Un nuevo ataque incendiario se registró en la provincia de Arauco (distante a 650 kilómetros al sur de Santiago), en el corazón de la llamada Zona de Conflicto Mapuche. Esta vez, el atentado se registró en Lebu, al interior de la forestal Colhue Yeneco, perteneciente a la Forestal Arauco, en la zona costera de la comuna. En horas de la noche, un grupo integrado por al menos 15 personas encapuchadas ingresaron armados al predio, donde intimidaron a los trabajadores y prendieron fuego a siete maquinarias y dos camionetas que estaban en el recinto. Tres trabajadores resultaron con lesiones tras ser golpeados por los desconocidos, los que fueron trasladados a un recinto asistencial.
Tras el hecho, los encapuchados huyeron en dos camionetas por los caminos interiores del predio. Para lograr el escape, dejaron obstáculos en la vía que impidieron dar con su paradero tanto por parte de Carabineros como por miembros de la Armada.
Tras el hecho, fue encontrado un lienzo dejado por los encapuchados en el que se lee una demanda que exige la salida de los militares de la zona. Asimismo, se encontraron panfletos con leyendas a favor de las demandas del pueblo mapuche. Tras lo sucedido, la Fiscalía designó a la PDI para investigar los hechos.
Este es el segundo ataque que se registra en dicho predio forestal, luego de que en 2020 cerca de 17 maquinarias resultaran quemadas en un atentado cometido también por encapuchados.
Estado de Excepción
Casi dos meses lleva la comuna de Lebu en Estado de Excepción Constitucional que se aplica desde el pasado 12 de octubre, cuando el presidente Sebastián Piñera decretó la medida extraordinaria en cuatro provincias del sur del país: Bio Bío y Arauco en la región del Bio Bío, además de Malleco y Cautín en la región de La Araucanía, la que entrega a las Fuerzas Armadas en control de la seguridad en la zona. La medida debe ser ratificada cada 15 días por senadores y diputados luego de ser propuesta por el ejecutivo.
La medida busca frenar la ola de violencia que se registra en la región tras las demandas territoriales mapuche. Según cifras oficiales, la situación se ha calmado desde la llegada de los militares a la zona, por lo que los parlamentarios de la Araucanía se manifiestan a favor de la medida.
José García Ruminot, senador de Renovación Nacional (RN) un partido del centro derecha, aplaudió la extensión de la medida, asegurando que en las cuatro provincias intervenidas “se puede seguir desarrollando las actividades con la mayor normalidad posible”. Afirmó que “hemos soportado durante 24 años una violencia extrema. Muchos de esos hechos terroristas, muchos de esos hechos de violencia han quedado en la más alta y completa impunidad”.
Querella por muerte en Cañete
En tanto el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) presentó una querella para que se investiguen los hechos registrados en Cañete (a 640 kilómetros al sur de Santiago) el pasado 3 de noviembre en los que murió el joven mapuche Yordan Eduardo Llempi Machacan, y otras tres personas resultaron heridas. La acción legal fue ingresada al Juzgado de Garantía de Cañete, y va dirigida contra “todos aquellos que resulten responsables, en calidad de autores, cómplices y/o encubridores” y apunta al “delito de apremios ilegítimos calificados con homicidio” y además por los “delitos consumados de apremios ilegítimos”.
La acción legal pone en duda la versión oficial del Gobierno, que catalogó inicialmente los hechos como un “enfrentamiento” y una “emboscada terrorista” contra personal de Carabineros y la Armada. La querella apunta a infantes de Marina, pues asegura que “se hizo uso de armamento de fuego contra civiles, indiscriminadamente”. El texto legal agrega que “el delito de apremios ilegítimos calificados con homicidio requiere, por un lado, que exista un abuso del cargo y, por lo tanto, un uso ilegítimo de la fuerza estatal”.
Según remarca el INDH en el escrito, Yordan Eduardo Llempi Machacan fue baleado por funcionarios de Infantería de Marina, mientras se encontraba en su hogar, ubicado en el sector de San Miguel. Recibió primeros auxilios, y fue posteriormente trasladado al Centro de Salud Familiar CESFAM de Tirúa. En ese lugar, falleció producto de una “hemorragia interna por traumatismo toráxico-abdominal causada por proyectil balístico”, señala la querella.
La acción judicial contempla además los casos de los otros tres mapuches baleados esa jornada, Claudio Iván Porma Leviqueo, José Benedicto Huenchuleo Saavedra, y del adolescente de 16 años de edad J.A.P.P.
Entre otras diligencias, el INDH pide que la Segunda Zona Naval de Talcahuano remita “documento del turno del día 3 de noviembre de 2021, hoja de vida de todos los funcionarios y fotografía, además de tabla de equipo o cualquier documento similar que pueda dar cuenta de las funciones asignadas en la fecha indicada”. Asimismo, solicita que la PDI proceda a la “incautación de armas u objetos utilizados para agredir a las víctimas, su descripción y fijación fotográfica, además del levantamiento de la respectiva cadena de custodia”, entre otros.
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