El Salvador se convirtió a inicios de septiembre en un laboratorio mundial de las criptomonedas con la adopción del bitcoin como moneda de curso legal y en poco más de dos meses la opacidad en la compra de este criptoactivo con fondos públicos y la suplantación de identidades se han vuelto el lado oscuro de la medida.
El Congreso le entregó al Gobierno de Nayib Bukele más de 200 millones de dólares para impulsar la medida, que se ha convertido en una de sus principales apuestas económicas, sin que se conozca a detalle el uso que el Gobierno le ha dado.
Estos fondos se aprobaron meses antes de que se conociera que el país no tiene la capacidad financiera para cubrir el presupuesto estatal de 2022 y urge de financiación por más de 498 millones de dólares.
De los recursos destinados para adoptar el bitcoin se entregaría a los usuarios de la billetera digital gubernamental un bono equivalente a 30 dólares.
IDENTIDADES ROBADAS Y ESTADO DEFRAUDADO
Los abogados de la organización humanitaria Cristosal acudieron este martes a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia para presentar un amparo en nombre de 117 personas que denunciaron el robo de sus datos personales para cobrar el referido bono.
Anteriormente, Cristosal pidió a la Fiscalía que se investigaran este grupo denuncias, de cerca de 1.000 que han recibido, sin que se conozca algún avance.
La demanda presentada este martes fue contra la empresa Chivo S.A. de C.V., fundada con recursos estatales por una autónoma estatal.
Ruth López, jefa Anticorrupción y Justicia de Cristosal, señaló a periodistas que el amparo es por la vulneración a la protección de los datos personales por la referida empresa.
Para registrarse y cobrar el bono, la aplicación requiere de fotografías de frente y reverso del Documento Único de Identidad (DUI), además de un autorretrato para comparar los datos biométricos.
Los abogados pidieron a los jueces constitucionalistas que emitan medidas cautelares para que “se impida el registro de personas de manara automático, a no ser que den su autorización por escrito”. Otra medida solicitada es que “la población cuente con una mecanismo de verificación” para conocer “si han sido tomados sus datos personas”.
Actualmente, la única forma en que los ciudadanos pueden conocer esta situación es descargando la aplicación o pidiendo a alguien más que la tenga en su móvil que compruebe si su identidad ha sido utilizada.
“Se está solicitando que se establezcan mecanismos de seguridad inmediata para que las personas puedan acreditar su identidad de manera inequívoca y se detenga ese flujo de recursos públicos que se están entregando de manera irregular”, indicó. Agregó que también solicitaron a la Corte de Cuentas de la República (CCR) una ampliación de la investigación del uso de recursos estatales en la adopción del bitcoin.
López indicó que con esta demanda verán “si la Sala de lo Constitucional responde a los intereses de la población salvadoreña” o “a una empresa que tiene como administradores a funcionarios públicos”.
LOS DATOS SECRETOS DEL BITCOIN EN EL SALVADOR
La poca y casi única información que se conoce del uso de recursos estatales en la implementación del bitcoin en El Salvador es difundida por el presidente Nayib Bukele desde su cuenta de Twitter, mientras que los detalles se han puesto bajo secreto por las instituciones.
El Banco de Desarrollo de El Salvador (Bandesal) maneja un fondo de 150 millones para la convertibilidad de bitcoin a dólares y otros usos que se desconocen y se ha negado a revelar las operaciones estatales, bajo el argumento que las protege el secreto bancario.
La Unidad de Acceso a la Información (UAIP) de Bandesal admitió en octubre una solicitud en la que se le pedían 15 datos relacionados con estas operaciones y sobre la entidad que realiza las compras del criptoactivo en nombre del Gobierno de El Salvador, las negó todas.
Otra información reservada es el nombre de la institución que compra el bitcoin en nombre del Gobierno.
Tampoco es público el monto desembolsado para comprar bitcoin para la entrega del referido bono mediante la billetera gubernamental.
Sin importar que no es un dato de manejo de fondos, Bandesal se negó a explicar la relación que tiene con la sociedad Chivo, S.A. de C.V y a entregar versiones públicas de contratos e informes generados por el banco y la referida empresa.
No existen datos públicos en los que se indique la cantidad de dinero estatal transferido a la empresa Chivo para la compra de cientos de cajeros.
Según tuits del presidente Bukele, son unos 3 millones los salvadoreños registrados en la billetera, pero se desconoce cuantos casos son de identidades usurpadas, cuantos la utilizaron únicamente para recibir el bono y cuantos la usan regularmente.
(Con información de EFE)
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