texas, Ohio y Tennessee.

La MS13, de acuerdo con una investigación realizada por American University e InSight Crime en 2018, tiene diversos niveles de mando. En el máximo nivel de la jerarquía está la ranfla, formada por los líderes históricos que guardan prisión en El Salvador y rozan ya los cincuenta años; algunos de ellos se formaron como pandilleros en los Estados Unidos, de donde fueron deportados a finales de los 90 y principios de 2000.

Por debajo de los ranfleros están los corredores de programa. Una investigación de la Fiscalía salvadoreña, denominada Operación Jaque, estableció, en 2016, cómo funcionaba la jerarquía de la pandilla y cómo la MS13 lleva sus finanzas.

Según Jaque, entrado el siglo XXI, la MS13 empezó un esfuerzo por organizar a su militancia, que entrado el nuevo siglo rondaba unos 50,000 miembros en Estados Unidos y el llamado Triángulo Norte de Centroamérica (formado por El Salvador, Guatemala y Honduras). Así, la pandilla ordenó a las clicas por programas, siguiendo criterios geográficos en la mayoría de los casos. Algunas clicas, las más grandes y antiguas como la Fulton Locos Salvatruchos o la Hollywood Locos Salvatruchos se convirtieron ellas misma en programas independientes.

Al final de la primera década de 2000, la ranfla empezó una ofensiva, aún inconclusa, por unificar el mando en la costa este de los Estados Unidos. A diferencia de California, donde la MS13 nació a final de los 80 y se incrustó en un complejo sistema de mando y organización que incluyó aceptar el liderazgo de una pandilla más poderosa, la Mexican Mafia o M, a la costa este la pandilla empezó a llegar de forma dispersa bien entrados los 90. Los pandilleros empezaron a crear clicas pequeñas que incursionaron en el menudeo de drogas, la extorsión y, en menor medida, en la prostitución.

A mediados de la década pasada, empujados en parte por líderes históricos que habían formado clicas en la costa este y fueron deportados a El Salvador, donde escalaron en la jerarquía pandillera, los MS13 de la costa este se embarcaron en un esfuerzo por desplazara a pandillas afroamericanas y establecer su control de pequeños territorios, en la mayoría de ocasiones a través del despliegue de violencia extrema, parecido al utilizado en el asesinato de Nayeli Guzmán, ordenado por “Blue” según la justicia estadounidense.

Antes de “Blue”, la MS13 utilizó a estos liderazgos creados primero en estados como Maryland y Virginia y luego deportados a El Salvador para intentar ordenar la violencia, centralizar la administración del trasiego de drogas, establecer un sistema financiero que facilitara el envío de dinero desde Estados Unidos a El Salvador y fijar mandos centralizados para ello.

Así surgió, en Estados Unidos, la figura del corredor de programa. Antecesor del “Blue” en este cargo fueron pandilleros como Pedro Antonio Chávez Segovia, alias Clown; Moisés Humberto Rivera Luna, alias “Viejo Santos” y José Adán Martínez Castro, alias “Chucky”. Infobae revisó media docena de documentos judiciales estadounidenses que explican cómo operaban estos líderes.

“Viejo Santos” y “Chucky” intentaron, entre 2013 y 2015, unificar clicas entre Massachusetts y Carolina del Norte, con poco éxito. Sí lograron que algunas clicas enviaran pequeñas cantidades de dinero a El Salvador e intentaron controlar la actividad de narcomenudeo, pero no lo lograron, en buena medida porque nunca contaron con el apoyo decidido de la ranfla en El Salvador.

“Clown” tuvo más éxito. Primero porque él sí era miembro de la ranfla nacional, lo cual le daba una autoridad que los otros no tuvieron y luego porque pertenecía a la clica Fulton Locos Salvatruchos, la FLS, una de las más influyentes en las actividades criminales de la MS13.

Fue, sin embargo, “Blue” quien entre 2016 y 2018, amparado también por la ranfla nacional, logró más cohesión entre las clicas del este de los Estados Unidos. También logró que las clicas enviaran dinero, aunque en cantidades pequeñas, a El Salvador, pero fue más exitoso en mantener la administración de la violencia, al tener control sobre los asesinatos que se cometían y los que no se aprobaban, y sobre todo en el intento de expandir el negocio de narcotráfico de la pandilla en Estados Unidos, de acuerdo con los documentos judiciales en el distrito este de Virginia.

“Blue” fue, de todos, el más letal. Y es el más protegido.

Una corte suprema y una fiscalía para proteger a la MS13

Casi todo estaba listo en abril de 2021 para que Estados Unidos y El Salvador completaran la extradición de “Blue” y de otros 14 líderes de la MS13 del país centroamericano para que los pandilleros respondieran por decenas de crímenes en cortes estadounidenses. A principios de aquel mes, el entonces fiscal general salvadoreño, Raúl Melara, viajó a Washington para allanar el camino de las extradiciones, como reveló Infobae en septiembre del año pasado.

Melara viajó a Washington los primeros días de abril en compañía de Ricardo Zúñiga, el entonces enviado especial de la administración Biden para el Triángulo Norte de Centroamérica. En la capital estadounidense, el fiscal salvadoreño se reunió con personeros del Departamento de Justicia para discutir, entre otras cosas, las garantías que sus homólogos estadounidenses debían ofrecer para que los extraditables no fuesen sometidos a castigos no contempladas por la legislación salvadoreña, como una condena a muerte.

Un empleado de la Fiscalía General salvadoreña que fue cercano a Melara y dos funcionarios estadounidenses confirmaron en su momento a Infobae estas reuniones en Washington, así como los primeros resultados: el fiscal salvadoreño, cuya opinión es requerida por la legislación de El Salvador en peticiones de extradición, avaló las condiciones de la eventual extradición.

Las negociaciones en abril de 2021 también incluyeron al entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia, Óscar Pineda, quien según un funcionario del máximo tribunal que trabajó de cerca el caso de los pandilleros de la MS13 también mostró disposición a considerar las extradiciones.

Todo esto se truncó cuando el partido del presidente Nayib Bukele logró la mayoría absoluta en el congreso salvadoreño en las elecciones legislativas de 2021. Al tomar posesión, el primero de mayo de aquel año, los diputados de Bukele se deshicieron de Pineda, de Melara y de otros magistrados de la Corte Suprema. A partir de entonces, el sistema de justicia salvadoreño ha sido uno de los mejores amigos de “Blue” y de los extraditables de la ranfla de la MS13.

Una investigación del diario La Prensa Gráfica determinó que, el 10 de junio pasado, cuatro magistrados impuestos por Bukele maniobraron para revertir una decisión que la Corte Suprema había tomado el mismo día de extraditar a “Blue”.

En noviembre de 2021, Rodolfo Delgado, el fiscal general impuesto por Bukele para sustituir a Melara, pidió a la Corte Suprema no aprobar la extradición alegando que no había garantías de que Estados Unidos respete los derechos constitucionales de “Blue”. Una petición inusual para un fiscal que, en sus aspavientos mediáticos, ha tildado de “animales” a los pandilleros y quien ha sido señalado de torturar a miembros de pandillas para lograr confesiones falsas. Delgado, además, supo siempre que ya las autoridades judiciales estadounidenses habían accedido a quitar la pena de muerte de la mesa.

La petición de Delgado ocurrió solo unos días antes de que el liderazgo de la MS13 diera instrucción a sus militantes de “abrir válvulas”, como se conoce en jerga pandillera a la orden de asesinar a mansalva. La orden provocó 44 homicidios en 72 horas. Infobae reportó entonces, basado en testimonios de oficiales de la policía salvadoreña, que una de las razones de la violencia fue el aviso, en las cárceles, de un plan para asesinar a “Blue”. Funcionarios consultados entonces aseguraron que la matanza fue una forma de la pandilla para insistir que su posición sobre los extraditables es irreductible.

La violencia se calmó y la protección de los funcionarios de Bukele a “Blue” y la MS13 continúa.

En su primera acción de 2022, el fiscal Delgado pidió a la Corte Suprema, el 3 de enero, que reconsidere todo el tratado de extradición de Estados Unidos. Los magistrados del máximo tribunal anunciaron, por su parte, que crearían una comisión para analizar las extradiciones de los pandilleros.

Todo muy conveniente si se toma en cuenta que, por disposiciones de la legislación salvadoreña, la Corte Suprema tiene hasta septiembre de este año para decidir sobre las extradiciones y que, de acuerdo con autoridades estadounidenses, “Blue” saldrá en libertad en febrero de 2022 tras cumplir sus cuentas con la justicia salvadoreña.

Todo muy conveniente para un presidente y un gobierno que, según lo han establecido el Departamento del Tesoro y el de Justicia de los Estados Unidos, han pactado gobernabilidad y apoyos electorales con la MS13.

Y todo muy conveniente, en el apartado de las extradiciones, para un gobierno a dos de cuyos funcionarios el Departamento de Justicia en Estados Unidos se alista para acusar de crímenes relacionados con ese pacto pandillero. Por ahora, en El Salvador de Nayib Bukele, todos parecen protegidos.

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