Estados Unidos redefine sus prioridades en Centroamérica: Bukele pasa a la lista negra mientras Xiomara Castro despierta entusiasmo

Una audiencia en el senado de esta semana sirvió para comprobar cómo los demócratas han reconfigurado su mapa de relaciones. Tanto congresistas como funcionarios del Departamento de Estado apostaron por enfocar la relación regional con la nueva presidenta hondureña mientras crecen los recelos con el presidente salvadoreño y el guatemalteco, Alejandro Giammattei

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La presidenta electa de Honduras,
La presidenta electa de Honduras, Xioamara Castro, ha despertado expectativas positivas en Washington. Del otro lado, el salavadoreño Nayib Bukele sólo genera preocupación por el proceso de degradación de la institucionalidad demócatica en su país.

El valor político de Nayib Bukele en Washington está ya por debajo de mínimos. A los ojos de los demócratas, el partido que controla la Casa Blanca y el congreso, las derivas autoritarias del salvadoreño y sus ataques a las instituciones democráticas lo ponen ya a la par de Daniel Ortega, el dictador nicaragüense.

En una audiencia senatorial ocurrida el martes 1 de diciembre, Bob Menéndez, senador demócrata por Nueva Jersey y presidente del poderoso comité de exteriores de la Cámara Alta del Congreso en Washington, pidió a la Casa Blanca que excluya a El Salvador y Nicaragua del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos (CAFTA, en inglés), de cuyo sistema de preferencias arancelarias depende al menos un quinto de las exportaciones salvadoreñas.

Es una medida drástica, según reconoció el propio Menéndez, que Estados Unidos suele aplicar a países a los que ha tenido en la lista negra por años, como la Nicaragua de Daniel Ortega, a cuyos funcionarios Washington ha sancionado y prohibido el ingreso a suelo estadounidense.

“En Nicaragua tenemos una dictadura en ascenso y en El Salvador hay retrocesos democráticos dramáticos… No deberían de gozar de preferencias comerciales”, pidió Menéndez a la administración de Joe Biden.

Antes, al inicio de la audiencia, convocada para que los 22 miembros del comité de exteriores escucharan a funcionarios del Departamento de Estado hablar sobre América Latina, Menéndez dijo que Bukele se había embarcado en el desmantelamiento “quirúrgico” del sistema judicial salvadoreño, en referencia al golpe legislativo del primero de mayo que incluyó la destitución de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y el nombramiento en el máximo tribunal de abogados fieles al presidente, así como a una reforma administrativa que ha permitido a Bukele nombrar a jueces afines a él.

Ricardo Valencia, profesor asistente salvadoreño en la universidad California Fullerton, cree que lo dicho por Menéndez significa que los demócratas están dispuestos a tomar las “decisiones más duras” para frenar a Bukele.

El presidente de El Salvador,
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en una fotografía de archivo. EFE/ Rodrigo Sura

Los demócratas piensan que la reelección de Bukele, que perciben como inconstitucional e ilegal, es el camino que el mandatario ha tomado para perpetuarse en el poder. Como todas las opciones del Departamento de Estado han tomado no han detenido a Bukele, Menéndez y Leahy piensan que es momento de tomar las opciones más duras: sacar a El Salvador del tratado de libre comercio”, dice Valencia en referencia también al senador Patrick Leahy, demócrata de Vermont, quien ya había advertido en una comunicación conjunta con Menéndez el 3 de mayo sobre la posibilidad de retirar beneficios arancelarios a El Salvador.

Brian Nichols, el subsecretario de Estados para el Hemisferio Occidental y testigo en la audiencia del martes, concordó con la descripción hecha por el senador Menéndez. Bukele, dijo Nichols, “ha dado una serie de pasos preocupantes que han debilitado el respeto por los principios e instituciones democráticas”.

Nichols, en su testimonio, listó todos los pecados antidemocráticos que le achacan al salvadoreño: el intento de aprobar una ley de agentes extranjeros para imponer “controles innecesarios” a la sociedad civil; acciones para la concentración del poder y para intimidar a los críticos; abrir, a través de los jueces impuestos, el camino a la reelección; ocultar la corrupción de su administración; y denigrar a la prensa independiente.

La intervención del senado demócrata es la página más reciente en una bitácora que habla de una pésima relación bilateral entre Washington y San Salvador. Antes, en noviembre, la entonces encargada de negocios en la capital salvadoreña, Jean Manes, se despidió de su cargo diciendo que la relación con el gobierno Bukele quedaba en “pausa”, mientras, a principios de ese mes, el Fondo Monetario Internacional (FMI), donde la palabra estadounidense es la más influyente, volvió a echar agua fría a la negociación de un crédito por US$1.3 mil millones que El Salvador necesita con desesperación para no caer en impago de su deuda.

FOTO DE ARCHIVO. Xiomara Castro,
FOTO DE ARCHIVO. Xiomara Castro, presidenta electa de Honduras, ha pasado a ser la preferida de los demócratas en Washington. REUTERS/Yoseph Amaya

Con Bukele al lado de Ortega en la lista estadounidense, los demócratas modificaron su visión geopolítica en Centroamérica para poner a Honduras en lugar privilegiado tras el triunfo de la coalición de izquierda y centro-derecha que encabeza Xiomara Castro.

Xiomara y la posibilidad de una nueva comisión anticorrupción en la región

Si hubo una ganadora en la audiencia senatorial del martes esa fue Xiomara Castro, del partido Libre, recién electa presidenta de Honduras tras 12 años en el poder del derechista Partido Nacional de Juan Orlando Hernández, sobre quien pesa una investigación del Departamento de Justicia estadounidense por narcotráfico.

El subsecretario Nichols dijo que el Departamento de Estado espera trabajar con Castro para “ver los cambios que estamos esperando”. A eso el senador demócrata por Oregón Jeff Merkley añadió que el triunfo de Castro es “una gran oportunidad”.

Según un asistente legislativo demócrata consultado por Infobae en el congreso estadounidense, uno de los puntos ya discutidos con la presidenta electa hondureña es la posibilidad de reinstalar en el país centroamericano una misión internacional anticorrupción e impunidad, como la extinta Misión Anticorrupción y Contra la Impunidad en Honduras (MACCIH), apoyada por la OEA y defenestrada en enero de 2020 por el goberno de Hernández.

Ricardo Valencia, el catedrático salvadoreño, cree incluso que Xiomara Castro será capaz de pasar de puntillas y con éxito por el asunto de la buena relación que su esposo Manuel “Mel” Zelaya, expresidente de Honduras, tuvo con el régimen de Hugo Chávez a finales de la década 2000; amistad que llevó a Washington a apoyar un golpe de estado que derrocó a Mel Zelaya en 2009.

“Washington sabe que el proyecto ALBA no es tan atractivo como cuando Mel Zelaya fue expulsado del poder en 2009. Venezuela tiene muchos menos recursos y el balance geopolítico en el hemisferio no se inclina para que Castro se vuelva en lugarteniente de Venezuela y Nicaragua. Su misma alianza no es una alianza de izquierdas, sino anti-Juan Orlando Hernández. Entonces, Washington mira esto como una oportunidad para reforzar sus mensajes de que una democracia multipartidista es posible en Centroamérica”, considera Valencia.

La recién adquirida prominencia de Honduras, aun a pesar del signo izquierdista de Castro y de una historia reciente que liga a su entorno político con el chavismo venezolano, tiene mucho que ver con la caída en desgracia de los otros gobiernos en la región. A lo dicho de Bukele y Ortega se suma una relación cada vez más deteriorada con el gobierno de Alejandro Giammattei en Guatemala.

Cuando, en la audiencia senatorial del martes, el senador demócrata por Virginia Tim Kaine hizo su diagnóstico sobre Centroamérica, dijo de El Salvador que su presidente se comporta como “un autoritario”, y de Guatemala que la impresión inicial de que podía ser un socio potable se cayó luego de que el gobierno Giammattei, apoyado por la fiscal general Consuelo Porras, empezó a perseguir a investigadores, jueces y fiscales anticorrupción.

En el manual centroamericano de la administración Biden, como en el de sus dos antecesores en el despacho oval, los flujos migratorios ocupan un lugar central, pero a diferencia de la estrategia más represiva de Donald Trump, el demócrata postula privilegiar el combate a las que la Casa Blanca llama “causas raíz” de la migración, entre ellas la corrupción y las fallas en la gobernanza democrática.

Dentro de ese guion, Biden había pedido a su vicepresidenta, Kamala Harris, liderar el diálogo con los centroamericanos con la Guatemala de Giammattei como principal interlocutor. Hasta la capital guatemalteca viajó Harris en junio pasado, justo cuando el gobierno local empezaba la escalada en la persecución de críticos, investigadores y opositores. El capítulo más notable de esa arremetida ocurrió un mes después, cuando el fiscal anticorrupción Juan Francisco Sandoval tuvo que salir huyendo tras ser destituido a la fuerza por la fiscal Porras. Tras eso, Washington listó a Porras como actora antidemocrática y corrupta y vetó su entrada a Estados Unidos.

La expulsión del fiscal anticorrupción
La expulsión del fiscal anticorrupción Juan Francisco Sandoval de Guatemala agrió las relaciones entre Washington y el gobierno del presidente Alejandro Giammattei. REUTERS/Sandra Sebastian

Con la salida del fiscal Sandoval se destapó otra trama en Guatemala, delicada para Washington: la influencia de capitales rusos en el presidente Giammattei. Antes de salir del país, acuerpado por la embajada de Suecia, Sandoval dio una conferencia de prensa en la que reveló que su oficina investigaba un posible soborno de agentes rusos al presidente para facilitar operaciones mineras en el noreste de Guatemala.

En octubre pasado, desalojos en un pequeño pueblo lacustre llamado El Estor volvieron a poner el ojo internacional en Guatemala, incluido el de Washington. El fin de semana del 23 y 24 de octubre, el ejército guatemalteco utilizó equipo donado por Estados Unidos para un desalojo violento de comunidades indígenas que protestaban por el funcionamiento de una mina rusa en El Estor.

El mismo martes de la audiencia en el senado, nueve representantes demócratas en la Cámara Baja pidieron al secretario de Estado Anthony Blinken que exija explicaciones al gobierno Giammattei por el uso de jeeps militares en El Estor y de iniciar investigaciones penales a los funcionarios guatemaltecos involucrados en el desalojo y en violaciones a derechos humanos durante un estado de sitio decretado en el pueblo para garantizar la operación de la minera rusa, que según un fallo de la corte constitucional del país no debería de estar operando por no haber cumplido requisitos legales como un estudio de impacto ambiental y consultas con las comunidades indígenas.

Con Guatemala, El Salvador y Nicaragua en posición de adversarios, las piezas en el tablero de ajedrez centroamericano parecen, por ahora, favorecer a Honduras. Los republicanos, más concentrados en otros lugares de América Latina, como Venezuela, Haití o Colombia, aún no mueven ficha en el tema centroamericano, lo cual también puede jugar a favor de Xiomara Castro. Por ahora.

Ante la relación rota con la Casa Blanca, Bukele apuesta por los republicanos

Aun marginado de los salones oficiales en Washington demócrata, donde nadie parece dispuesto a apostar por él, Nayib Bukele no se resigna a ser un paria en el norte. El salvadoreño sigue viajando con regularidad a Estados Unidos.

Informes migratorios estadounidenses a los que Infobae ha tenido acceso indican que Bukele entró a Estados Unidos por Atlanta el 4 de noviembre pasado, y salió de un lugar no registrado el 9 de ese mes, un día después de las reuniones de su ministro de Hacienda y su hermano Ibrajim con el FMI en Washington. En otro lugar del suelo estadounidense, Nayib Bukele siguió los resultados de la gestión crediticia con el Fondo, que no terminó con noticias alentadoras para El Salvador.

Bukele volvió el 27 de noviembre a Miami, uno de los destinos más comunes del mandatario salvadoreño en Estados Unidos.

En Miami, según una fuente del gobierno estadounidense con acceso a información sobre la relación entre Washington y Bukele, este mantiene contactos con el establishment republicano a través de lobistas y exfuncionarios que han sido cercanos al entorno de Donald Trump, entre los que está el exembajador en El Salvador Ronald Johnson, con quien el presidente se ha reunido varias veces.

El embajador de Estados Unidos
El embajador de Estados Unidos en El Salvador, Ronald Johnson (i), y el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. El exdiplomático aún es uno de los principales apoyos del salvadoreño en Estados Unidos. EFE/Rodrigo Sura

Pero, como dijo un asesor legislativo a Infobae, 2024 y la posibilidad del regreso republicano a la Casa Blanca están aún muy lejos. Por ahora, la ruptura casi absoluta de Bukele con el Washington demócrata pinta un panorama desolador para el salvadoreño y los suyos. Enfrente tiene Bukele la negociación con el FMI y, en ella, su salvataje financiero. También planea la sombra de una investigación que llevan adelante fiscales del Distrito Sur de Nueva York sobre el pacto entre funcionarios bukelistas y las pandillas MS13 y Barrio 18, en el que Osiris Luna, el jefe de prisiones de El Salvador, aparece nombrado.

Si a todo eso se suma la propuesta del senador Bob Menéndez de retirar a El Salvador los beneficios arancelarios de los que depende en buena medida la salud exportadora del país centroamericano, el escenario inmediato merecería acaso un adjetivo más contundente.

“Sin duda, las palabras de Menéndez impactarán en el humor del Departamento de Estado y la Casa Blanca, que reforzarán su cerco sobre Bukele. Menéndez está diciendo que las opciones más amargas contra Bukele están próximas a ser tomadas. Y la imagen de Bukele en Washington está por lo sueldos como ningún presidente en los últimos 40 años la ha tenido”, considera Valencia.

En otro rincón del tablero geopolítico centroamericano, la vecina, Xiomara Castro, respira mucho más tranquila.

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