El presidente del Ecuador, Guillermo Lasso, declaró el estado de emergencia en el cantón de Zaruma, en la provincia de El Oro, la tarde del 16 de diciembre, a un día de ocurrido un hundimiento que se llevó varias casas en el centro de la urbe patrimonial.
Zaruma es la capital del cantón homónimo y calificada como Patrimonio Cultural del Estado Ecuatoriano en 1990 por sus edificaciones de gran valor arquitectónico. La pequeña ciudad está habitada por 24 mil habitantes y se ubica a 108 kilómetros de Machala, la capital provincial.
La declaratoria presidencial se origina tras la irrupción del socavón registrado por las cámaras aficionadas de los vecinos del lugar que reportaron a las redes sociales el fatal hundimiento de una casa patrimonial la noche del pasado 15 de diciembre.
Para los expertos, las causas de este tipo de fallas geológicas suponen la destrucción del sistema rocoso que sostiene la parte subsuperficial de una cavidad, que puede ser provocada por el derretimiento de la roca por lluvia ácida, disposición de acuíferos o fatiga general. La minería, sostienen, conduce a este tipo de colapsos.
Luego del hundimiento, el mandatario ordenó acordonar la zona, evacuar a los habitantes más afectados y desplegar a las fuerzas del orden para proteger a las víctimas. El presidente ecuatoriano pospuso una visita oficial a Colombia para reunirse con las autoridades zarumeñas. Allí se trabaja en el establecimiento de un sistema de respuesta inmediata para las emergencias colaterales.
Durante su visita, el presidente Lasso expresó su apoyo a los vecinos del lugar y lamentó la desobediencia a la orden administrativa de establecimiento de una zona de exclusión libre de minería por parte de los explotadores ilegales. Además, indicó que se pondrá en marcha un estudio para solucionar estos problemas intensificados desde 2017 y se comprometió a aportar los recursos necesarios para encontrar una respuesta inmediata.
Además, el primer mandatario ofreció investigar la situación geofísica de Zaruma y encontrar las soluciones que restablezcan la paz y la seguridad en el cantón. La firma del estado de emergencia impone 90 días de medidas excepcionales para el despliegue de efectivos de la seguridad pública y disposición directa de recursos. El presidente ecuatoriano también ofreció regresar “el primer jueves del próximo año”, es decir el 6 de enero, a 20 días contados desde hoy, para dar seguimiento a las medidas tomadas para hacer frente a esta tragedia y evitar que otros incidentes puedan ocurrir.
El hundimiento registrado provocó el derrumbe de una casa patrimonial compuesta por dos unidades habitacionales, además de otras edificaciones contiguas que han sufrido daños en su infraestructura. Más de 300 personas han sido evacuadas del lugar de forma preventiva.
El viceministro de Minas, Xavier Vera Grunauer, explicó a los medios de comunicación que el reciente hundimiento afectó a tres calles del centro de la ciudad en el sector denominado como La Inmaculada que, por ahora, permanece acordonado en una zona de seguridad de 40 metros de diámetro. Este hundimiento se debe al colapso de una cúpula formada a 50 metros de profundidad, explicó el funcionario técnico. Según los residentes del lugar, el hundimiento es el resultado de las operaciones de la minería no autorizada.
La crisis de los deslizamientos de tierra en Zaruma no se detiene desde 2016, cuando se presentó el primer caso denunciado por los vecinos y que reclamaban por el hundimiento de la Escuela La Inmaculada. A través de la Consulta Popular de 2018 se prohibió la minería metálica en las áreas protegidas, áreas intangibles y urbes. El gobierno ha tomado medidas para detener estas actividades en Zaruma.
Antes de esta decisión, en 2017, el gobierno extendió la zona de exclusión. Sin embargo, la decisión fue revertida en 2019.
En agosto de este año, las autoridades locales y nacionales se reunieron para discutir los avances en la planificación de seguridad y remediación. Además, se anunció que un Panel de Control Minero y el Subcomité de Remediación y Desarrollo Productivo coordinarán los trabajos. El órgano deberá dar explicaciones al primer mandatario y a la opinión pública sobre su falta de previsión del actual evento catastrófico.
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