Transparencia Internacional criticó el proyecto de ley de agentes extranjeros de Bukele porque socava la democracia en El Salvador

Transparencia Internacional, una organización no gubernamental que promueve medidas contra crímenes corporativos y corrupción política en el ámbito internacional, se mostró “profundamente preocupada” por la inminente aprobación del proyecto de ley de agentes extranjeros presentado por el gobierno del presidente Nayib Bukele en El Salvador, “que perjudicaría gravemente la labor de las organizaciones de la sociedad civil (OSC) y los medios de comunicación independientes”, y que socavaría el espacio democrático de la sociedad civil.

En un comunicado, la organización hace un llamado a la Asamblea Legislativa de El Salvador para que rechace el proyecto de ley que se presenta para su aprobación y garantice que todas las leyes respeten los derechos humanos y las libertades fundamentales del pueblo salvadoreño: “Este proyecto de ley es un intento flagrante de controlar y limitar el trabajo de las OSC, que benefician a los ciudadanos con el acceso a los derechos básicos, incluyendo la salud, la educación, la lucha contra la corrupción, la prevención de la violencia, entre otros temas”.

“Este proyecto de ley llega después de una serie de medidas para reprimir la democracia en El Salvador, incluyendo intentos de persecución y acoso sistemático a grupos de la sociedad civil. Como hemos visto en otros países, este tipo de leyes tienen un propósito muy claro: silenciar a cualquier organización o grupo que diga la verdad al poder. Nuestro capítulo nacional, FUNDE, ha sido un actor clave en la lucha contra la corrupción y la promoción de la democracia y los derechos humanos en El Salvador. Estamos profundamente preocupados por cómo esto afectará a su capacidad para llevar a cabo esta tarea crucial, así como el trabajo de muchas organizaciones y movimientos sociales en el país”, expresó Delia Ferreira Rubio, presidenta de Transparencia Internacional

La nueva ley obligará a las entidades y personas que reciban financiación o apoyo internacional a registrarse como “agente extranjero” en el Ministerio del Interior. A los “agentes extranjeros” se les prohibirá llevar a cabo “actividades políticas” que pretendan alterar el “orden público” o que “pongan en peligro o amenacen la seguridad nacional o la estabilidad social y política del país”. “A Transparencia Internacional le preocupa que, en la práctica, esta ley proporcione al gobierno una discrecionalidad sin precedentes para controlar y limitar las actividades de las OSC en El Salvador, así como para atacar a las ONG críticas, a los activistas y a los defensores de los derechos humanos”, reza el comunicado.

El proyecto de ley también impondría un impuesto del 40% a todas las transacciones extranjeras, incluidas las donaciones, incluso si los receptores son organizaciones sin ánimo de lucro. “La falta de registro o el incumplimiento de cualquier disposición del proyecto de ley de agentes extranjeros supondría la cancelación del estatus legal de una organización, multas de hasta 250.000 dólares o incluso de dos a cinco años de prisión”.

“La intimidación sistemática de las organizaciones de la sociedad civil y los medios de comunicación independientes en El Salvador ha sido calificada como ‘preocupante’ por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su último informe sobre cuestiones de derechos humanos en el país. El anteproyecto de esta ley se inspira en la legislación aprobada en otros países, como Rusia, Hungría, India, Guatemala y Nicaragua. Estas leyes han sido fuertemente condenadas por la comunidad internacional debido a su impacto directo sobre los derechos humanos y las libertades fundamentales”, finaliza.

Si bien el presidente salvadoreño dice que sigue el modelo de la ley estadounidense, ésta busca transparentar el accionar político de gobiernos u organizaciones extranjeros en el país. Por ejemplo, sus cabilderos deben registrarse como agentes extranjeros, pero se les permite tratar de ejercer su influencia sobre la política interior.

En cambio, la ley salvadoreña prohibiría explícitamente esa actividad política. Además, el gobierno aplicaría un impuesto de 40% a los fondos que recibieran desde el exterior los agentes extranjeros registrados.

Las preocupaciones crecen en la sociedad civil salvadoreña desde meses atrás. Tras el reemplazo de los jueces de la Corte Suprema, muchos tuvieron la sensación de que no tendrían un recurso legal si el gobierno apuntara sus cañones hacia ellos.

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