La dictadura cubana contabiliza 805 presos políticos en el último año

El 2021 comenzó con 134 presos políticos en Cuba, según los registros de la ONG Prisoners Defenders, y desde ese momento hasta fines de noviembre pasado han ingresado 671 nuevos casos. Estos, sin embargo, son tan solo una parte de la totalidad de los prisioneros bajo custodia dictatorial ya que es imposible conocer el número real. Entonces, según el último informe publicado por esta ONG, son 712 los casos activos de prisioneros políticos en la isla.

De estos 712, 562 corresponden a detenidos luego de la represión ejercida contra los manifestantes que salieron a las calles el 11 de julio y participaron de la mayor movilización antigubernamental de las últimas décadas. Y de estas 712 personas, 23 son menores de edad o lo eran al momento de su detención y están siendo procesados penalmente con solicitudes de penas que alcanzan los múltiples años de prisión.

La ONG divide a los presos en tres categorías: Convictos de Conciencia, Condenados de Conciencia y Otros Presos Políticos. Los primeros, que son 452, son aquellos presos privados de su libertad por motivos de conciencia y de “ejercicio estricto de sus más fundamentales derechos humanos, con acusaciones bien completa y probadamente falsas y fabricadas, o bien de índole no delictiva y absolutamente relacionadas con el pensamiento”, como lee el informe publicado hoy.

Los Condenados de Conciencia, que son 180, son quienes sufren sentencias judiciales de trabajos forzados domiciliares, tienen limitada su libertad, están en libertad condicional “y otras limitaciones a la libertad, incluyendo las que están bajo sentencia firme sin ejecución, y que el régimen, además, acostumbra a revocar e insertar en prisión si el activista no cesa en su actividad prodemocrática, como hemos visto mes tras mes durante años”.

Por último, la categoría de Otros Presos Políticos se refiere a quienes no pueden encuadrarse dentro de las anteriores categorías pero están tras las rejas por motivos políticos. La razón por la que no pueden ser catalogados como Convictos de Conciencia es que en sus causas puede haber estado presente la violencia o bien han cometido delitos punibles.

“También existen no pocos casos en los que no nos es posible verificar completamente la fabricación de su supuesto delito. Sin embargo, en todos ellos el matiz político, el nulo acceso a la defensa efectiva, y el ensañamiento desmedido en las penas los convierten en casos de carácter político y defendibles, en algunos casos para adecuar las penas a lo realizado y en otros por el derecho a tener acceso a una defensa efectiva que posiblemente los liberaría de todo cargo”, señala la ONG.

Además, desde Prisoners Defenders señalan la existencia de otros 11 mil civiles no pertenecientes a organizaciones opositoras, 8.400 de ellos convictos y 2.538 condenados, con penas medias de 2 años y 10 meses de cárcel, por cargos denominados en el Código Penal como “pre-delictivos”, es decir, sin delito. “Un simple informe policial con aspectos valorativos, idénticos para todos los condenados, y en proceso judicial sumario, sin principio de contradicción, y de forma inquisitorial (sin principio de contradicción ni capacidad de presentación de prueba en contrario), sirve para que 11.000 personas sin delito alguno cometido cumplan condenas de 2 años y 10 meses de privación de libertad en prisión de media”, lee el informe publicado.

En la publicación se hace hincapié en algunos casos particulares en los que presos son condenados por expresarse en contra del régimen. El primero de estos, y uno de los casos más emblemáticos y que más repercusión internacional ha tenido, es el de José Daniel Ferrer. Ferrer lleva más de 149 días encerrado entre 4 paredes blancas, sin ventilación alguna y con solamente una bombilla de luz que está encendida las 24 horas del día. No le permiten ver la luz del sol jamás, lo que tiene efectos perjudiciales para su salud, y sufre dolores corporales y no le permiten ser atendido por personal de salud. El único tratamiento médico que le suministraron fue la administración mediante engaño “de una droga psicoactiva, Alprazolam, que provoca falta de aire, inclinación al suicidio y alteraciones de la consciencia”.

Además, la alimentación en la prisión es extremadamente pobre y se alimenta de lo poco que los familiares le pueden llevar. El caso de Ferrer fue denunciado por múltiples organizaciones que luchan contra las violaciones de los Derechos Humanos y tanto por la ONU y por el Parlamento Europeo.

Otro de los casos nombrados es el de Aymara Nieto Muñoz, que es miembro de las Damas de Blanco y ganó el Premio Sájarov en 2005. El Grupo de Trabajo para la Detención Arbitraria de Naciones Unidas dictaminó que su detención y privación de libertad son “rotundamente arbitrarias” y ha solicitado su liberación inmediata. Las condiciones de su encierro entran dentro de la categoría de “tortura”, ya que se encuentra en una celda de castigo y está completamente incomunicada. En marzo de 2020 le inventaron una nueva causa penal que hizo que la condenen a otros 5 años de prisión.

A Aymara también se le niega cualquier tipo de asistencia médica, lo que constituye otra violación más a sus derechos básicos. “Se encuentra a más de 600 kilómetros de donde residen ella y su familia, motivo, además de los frecuentes aislamientos forzados de semanas de duración a los que Aymara es sometida, por el que en 2 años ha visto a sus dos hijas menores y a su esposo en una sola ocasión”, afirma el informe.

Otro caso que denuncia Prisoners Defenders y es una muestra clara del accionar del régimen y su predisposición a detener a manifestantes pacíficos es el de Luis Robles Elizástegui. Luis es un joven que lo único que hizo fue caminar por la calle levantando un cartel que decía “Libertad, no + represión, #FreeDenis”, haciendo alusión a la detención de Denis Solís, un músico cuya detención arbitraria provocó la solidaridad que dio el puntapié para el movimiento del 27N. “Toda la secuencia está grabada desde varios ángulos. La policía arremetió y abusó de un joven pacífico y ejemplar. Hace un año de esto, y Luis Robles sigue en prisión, sufriendo torturas, vejaciones, aislamiento y celda de castigo, así como violaciones procesales de toda índole, lo cual analizó el Comité para la Detención Arbitraria de Naciones Unidas al dictaminar el pasado 10 de septiembre su rotunda denuncia ante la detención ilegal y arbitraria de Luis Robles”, denuncia Prisoners Defenders.

Estos son solo algunos de los miles de casos de detenciones arbitrarias y procesos judiciales plagados de irregularidades con los que la dictadura de Miguel Díaz-Canel busca controlar a su población y mantenerse en el poder a pesar de la pérdida de apoyo popular que sufrió el régimen hace ya muchos años. Una y otra vez, a lo largo de este año y de los anteriores, tanto distintas ONGs como comités de la ONU y de las instituciones de la comunidad internacional, han denunciado estos procesos judiciales y han pedido por la liberación de los damnificados, pero siempre sin obtener ninguna respuesta por parte de la dictadura cubana. Luego de las impactante movilizaciones de estos últimos meses, la atención internacional está puesta cada vez más en la situación cubana; resta ver si la presión ejercida genera algún cambio o si el régimen es lo suficientemente fuerte para hacer oídos sordos y continuar con su clásico modus operandi.

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