Nayib Bukele se garantizó impunidad hasta el final de su mandato

Los diputados leales al presidente Nayib Bukele reeligieron el miércoles a Rodolfo Delgado como fiscal general de El Salvador. Con la reelección consumada, el oficialismo salvadoreño tiene un fiscal afín hasta que termine el mandato del presidente, en 2024.

En otras palabras, Bukele y los suyos se han garantizado el blindaje ante cualquier investigación criminal.

No es poco para un gobierno en el que, según una investigación de la propia fiscalía salvadoreña y otra realizada por una fuerza especial de tarea estadounidense, opera una red de corrupción y crimen organizado en la que aparecen involucrados algunos de los hombre y mujeres más cercanos al presidente.

Delgado, un fiscal que hizo carrera en las unidades especialidades de la Fiscalía General de la República desde que ingresó al Ministerio Público a finales de los 90, ascendió al principal despacho de la institución el 1º de mayo de 2021, cuando, recién estrenada, la mayoría del partido oficialista Nuevas Ideas en el Congreso, se deshizo del entonces fiscal general Raúl Melara para imponerlo a él.

Desde que lo nombraron, Delgado llenó su portafolio como fiscal general de investigaciones y acusaciones a políticos y exfuncionarios opositores al régimen de Bukele y de algunas acciones menores contra organizaciones pandilleras. Más que lo que hizo, la gestión de este fiscal general se mide por lo que no investigó.

El 6 de julio, poco más de dos meses después de su nombramiento, Delgado anunció que no encontraba mérito alguno para investigar a la jefa de gabinete de Bukele, a su ministro de Trabajo, al ex ministro de Agricultura, al secretario jurídico de la presidencia, al director de prisiones y al ex ministro de seguridad, todos nombrados por el Departamento de Estado de Estados Unidos en la llamada Lista Engel como sospechosos de actos criminales y de corrupción.

“Puede suceder que lo que contempla el derecho interno norteamericano para estar dentro de esa lista… no sea aplicable para nosotros los salvadoreños”, dijo Delgado a propósito de la Lista Engel. Así el primer carpetazo público.

Antes había habido otras investigaciones malogradas, cuyos ecos solo se conocerían después, gracias, en buena medida a investigaciones que fiscales estadounidenses retomaron en la jurisdicción del distrito sur de Nueva York basados en pesquisas que llevaron adelante investigadores salvadoreños y que, a la llegada de Rodolfo Delgado, también fueron al cesto de la basura.

La omisión más importante del fiscal bukelista ha sido el llamado Caso Catedral, un grueso expediente sobre una estructura criminal enquistada en el corazón de la Casa Presidencial a la que la Fiscalía de Raúl Melara y funcionarios estadounidenses investigaron por el pacto entre el gobierno y las pandillas MS13 y Barrio 18 y actos de corrupción durante la pandemia de Covid-19, entre otros crímenes.

A pesar de que múltiples investigaciones periodísticas y señalamientos públicos adelantaron las investigaciones de Catedral, de que en noviembre Washington sancionó a varios funcionarios del círculo íntimo de Bukele por esas sospechas y de que se hizo pública una inminente acusación penal en el Distrito Sur de Nueva York, Rodolfo Delgado no ha hecho más que guardar silencio.

El fiscal general de Bukele también acompañó al gabinete de seguridad del gobierno, encabezado por su exsocio Gustavo Villatoro, en culpar a familiares de las víctimas de desaparecidos y en ocultar información sobre un cementerio clandestino encontrado en Chalchuapa, en el oeste del país.

Lo que sí hizo Delgado fue encarcelar a cinco exfuncionarios del opositor FMLN a los que acusa de haber recibido complementos salariales ilegales, reiterar acusaciones contra el exalcalde de San Salvador Ernesto Muyshondt, del derechista partido ARENA y en algún momento aliado de Bukele, e intentar meter en prisión a Bertha Deleón, exabogada del presidente que se tornó en una de las más feroces críticas del gobierno.

El 16 de noviembre pasado, en medio de flashes y tuitazos del presidente, el fiscal general Delgado pidió a la Corte Suprema de Justicia un amparo para revertir la decisión de exonerar a varios militares implicados en la masacre de la Universidad Centroamericana (UCA), ocurrida en 1989. Durante años, la justicia salvadoreña paralizó ese caso contra altos mandos del ejército implicados en la matanza.

Sin embargo, autoridades de la UCA, administrada por jesuitas, no tienen demasiada fe en los motivos del fiscal de Bukele; ven, antes que otra cosa, oportunismo. “Instrumentalizar la memoria de los mártires para fines políticos es poco ético, es lamentable, indignante”, dijo Omar Serrano, vicerrector de la universidad.

Luego de que Delgado presentó la petición a la Corte Suprema de Justicia, Bukele y el presidente del Congreso aprovecharon para reiterar ataques contra el liderazgo de la UCA, que ha sido una de las voces más críticas del gobierno.

No es, tampoco, la primera vez que Rodolfo Delgado se ve involucrado en intentos de cerrar o reabrir casos por motivos políticos. De hecho, los momentos más relevantes de su carrera, antes de convertirse en fiscal general, están marcados por casos así.

Una de las primeras veces que el nombre y rostro de Rodolfo Antonio Delgado Montes saltaron a la luz en El Salvador fue en 2004. El abogado, entonces miembro de la Unidad contra el Crimen Organizado de la Fiscalía, dirigía la investigación del asesinato de Gilberto Soto, un sindicalista salvadoreño-estadounidense, supuestamente a manos de pandilleros.

El asesinato de Soto, un miembro destacado del poderoso sindicato de camioneros Teamsters, había causado mucho revuelo en Estados Unidos. A través de su embajada en San Salvador, Washington presionó al recién inaugurado gobierno de Elías Antonio “Tony” Saca por una resolución rápida del caso. El entonces fiscal general, Belisario Artiga, puso a Delgado al frente de la investigación.

Menos de un mes después del asesinato de Soto, ocurrido el 5 de noviembre de 2004, Delgado y su equipo presentaron a la prensa a un puñado de supuestos pandilleros que luego declararían que habían sido contratados por la suegra del sindicalista para matarlo. Muy pronto, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), que acompañó la investigación desde el principio, desechó esa versión.

La conclusión a la que habían llegado Delgado y sus fiscales, dijo la PDDH, estaba “basada en una versión de los hechos a partir del uso reiterado de informantes confidenciales, es decir, fuentes anónimas cuya identidad nunca es revelada”.

Con el tiempo quedó al descubierto que la piedra angular en el caso de Delgado era una supuesta confesión extrajudicial, dada por Wilson Rivera Torres, uno de los pandilleros detenidos en noviembre de aquel año. Y, desde el principio, la PDDH sostuvo que los agentes fiscales, incluido Rodolfo Delgado, habían torturado a Rivera para obtener su confesión.

“Respecto a las confesiones extrajudiciales del señor Wilson N -como la Fiscalía identificó a Rivera Torres en un inicio-, rendidas en sede policial, esta Procuraduría estima que las mismas no se produjeron en forma libre y espontánea y que, para su obtención, medió la coacción a través de agresiones físicas y sicológicas”, concluyó en 2005 la PDDH tras hacer una auditoría de la investigación que dirigió Delgado.

En esa auditoría y en otro informe de ese año, la Procuraduría señala con nombre y apellido al fiscal Allan Hernández como responsable de torturar a Rivera Torres. Hernández fue fiscal adjunto de Raúl Melara, el antecesor de Delgado como fiscal general. Tres agentes de la PDDH que participaron en la elaboración de aquel informe de 2005 confirmaron a Infobae que el pandillero había dicho que Delgado estuvo presente mientras lo torturaban al menos en una ocasión.

Once años después, los señalamientos de Rivera Torres contra Rodolfo Delgado quedaron registrados en una corte migratoria de los Estados Unidos. En 2015, Rivera pidió asilo en el estado de Maryland tras ingresar indocumentado a territorio estadounidense el 12 de febrero de 2014, según consta en documentos judiciales a los que Infobae tuvo acceso.

En junio de 2015, Wilson Rivera Torres tuvo una entrevista en la cárcel de Maryland en la que esperaba su juicio de asilo. Habló, entonces, con su abogado y con un académico que luego sirvió como testigo en el juicio. Un periodista registró lo hablado.

Rivera Torres dijo, en aquella plática, que mientras hablaba con fiscales y policías en las últimas semanas de 2004 sobre su testimonio en torno al asesinato de Gilberto Soto, los agentes salvadoreños lo torturaron. Dice que lo golpearon, lo amenazaron a muerte e, incluso, le introdujeron un palo de escoba en el ano. Aquí un fragmento de aquella conversación, transcrita de la libreta del periodista presente:

- ¿Quién te torturó?

- Policías de la DECO (División Especial contra el Crimen Organizado), responde Rivera.

- ¿Había fiscales presentes?

- Sí, dos licenciados, dice.

Más adelante, Rivera Torres nombró a uno de esos licenciados: Rodolfo Delgado. En su alegato, los abogados del peticionario de asilo dijeron que su cliente no podía regresar a El Salvador porque quienes lo torturaron ocupaban, entonces, posiciones de poder. En 2015, Delgado era asesor del entonces fiscal general, Luis Martínez.

Otra mancha en el currículum de Delgado tiene que ver con Katya Miranda, una niña que fue violada y asesinada en un rancho de playa donde pasaba los últimos días de la semana santa de 1999, cuando ella tenía 9 años. El caso, que causó un gran revuelo en El Salvador de la posguerra (los Acuerdos de Paz que terminaron el conflicto interno de los 80 se habían firmado 5 años antes), se saldó, en primera instancia, con un juicio lleno de irregularidades que dejó sin castigo a los principales sospechosos, sus familiares.

En 2009, ya como jefe de la unidad contra el crimen organizado de la Fiscalía General, Delgado encabezó la reapertura del caso a pocos días de que venciera el plazo de prescripción. El fiscal presentó un caso nuevo, uno con ribetes surrealistas. Según esta versión, el abuelo de la niña había contratado a unos pandilleros para que la violaran y asesinaran y luego echar la culpa de todo a un antiguo rival de negocios. Las pruebas forenses recabadas en la escena del crimen no soportaban esa hipótesis, y todo el caso se basó en la declaración de un testigo protegido, un criminal llamado Aquilino de la O que ya antes había sido procesado por falso testimonio.

Cuatro años después de haber estado bajo los reflectores por el caso de Katya Miranda, Rodolfo Delgado mantenía un perfil bajo en la Fiscalía General, dirigida en 2013 por Luis Martínez, un abogado que tejió una red de corrupción para favorecer a un empresario de nombre Enrique Rais, potentado del tratamiento de desechos sólidos en El Salvador y hoy prófugo de la justicia salvadoreña.

A Rais y a Martínez la misma Fiscalía los acusó de fabricar prueba y de intentar torcer casos para favorecer los intereses comerciales y jurídicos del empresario.

Los tratos entre Martínez y Rais incluían viajes del fiscal general y sus asistentes en jets privados propiedad del empresario. Uno de esos aviones es el que porta la matrícula N440KM, el cual fue decomisado en marzo de 2016 por agentes de la DEA en un aeropuerto al norte de Miami, Florida, luego de encontrar en él rastros de cocaína.

En septiembre de 2013, Rodolfo Delgado y su jefe de entonces, Luis Martínez, viajaron en el N440KM de Enrique Rais de San Salvador a Guatemala. Cuestionado sobre el viaje, Delgado dijo en su momento que lo hizo obligado por Martínez.

Rodolfo Delgado salió temporalmente de la Fiscalía General en 2018, después de pasar un tiempo como asesor del entonces fiscal general, Douglas Meléndez. Pasó a la práctica privada, de la mano de Gustavo Villatoro, viejo amigo de cuando ambos eran fiscales en la primera década del siglo y actual ministro de seguridad de Nayib Bukele.

En 2020, en su declaración de impuestos del ejercicio correspondiente al año anterior, que Infobae publicó en exclusiva, Delgado lista como una fuente de ingresos la empresa Servicios Especializados de Aduana y Logística de El Salvador (SEALES), fundada en 2013 por Villatoro, el ministro. De SEALES, Delgado recibió US$3,333 en 2019.

Esa misma declaración de impuestos reveló algo más importante: Delgado fue, en 2019, empleado de Alba Petróleos de El Salvador, un consorcio fundado y alimentado con dinero de la estatal petrolera venezolana PDVSA. En marzo de 2019, el año en que Delgado trabajaba en Alba, el Departamento de Estados de los Estados Unidos sancionó a la filial salvadoreña de PDVSA como parte de una investigación por lavado masivo de dinero en tres países: El Salvador, Estados Unidos y Venezuela.

A finales de mayo de 2019, la Fiscalía allanó varias decenas de empresas relacionadas con el consorcio Alba Petróleos y encontró decenas de miles de documentos que detallan movimientos de dinero irregular a través de préstamos incobrables y reportes inflados de ganancias entre otros. En esos documentos aparecen el presidente Nayib Bukele y varios de sus colaboradores más cercanos, a algunos de los cuales Estados Unidos ha aplicado ya sanciones económicas. Del caso Alba Petróleos, que ya había languidecido en la Fiscalía General antes de la llegada de Rodolfo Delgado, ni se habla en la gestión del fiscal bukelista.

Ya antes de llegar al puesto de fiscal general en mayo de 2021, Delgado había probado su valía ante el entorno del presidente al aparecer a finales de 2020 como defensor de Mauricio Arriaza Chicas, el director de la Policía Nacional Civil que acompañó al presidente Bukele a tomarse la sede de la Asamblea Legislativa con hombres armados en febrero de 2019.

Así reapareció Delgado, como defensor de uno de los actos más cuestionados en el mandato de Nayib Bukele. Tras años como jefe de una unidad especializada de la Fiscalía, señalado por supuestas torturas y por fabricación de casos, y luego de recibir dinero del consorcio sospechoso de lavar millones de dólares provenientes de Venezuela, Rodolfo Delgado se convirtió en el jefe acusador del Estado salvadoreño. Y acusó, sí, a quienes se opusieron al presidente.

También protegió Rodolfo Delgado a Bukele y los suyos al desentenderse de las investigaciones que tocan a quienes dieron los votos para imponerlo la primera vez en el despacho principal del Ministerio Público en mayo.

La disciplina le valió. Dos días antes de la Nochebuena de 2021, los diputados de Nayib Bukele reeligieron a Rodolfo Delgado como fiscal general de El Salvador.

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