Daniel Ortega impone el reino del miedo: periodistas y analistas optan por el anonimato, el exilio o dejan su oficio para evitar caer presos

El lunes 22 de noviembre, Edgard Parrales, de 79 años, fue apresado cuando iba saliendo a eso de las dos de la tarde a realizar una gestión bancaria. Ni siquiera logró salir de su casa en Managua. De un carro azul, Toyota Corolla, se bajaron dos hombres de civil que lo agarraron por la fuerza cuando aun estaba en el jardín delantero de su vivienda. “¡Me están llevando por la fuerza!”, alcanzó a gritar antes de desaparecer como ha ocurrido con centenares de nicaragüenses que son secuestrados y a los días aparecen enjuiciados por el régimen de Daniel Ortega.

Por la mañana de ese día, Parrales participó en una entrevista en el Canal 10 de televisión, en dónde analizó, desde su experiencia como exembajador de la OEA, la salida de Nicaragua de ese organismo y las consecuencias que tal decisión tendrá. Este abogado y exsacerdote era una de las pocas voces que opinaba y criticaba al régimen de Daniel Ortega a cara descubierta.

De hecho, su captura abortó un perfil que sobre él Infobae elaboraba, cuyo título probable ya no es posible: “Edgard Parrales: uno de los últimos opinadores libres de Nicaragua”.

“No, no tengo miedo a que me capturen. Solo hago uso del derecho que la Constitución Política me da, aunque con estas personas uno nunca sabe”, había dicho en la entrevista realizada a la víspera de su captura. “Por eso tomo mis precauciones. Trato de salir poco, aunque he notado que me vigilan”.

El régimen de Daniel Ortega está usando, entre otras, la Ley 1042, Ley Especial de Ciberdelitos, aprobada por la Asamblea Nacional, el 27 de octubre del 2020, para acallar las voces críticas y al periodismo independiente. En las cárceles nicaragüenses se encuentran al menos seis personas ligadas directamente al periodismo y siete más detenidas por las opiniones que han dado en medios de comunicación o redes sociales. En el caso de Parrales y José Antonio Peraza —preso este último desde el 26 de julio pasado— fueron capturados poco después de salir de una entrevista.

“En Nicaragua ya nadie quiere opinar. Las fuentes han dejado de contestar, y si contestan se excusan de no poder hablar, y si hablan piden que sea a condición de anonimato”, explica un periodista que también pide no se ponga su nombre. Por seguridad, los periodistas han dejado de firmar sus artículos y evitan identificarse como tales en las coberturas, que generalmente se hacen de forma clandestina.

Muchos periodistas han abandonado sus carreras para dedicarse a actividades menos riesgosas, y unos 80 han salido al exilio, desde donde siguen informando a través de plataformas digitales.

El cronista deportivo Miguel Mendoza fue detenido el 21 de junio. No tenía relación con movimiento político alguno y solo era un activista ciudadano de redes sociales, donde expresaba su descontento por el rumbo que está llevando el país. Fue acusado de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional”. La Fiscalía presentó como pruebas contra Mendoza 10 de sus publicaciones en Twitter y una en Facebook.

La abogada María Oviedo, defensora de derechos humanos, fue apresada el 29 de julio y luego acusada por el Ministerio Público de “de propagación de noticias falsas a través de las tecnologías de la información y la comunicación”, según el artículo 30 de la Ley de Ciberdelitos.

Igualmente, el 8 de noviembre, la estudiante de periodismo Samantha Jirón, 21 años, fue detenida por civiles en las cercanías de hotel de Managua, desaparecida durante unas horas, y cinco días más tarde acusada por cargos de la Ley de Ciberdelitos.

Dos días antes, el 6 de noviembre, fue apresada en su vivienda Nidia Lorena Barbosa Castillo, de 66 años, y acusada por la Fiscalía de “propagación de noticias falsas a través de las tecnologías de la información y de la comunicación”.

Esta semana se conoció también el caso de Evelyn Pinto, 62 años, defensora de derechos de la mujer y los pueblos indígenas, quien fue capturada la noche del sábado 6 de noviembre y acusada de propagar noticias falsas, sin que hasta ahora hayan podido verla sus familiares.

Sin embargo, defensores de derechos humanos consideran que la represión por opinar en Nicaragua es mucho más grande de la que se ha hecho pública. Muchas familias no denuncian las capturas por temor a mayores represalias. “Yo he estado en contacto con dos familias que quieren que no se haga público su caso”, dice Gonzalo Carrión, abogado del organismo de defensor de derechos humanos en el exilio Nunca más.

El portal informativo Nicaragua Investiga expuso el caso de Alexis Peralta Espinoza, 48 años, del norteño pueblo de Condega, quien fue encarcelado este mes y acusado de “propagación de noticias falsas a través de la tecnología de la información y la comunicación”.

“Desde aproximadamente el mes de junio del año dos mil veintiuno, el acusado Alexis Peralta Espinoza ha incurrido en acciones ilícitas que han provocado alarma, temor, zozobra en la población, en el municipio de Condega y departamento de Estelí, efectuadas en contra de personas naturales y jurídicas, utilizando como método, como medio y como fin, datos, sistemas informáticos, tecnologías de la información y la comunicación en el ciberespacio, su propósito es la desestabilización de la paz social, interactuando en distintos ambientes digitales o redes sociales, tales como Facebook, con el perfil a nombre de “Alexis Peralta Espinoza @peraltalex, Twitter y la aplicación Whatsapp”, señala la acusación de la Fiscalía.

Contra Peralta, a quien la Fiscalía señala de tener “prácticamente un carácter antisocial” y de menosprecio a la autoridad legítimamente constituida, se presentaron dos de sus tuits como pruebas. En uno de ellos, publicado el 25 de marzo, dice: “Qué pasó señores orteguistas,? No que si ganaba Biden era mejor porque es demócrata, en EEUU existe una política oficial y no cambia, cuidado el TLC, y las sanciones al EPS”. El otro es el comentario a una entrevista al secretario general de la OEA en la cadena televisiva CNN: “#Conclualmagronica No más violencia gubernamental en Nicaragua”.

Gonzalo Carrión señala que otra figura comúnmente usada contra los opositores es la “incitación al odio”, establecida también en la Ley de Ciberdelitos. Bajo esta figura fue acusado el escritor Sergio Ramírez Mercado, quien se encuentra en el exilio, y el exdiplomático Edgard Parrales.

“El objetivo grande, estratégico para ellos, es silenciar a la sociedad. La forma en que detienen a las personas, con operativos masivos, con civiles armados, de noche, con allanamientos violentos, sin orden judicial, infunde terror y el mensaje es que otros dejen de decir lo que están diciendo. Silenciar la sociedad. Cada voz que denuncie un abuso de poder, que reclame un derecho, se pone en peligro en Nicaragua”, dice el defensor de derechos humanos.

Sin embargo, considera que el régimen no ha logrado acallar las voces críticas. “La población siempre busca cómo manifestarse, así como lo hizo el siete de noviembre (día de las elecciones) quedándose en casa, o con pintas o anónimamente en las redes sociales”, dice.

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