A casi seis años del accidente aéreo de Laguna del Sauce en Punta del Este, el caso fue retomado por la Justicia uruguaya luego de estar parado desde el comienzo de la pandemia. Los familiares de las víctimas continúan reclamando justicia por quienes fallecieron en la tragedia.
El accidente, ocurrido en las primeras horas del 19 de marzo de 2015 constituye hasta hoy el más grande de la historia del aeropuerto de Punta del Este.
“Como todos los indagados son argentinos, con la pandemia era un problema la entrada porque había que pedir salvoconducto, había que probar la urgencia, desde el 1 de noviembre se abrieron las fronteras y ya no tenés que andar probando a qué entrás al Uruguay”, cuenta Jorge Barrera, uno de los abogado que lleva el caso en Uruguay.
Según el informe que realizó DINACIA (Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica en Uruguay) al que accedió Infobae, habrían confluido varias irregularidades en el accidente. La aeronave no estaba habilitada para realizar vuelos contratados ni contaba con la certificación que realiza ANAC (Administración Nacional de Aviación Civil Argentina). Tampoco está claro si se cumplió con el proceso de habilitación de los tripulantes.
Por otro lado, el informe declara que no se cumplió con lo estipulado por el fabricante de la aeronave en lo que respecta a la operación y limitaciones de la misma. Tampoco contaba con la habilitación adecuada de los pilotos para volar la nave y se habrían detectado presiones de los dueños para realizar los vuelos, mantenimiento inadecuado y cansancio y estrés de la tripulación.
Los dueños del avón siniestrado que se encuentran acusado en la causa son dueños de la droguería Meta.
“El avión no tenía la autorización para hacer vuelo internacional de pasajeros, como dice el informe, sino solamente de cabotaje por medicamentos”, explicó Barrera, abogado de algunos de los familiares de las víctimas.
Los pilotos del avión fallecieron en el accidente, por lo que la responsabilidad penal recae en los empresarios que regenteaban la aeronave.
En caso de ser encontrados culpables, la consecuencia serían ocho años de prisión por el delito de homicidio culpable complejo. Los familiares de las víctimas, comentó Barrera, piden justicia y celeridad en cuanto a lo penal y “saber cuáles fueron las causas por las que murieron sus familiares”, agrega. Mientrs tanto, la demanda civil sigue su curso en Argentina.
El caso
El 19 de marzo de 2015, un avión Beechcraft King Air B90 despegó desde el Aeropuerto de Laguna del Sauce, cerca de la ciudad de Punta del Este, pero treinta segundos después el avión se estrelló sobre la Laguna del Sauce. La aeronave se prendió fuego enseguida y los ocho pasajeros más los dos pilotos perdieron la vida.
En aquel momento, la jueza del caso dispuso pruebas de ADN para identificar los cadáveres porque se encontraban completamente carbonizados.
Fallecieron los pilotos Luis Pivida y Diego Chiaradía. Y los pasajeros Joana Mc Cormack, Alfredo Dietrich, Marcelo Zarco, Horacio Peñaflor y Gustavo Pera (empleados de La Rural argentina, que había contratado el avión para trasladarlos a una conferencia); Marta Pires Vieira (directora comercial de Dorier Group LatAm); Carlos de Elías (de la empresa Congress Rental S.A.) y Mario Barba (Connectis ICT Services S.A).
Según los informes obtenidos por la Comisión Investigadora de Accidentes e Incidentes de Aviación (CIAIA), de Uruguay, la aeronave no se encontraba en condiciones de operar. Se encontró una cantidad de irregularidades como servicios inhabilitados, cambios en la configuración del avión para poder transportar más pasajeros, pilotos no autorizados, sin experiencia y sin descanso suficiente como para trabajar. Además, de repuestos adulterados y mantenimientos obligatorios no realizados.
El informe concluyó que el avión no era navegable y que tanto el factor operacional como el humano tuvieron una incidencia directa en el desarrollo de la tragedia.
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