Nayib Bukele ya tiene sus presos políticos

A Violeta Menjívar, una médica guerrillera que sirvió como ministra de salud durante uno de los gobiernos del FMLN, la Policía la capturó el 22 de julio pasado. Desde que llegó a la cárcel salvadoreña de mujeres, sus familiares no han podido verla y sus abogados solo han tenido contacto con ella dos veces, dos horas en la primera ocasión y una hora la segunda.

Menjívar, de 70 años, sufre de problemas respiratorios crónicos y de hipertensión. A insistencia de sus familiares y abogados defensores, la Dirección General de Centros Penales (DGCP) ha permitido el ingreso del médico familiar, cuyo diagnóstico tras evaluarla es que las condiciones de humedad y limpieza de la cárcel agravarán la salud de la exfuncionaria.

Tras la primera visita de los abogados, en agosto pasado, la DGCP les informó que no podrían ver a Menjívar hasta la siguiente audiencia judicial, programa para principios de 2022. Un juez penitenciario revocó esa prohibición, solo para que Penales apelara por instrucciones de Osiris Luna, el carcelero jefe de Bukele: el Ejecutivo estaba decidido a aislar a Menjívar.

Finalmente, el sistema judicial permitió a los abogados una segunda visita de una hora.

Oswaldo Feusier, uno de los defensores de Menjívar, no duda al decir que su clienta es una prisionera política del régimen de Nayib Bukele. “Se trata de una persecución selectiva con un alto nivel de violaciones a las garantías del debido proceso. Es una persecución penal hecha para que cuadre con un discurso político, hecho por razones políticas”, dijo Feusier a Infobae.

Rodolfo Delgado, el fiscal general impuesto irregularmente por diputados oficialistas el primero de mayo pasado, acusa a Menjívar y a otros ocho exfuncionarios del FMLN, incluido el expresidente Salvador Sánchez Cerén (2014-2019), de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, delitos que los funcionarios habrían cometido por recibir de una partida de gastos reservados de la Casa Presidencial complementos salariales, a los que en El Salvador se llama popularmente sobresueldos.

Según Feusier, la acusación fiscal carece de mérito porque recibir complementos salariales no es ilegal, algo, dice, “que la misma Fiscalía reconoce implícitamente en la acusación que hizo contra los funcionarios al decir en su requerimiento que se trataba de remuneraciones que buscaron nivelar el salario recibido en el sector público frente al privado, y al utilizar como base legal de tales complementos leyes que permiten la erogación discrecional de estos fondos”.

Marcela Galeas, abogada penalista, aseguró en una entrevista con un medio local que el sobresueldo es “una figura legal (regulada) en varias normativas, desde el código de trabajo, el código salud, la ley de educación” y otros.

El abogado Feusier insiste que su cliente también es víctima de una persecución selectiva, ya que el fiscal Delgado tampoco está persiguiendo a personas cercanas a Bukele que han sido señalados de recibir remuneraciones extra.

Uno de esos funcionarios es Conan Castro, el secretario jurídico de la presidencia, quien de acuerdo con una declaración de ingresos que por obligación legal presentó a la Corte Suprema de Justicia, gana US$8.000 al mes, US$3.000 más de lo asignado presupuestariamente a su cargo. Menjívar, según la acusación fiscal, recibía US$2.950 de complemento al mes.

Conan Castro es uno de seis funcionarios y exfuncionarios cercanos a Bukele nombrados por el Departamento de Estado de Estados Unidos en la llamada Lista Engel como sospechosos de actos de corrupción o de participación en crimen organizado. De él dice la administración Biden que “socavó las instituciones democráticas al ayudar a la destitución irregular de cinco magistrados de la Corte Suprema de Justicia y el fiscal general”.

Rodolfo Delgado, el fiscal cuya imposición según Washington facilitó Castro, dijo que no hay méritos para investigar a ninguno de los nombrados en la Lista Engel.

Buena parte de la acusación contra los exfuncionarios del FMLN está basada en lo declarado por Francisco Cáceres, quien fue secretario privado del expresidente Mauricio Funes, acusado en 2019 por varios actos de corrupción y quien vive como fugitivo en Nicaragua. Cáceres se entregó a las autoridades salvadoreñas el 20 de septiembre de 2020, no sin antes haber negociado con la fiscalía beneficios penales a cambio de su testimonio.

Un exfiscal salvadoreño que conoció el testimonio de Cáceres aseguró a Infobae que en una de las partes medulares de su confesión, el exfuncionario explica cómo se utilizaba el dinero de las cuentas reservadas de Casa Presidencial, no solo para pagar complementos salariales a funcionarios del Ejecutivo -lo que según los abogados es legal-, sino para sobornar a diputados de oposición.

Uno de los encargados de esos sobornos, de acuerdo con el testimonio, fue Herbert Saca, un operador político que fue cercano a Funes y al expresidente Antonio Saca -su primo-, y quien hoy es parte del círculo de confianza de Nayib Bukele. El fiscal general Delgado, sin embargo, no ha acusado a Herbert Saca.

Un investigador que también conoció los expedientes en los que consta el testimonio de Cáceres, que ocupa unos 900 folios, aseguró a Infobae que en la declaración que el exsecretario privado brindó a la Fiscalía después de entregarse constan nombres de diputados y operadores que, como Saca, recibieron sobornos o dinero sin ser funcionarios.

En esa declaración consta, además, que la Casa Presidencial de Mauricio Funes aportó dinero para la formación del partido Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), el partido al que Bukele se inscribió para competir por la presidencia del país en 2019. La fiscalía de Rodolfo Delgado, como lo hizo su antecesor, ha pedido reserva absoluta para el testimonio de Cáceres.

De los 9 exfuncionarios a los que la Fiscalía sí acusó, la Policía, también dirigida por un oficial leal a Bukele, arrestó a cinco en julio pasado. Para los cuatro que no encontró, el fiscal pidió a un juez que extendiera una alerta roja con el fin de que la Policía Internacional (Interpol) los arrestara en cualquier parte del mundo. Sin embargo, la respuesta de Interpol reiteró la posición de los abogados defensores: este es un caso político.

El 31 de octubre pasado, Interpol hizo llegar al juzgado salvadoreño una comunicación oficial en al que dice que “las solicitudes se inscriben en el ámbito del artículo 3 de la constitución de ese cuerpo policial, que no está en condiciones de publicar las notificaciones rojas solicitadas”. Ese artículo establece: “Está rigurosamente prohibida a la organización toda actividad o intervención en cuestiones o asuntos de carácter político, militar, religioso o racial.”

Nayib Bukele no solo ha encarcelado a los exfuncionarios de su antiguo partido -antes de ser candidato a la presidencia fue alcalde de Nuevo Cuscatlán y de la capital San Salvador por el FMLN, que lo expulsó en octubre de 2017-, también ha ido tras políticos de la derecha que le han hecho oposición.

El presidente y sus operadores en el Judicial también mantienen preso a Ernesto Muyshondt, exalcalde de San Salvador por el derechista partido ARENA que en algún momento fue cercano a Bukele. Muyshondt es acusado de cuatro delitos, dos relacionados a un supuesto fraude al Ministerio de Hacienda mientras fue alcalde y otros dos a supuestas negociaciones con las pandillas cuando era diputado por ARENA.

Investigaciones realizadas por una fuerza de tarea estadounidense y por la Fiscalía General salvadoreña, antes de la llegada del fiscal de Bukele, relacionan a Osiris Luna, el jefe de cárceles, y a Carlos Marroquín, funcionario del ministerio de gobernación, como nexos del gobierno actual con las pandillas MS13 y Barrio 18. El fiscal general Delgado enterró esas investigaciones.

En principio, un tribunal otorgó a Muyshondt medidas alternativas a la prisión mientras espera su juicio, decisión que fue reiterada por un tribunal de apelaciones. La dirección carcelaria, bajo el mando de Luna, dijo que no podía liberar al exalcalde porque no tenía brazaletes electrónicos para que este cumpliera el arresto domiciliario. Finalmente, en octubre, jueces nombrados por la Corte Suprema de Justicia dominada por Bukele reiteraron que Muysondt debía permanecer en prisión.

A mediados de noviembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (CIDH), con sede en Washington, recibió una solicitud de dar seguimiento a las condiciones de encarcelamiento de Muyshondt, quien según una persona cercana a su familia sufre de ataques de pánico y tiene que recibir tratamiento regular por un tumor en el pecho.

Osiris Luna, el jefe de prisiones, es otro de los nombrados por Washington en la Lista Engel. A Luna el Departamento de Estado acusa de “incurrir en corrupción con contratos gubernamentales y recibir sobornos”; además, investigaciones periodísticas de El Faro lo señalan de facilitar movimientos de líderes pandilleros de la MS y el Barrio 18 fuera de las prisiones como parte de un pacto de las pandillas con el gobierno de Bukele.

En Washington, al menos dos funcionarios estadounidenses han confirmado que una fuerza de tarea integrada por miembros del Departamento de Justicia y de la Administración Antidrogas, investiga el rol de Luna y otros funcionarios bukelistas en el pacto con la MS13, considerada en Estados Unidos una organización terrorista.

La fecha de publicación de la Lista Engel no es un dato menor en toda la trama que involucra a los exfuncionarios de partidos opositores a los que el régimen de Bukele mantiene en prisión.

La persecución contra los exfuncionarios del FMLN y el exalcalde Muyshondt arreció luego de que el Departamento de Estado de Estados Unidos publicó la primera parte de la lista. A eso, Bukele reaccionó en Twitter cuestionando que ningún funcionario del gobierno de Juan Orlando Hernández de Honduras apareció en la lista, que también incluyó a personas hondureñas y guatemaltecas. Acto seguido, su aparato de propaganda empezó a popularizar la etiqueta #Laverdaderalista, en alusión a los exfuncionarios del FMLN señalados por recibir complementos salariales.

A finales de septiembre, cuando el Departamento de Estado publicó una segunda entrega de la Lista Engel con los nombres de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia impuestos por Bukele, el presidente reaccionó con más virulencia; dijo que había “injerencia política” de Washington y tuiteó que El Salvador no era “el patio trasero de nadie”.

Y mientras las condiciones de salud de opositores políticos se deterioran en las cárceles, en la Asamblea Legislativa que él controla, Bukele impulsa nuevas maneras para mantener callados a sus críticos. O para enviarlos a prisión.

La noche del 17 de noviembre, el congreso bukelista tenía todo preparado para aprobar una ley de agentes extranjeros que establece penas de prisión y multas de hasta $250,000 para miembros de medios de comunicación y organizaciones de sociedad que, recibiendo financiamiento de organizaciones extranjeras, “alteren el orden público, pongan en riesgo la seguridad nacional, la estabilidad social y política del país”. ¿Quién decidirá si alguien está haciendo eso? El fiscal de Bukele y los jueces de Bukele.

Al final, los de Bukele tuvieron que desistir de aprobar, por ahora, la ley de agentes extranjeros luego de que el gobierno de Alemania anunció públicamente que retiraba parte de su cooperación con El Salvador y de que otras representaciones diplomáticas en la capital salvadoreña hicieran llamadas directas al gobierno, según confirmaron a Infobae una fuente diplomática en Washington y una legislativa en San Salvador.

Aunque los diputados oficialistas tuvieron que ceder por el momento en lo de la ley, el fiscal general Delgado había aprovechado el día para seguir persiguiendo opositores: por la tarde presentó una acusación por “desobediencia de particulares” contra Bertha María Deleón, una abogada feminista que ha sido crítica de Bukele y su gobierno.

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