Elecciones clave en Honduras: por primera vez una mujer puede ser presidente y el actual podría terminar preso

Honduras elige este domingo a su nuevo presidente. Y la preocupación es máxima para el actual mandatario, Juan Orlando Hernández, JOH como se le conoce en su país. Nasry “Tito” Asfura, alcalde de la capital Tegucigalpa y candidato del presidente, ha perdido fuelle en las encuestas de las últimas semana. Xiomara Zelaya, la candidata de la oposición, lo supera hasta por 17 puntos en los sondeos.

Hernández, que se reeligió en 2017 en medio de denuncias por fraude y violaciones a la Constitución, no está en las papeletas. Su hombre en el ruedo es el alcalde Asfura, un político de temple discreto y bastante popular en el centro del país, quien ha sido señalado en el pasado por un supuesto desvío de 29 millones de lempiras (alrededor de USD 1 millón) de fondos de la alcaldía a sus cuentas personales o de supuestos cómplices para financiar la campaña presidencial

La Unidad Fiscal Especializada Contra la Impunidad de la Corrupción (UFERCO) del Ministerio Público pidió en noviembre de 2020 a la Corte Suprema de Justicia un proceso de antejuicio para que Asfura responda por las acusaciones, pero el máximo tribunal, controlado por un allegado al presidente Hernández, bloqueó el proceso.

En las internas del Partido Nacional, realizadas en marzo pasado, Asfura se impuso a Mauricio Oliva, el presidente del Congreso, uno de los principales adversarios de Hernández en la lucha por el control partidario.

Hasta el 14 de octubre pasado, las encuestas ponían a Asfura como favorito. Ese día, la tendencia empezó a cambiar luego de que sus dos principales contendientes anunciaron que se unían para competir contra el candidato hernandista. Xiomara Zelaya, del partido de centro izquierda Libertad y Refundación (LIBRE), atrajo a su candidatura a los seguidores de Salvador Nasralla, el tercero en contienda. A finales de octubre, los números mostraban a Zelaya y Asfura empatados.

Tras la alianza, el cuarto en el ruedo es Yani Rosenthal, miembro de una poderosa familia de banqueros. Condenado en Estados Unidos por lavado de dinero, Rosenthal volvió a Honduras luego de cumplir su pena, reclamó la conducción del Partido Liberal y se lanzó como presidenciable; sus números nunca crecieron.

Una de las encuestas más recientes, publicada el 27 de octubre por el no gubernamental Centro de Estudios para la Democracia (CESPAD), pone a Zelaya 17 puntos arriba de Asfura. Incluso en las encuestas internas del Partido Nacional las cosas no pintan bien para Asfura, quien solo aparece, en sus propias mediciones, entre 3 y 5 puntos arriba en Tegucigalpa y el central departamento de Francisco Morazán, el bastión más fuerte del alcalde. Todo dependería, en esencia, de cómo se comporte Cortés, el departamento cuya capital es San Pedro Sula, el centro financiero del país, donde la información sobre las preferencias electorales es vaga.

Si lo que dicen las encuestas hasta ahora se materializa, Zelaya se convertirá en la nueva presidente y Honduras amanecería este lunes en una era política diferente a la de la última década, marcada por el ascenso al poder del derechista Partido Nacional tras el golpe de estado de 2009 y la apertura total del sistema político a la infiltración del narcotráfico, según han revelado decenas de testigos, entre narcotraficantes y víctimas, en procesos judiciales en cortes estadounidenses, así como varias investigaciones periodísticas.

De lo que está documentado en expedientes judiciales se extrae que los primeros tratos de Hernández con el narcotráfico empezaron cuando él era presidente del Congreso, entre 2010 y 2011. Juan Orlando y su hermano Juan Antonio “Tony” Hernández se asociaron con Alexander Ardón, entonces alcalde de El Paraíso, en el occidental departamento de Copán, fronterizo con Guatemala. Ardón y el clan de la familia Valle Valle dominaban esa porción de la ruta de la cocaína cuando los Hernández empezaron a hacer tratos con ellos.

Ardón mismo declaró a autoridades estadounidenses que Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, líder del Cartel de Sinaloa, entregó a Tony Hernández un millón de dólares para la campaña presidencial de JOH en 2013. Un año antes, Juan Orlando había pedido al alcalde de El Paraíso que bajara su perfil político y financiara su campaña; a cambio, Ardón recibió el espaldarazo oficial para ampliar su imperio en occidente y acceso a fondos públicos a través del nombramiento de su hermano Hugo en un ministerio.

En paralelo, JOH negociaba con Giovanny Fuentes, un narcotraficante de Choloma, en el norteño departamento de Cortés, acceso a un narcolaboratorio capaz de producir entre 300 y 500 kilogramos de cocaína al mes, algo que finalmente consiguió. Fuentes, arrestado y juzgado en Estados Unidos, también ha confesado que se reunió con Hernández para negociar protección política.

Poco a poco, entre 2015 y 2018, ya desde la presidencia de la nación, los antiguos aliados de JOH en el narcotráfico fueron entregándose a Estados Unidos y el mapa criminal cambió. Hoy, una compleja red de alcaldes, operadores políticos, intermediarios y transportistas -muchos herederos de los grandes clanes como Los Valle o Los Cachiros- controlan el paso de droga por Honduras con la protección del Estado.

La fiscalía del distrito sur de Nueva York está convencida de que, en todo esto, el papel de Hernández no ha sido menor y, de acuerdo con dos testigos hondureños entrevistados por fiscales estadounidenses, tiene un expediente abierto en el que el principal investigado es el presidente.

Hasta ahora, JOH se ha impuesto y ha sorteado todos los obstáculos que poderes diferentes al suyo le pusieron enfrente. Incluso ha navegado con bastante éxito en su relación con Estados Unidos, donde su hermano cumple dos condenas consecutivas por narcotráfico y donde él mismo, el presidente, es investigado por complicidad en esa empresa ilícita.

A diferencia de su vecino, el presidente salvadoreño Nayib Bukele, con quien Washington ha puesto las relaciones en “pausa” según declaró la semana pasada la principal enviada diplomática en San Salvador, a Juan Orlando Hernández lo siguen recibiendo en la capital estadounidense y funcionarios del Comando Sur del ejército norteamericano se toman fotografías con él.

Como muchos aspectos de la política centroamericana, en las elecciones hondureñas el papel de Washington no será menor. Nunca lo ha sido en años recientes.

Esta vez, aun después de aupar el empoderamiento político del Partido Nacional y salvarle la plana a Juan Orlando Hernández en varias ocasiones, Estados Unidos parece haber tomado otra ruta con la administración Biden y los demócratas en el Congreso, quienes han pedido que haya garantías para evitar un fraude, como el que ocurrió en 2017 y que el gobierno de Donald Trump apoyó sin problemas.

El 15 de noviembre pasado, 29 congresistas mandaron una carta al secretario de Estado Anthony Blinken para pedir que Estados Unidos tenga un papel más decoroso que en 2017, cuando Heidi Fulton, la encargada de negocios de Washington en Tegucigalpa, avaló la reelección de Juan Orlando Hernández a pesar de que esta ocurrió en contradicción con la Constitución y tras unas elecciones que la OEA y la Unión Europea calificaron de irregulares.

“Es esencial que Estados Unidos sea visto como un observador neutral, creíble e imparcial y que apoyemos un resultado en Honduras que sea genuinamente democrático e inclusivo”, exhortan los legisladores a Blinken. Entre los firmantes están los influyentes senadores demócratas Patrick Leahy, una de las voces más cercanas al presidente Joe Biden, y Elizabeth Warren, ex precandidata presidencial.

La administración Biden, de hecho, ya envió a un funcionario de alto nivel a Honduras en la previa de la elección. Brian Nichols, subsecretario para el Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, llegó el lunes pasado a Tegucigalpa para reunirse con varios actores políticos, incluidos el gobierno y representantes de la autoridad electoral, a quienes pidió “salvaguardar” el proceso de elecciones.

En Honduras hay quien entiende esto como un cambio radical de Washington respecto a la complicidad con Hernández y el Partido Nacional en 2017. “Se entiende que el poder fáctico del norte acepta la alternancia en el entendido de que no va a haber ningún regreso a ningún modelo chavista ni mucho menos”, opina el historiador y catedrático Luis Varela en alusión a las buenas relaciones que el depuesto presidente Mel Zelaya tuvo en su momento con el régimen de Hugo Chávez, lo que fue una de las razones por las que el Departamento de Estado de Barack Obama, bajo el mando de Hillary Clinton, bendijo el golpe de Estado de 2009.

Una de las preguntas más acuciantes en Honduras desde agosto pasado -Infobae estuvo en Tegucigalpa entonces- es si Juan Orlando Hernández y el Partido Nacional aceptarán una eventual derrota.

Un diplomático europeo dijo en la capital hondureña, antes de que se hiciese pública la alianza de oposición, que no descartaba un escenario en que, enfrentado a una derrota, el Partido Nacional y sus operadores políticos propiciarán un escenario de caos callejero para retrasar lo más posible el traspaso de poderes.

En mayo de 2021, el Congreso, dominado por el Partido Nacional, aprobó una reforma electoral que algunos críticos calificaron de insuficiente para evitar que las irregularidades de 2017 se repitan. El Consejo Nacional Anticorrupción señala, además, que las empresas contratadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para transmitir y certificar los resultados han sido señaladas por anomalías en el pasado.

Según el historiador Varela, la reforma electoral aprobada abre la puerta a que, en el caso de una controversia a la hora de la declaratoria oficial de ganadores, el Congreso podría terciar. “Esa podría ser una jugada que en extremo podrían llevar a cabo porque controlan el congreso y todos los resortes del poder”, advierte el catedrático.

Varela sí ve posible que el Partido Nacional intente hacer uso del control que tiene sobre casi todas las instituciones del país en caso de perder la elección: “Es un escenario que podría llevar a un caos y represión brutal, porque el control del ejército también lo tienen. Podría ser una salida desesperada.”

La Oficina de Washington para América Latina (WOLA, en inglés) coincide en que la reforma electoral es insuficiente y pide a la comunidad internacional a que esté muy atenta a la jornada electoral.

“Con algunas encuestas sugiriendo que el Partido Nacional no encabeza las elecciones, el fantasma de las irregularidades y la violencia de 2017, y la falta de reformas electorales sustanciales, Honduras está en la mira”, dice un comunicado de WOLA publicado el martes.

Xiomara Zelaya es esposa de Manuel “Mel” Zelaya, el presidente del Partido Liberal depuesto en 2009 por un golpe de estado que Estados Unidos avaló sin muchos matices, el resto de la comunidad internacional desaprobó y aisló a Honduras durante un buen rato.

Después del golpe, el Partido Nacional, postulante de un modelo populista de derechas, retomó el poder a través la elección del entonces presidente del Congreso, Roberto Michelleti, como mandatario interino. Después, en 2010, Porfirio Lobo Sosa ganó la presidencia; con él, de acuerdo con las mismas investigaciones judiciales estadounidenses, el narcotráfico empezó a permear de lleno el poder político.

Las investigaciones posteriores de los fiscales estadounidenses determinaron que Lobo Sosa concedió contratos del Estado a compañías fachada de la banda de narcotraficantes Los Cachiros. Los mismos testimonios y documentos revelan que Fabio Lobo, el hijo del presidente, sirvió de enlace entre policías, ejército y narcotraficantes a principios de la década pasada. Fabio fue condenado en septiembre de 2017 por narcotráfico en Estados Unidos a 24 años de cárcel.

Zelaya, el presidente depuesto, volvió a Honduras a rearmar, de a poco, su proyecto político, no exento tampoco de señalamientos de connivencias con el narcotráfico y la tala y transporte ilegal de madera. Se separó de su antiguo partido, el Liberal, para formar Libre. Su esposa se aupó como líder y rostro público de Libre: compitió por la presidencia en 2013 y como primera designada en 2017, cuando ella y Mel se aliaron a Salvador Nasralla, un popular presentador de televisión, para intentar arrebatar el poder a Hernández.

El domingo, Xiomara Zelaya llegará a las urnas a la cabeza de una coalición heterogénea de opositores que el catedrático Varela describe así: “Es una alianza amplia donde hay gente de izquierda tradicional, de centro e incluso sectores de derecha empresarial moderada que han venido aupando un proyecto para sacar a la casta gobernante”.

Hernández y su partido llegan al domingo en una posición más débil. Según la encuesta de CESPAD, publicada el 27 de octubre, 8 de cada 10 hondureños desaprueban la gestión del presidente. Ese sondeo también apunta a que casi el 70% de la población apta para hacerlo irá a votar, pero también a que la mayoría de ellos tiene temor de que el fraude de 2017 se repita.

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