La dictadura cubana aún mantiene detenidos a 1320 manifestantes del 11J

Una ONG que brinda asistencia legal gratuita a las víctimas del abuso de poder por parte de la dictadura cubana ha actualizado su informe sobre presos políticos en el país y ha concluido que, desde el 11 de julio hasta el 20 de diciembre, se han llevado a cabo 1320 detenciones con motivos políticos.

Los apuntados por las fuerzas de seguridad que responden a Miguel Diaz-Canel son aquellos que salieron a la calle el día 11 de junio y participaron, de una manera u otra, de las históricas movilizaciones. De los 1320 arrestados, 698 continuan en reclusión hasta del día de hoy mientras que el resto se encuentra atravesando su situación procesal en arresto domiciliario o, unos pocos, en libertad bajo fianza, de acuerdo a Cubalex.

Y muchos de ellos enfrentan juicios que piden penas de muchos años de prisión, que van desde el año hasta los treinta. Para 25 personas los fiscales han pedido penas de hasta 5 años, 63 enfrentan cargos de entre 6 y 10 años de reclusión, 27 se enfrentan a potenciales penas de entre 11 y 15 años, 49 personas podrían pasar entre 16 y 20 años y 46 individuos podrían estar presos, si se confirman los pedidos de condena que rigen sobre ellos, entre 20 y 30 años. Todos estos datos son fueron compartidos por Cubalex a Infobae.

De los 1320 arrestados, 49 eran menores de edad al momento de ser llevados por las fuerzas de seguridad. Al día de hoy, 14 jóvenes menores de 18 años, o que lo eran al momento de su detención, continuan privados de su libertad y en condiciones que violan sus derechos humanos mas básicos, como la posibilidad de ejercer una legitima defensa, poder recibir atención medica y pasar los días en una celda común y no en una de aislamiento, entre otras cosas.

En las últimas horas, desde Cubalex denunciaron la delicada situación que atraviesa uno de los menores. Brandon Becerra, sobre quien Infobae realizó una nota luego de hablar con su madre, esta atravesando un problema de salud que lo mantiene en la cama y las fuerzas de seguridad se niegan a brindarle atención medica. “Brandon Becerra, uno de los menores detenidos el #11J hace más de una semana permanece encamado en su celda, con vómitos y, por tal, muy débil. Las autoridades se niegan a llevarlo al hospital y lo han amenazado con llevarlo a celda de aislamiento si su mamá denuncia”, lee el tweet publicado por la cuenta oficial de la organización que presta ayuda legal a los presos políticos y familiares.

Los cargos que mas se repiten entre los utilizados para cubrir el móvil político detrás de las detenciones son 4: desorden publico, desacato, atentado e instigación a delinquir. Estas categorías jurídicas amplias permiten a la justicia tener un amplio margen de maniobra a la hora de definir penas para los acusados y encuadrar prácticamente cualquier acción cometida por el acusado dentro de estos delitos.

Por otra parte, la ONG se hace eco de otra situación en la que el gobierno no permite a los detenidos atender sus problemas de salud y deja que estos empeoren en sus celdas, mostrando un modus operandi de la dictadura en este área. Lázaro Yuri Valle Roca es un periodista cubano que esta detenido desde el 18 de junio por haber ido a cubrir las manifestaciones con su camara de fotos. Lázaro sufre de un problema renal que lo tiene muy enfermo y los oficiales de la prisión no permiten que lo revise un medico. “Lázaro Yuri Valle Roca, periodista cubano lleva 187 días en prisión por cubrir un evento como reportero. Yuri tuvo en prisión un fallo renal y ha estado muy enfermo. Las autoridades le han negado atención médica”, denuncian desde la ONG.

Ademas, el régimen va mas allá y ahora lo amenazan con perseguir a su esposa, Eraldis Frómeta, también periodista, si no deja de pelear por sus derechos humanos básicos y por su libertad. “Hoy, además, lo amenazan con procesar a su esposa Eralidis Frómeta, también periodista independiente. Le han dicho que tienen un expediente abierto contra ella y pueden detenerla en cualquier momento”, informa Cubalex.

Otro de los dramas que atraviesan los detenidos es el de la incomunicación, cosa que todos han pasado en un momento u otro y por un periodo de tiempo más o menos largo. Es el denominador común entre todos los recluidos que los primeros días o semanas de su detención no se les permite comunicarse ni con sus familiares ni con sus abogados, lo que supone otra flagrante violación a los derechos humanos. Algunos luego comienzan a poder comunicarse aunque sea un poco, y es aquí cuando la gran mayoría relata los abusos sufridos al interior de las prisiones y comisarías.

Nadir y Jorge Perdomo, por ejemplo, son manifestantes del municipio de San Jose y son acusados de liderar a su comunidad en las manifestaciones de junio. Luego de su detención estuvieron incomunicados durante meses, y al salir contaron cómo fueron golpeados y obligados a repetir consignas políticas a favor de la dictadura y de la revolución cubana. “Ellos son Nadir y Jorge Perdomo, manifestantes del #11J en San José. A Jorge y Nadir los acusan de haber sido los líderes en su localidad. Los mantuvieron incomunicados, sin poder ver a sus familiares durante meses. A Jorge lo golpearon y para que gritara consignas políticas”, denuncia Cubalex.

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