El FMI reclama a El Salvador un programa de ajuste fiscal y Washington enciende un alerta por el deterioro democrático

La negociación entre el Fondo Monetario Internacional y El Salvador para que el país centroamericano reciba un crédito por USD 1,3 mil millones aún está lejos de concluir. Las pláticas se extenderán al menos hasta inicios de 2022. Después de eso, un potencial acuerdo deberá esperar la aprobación de la junta de directores, en la que la palabra de Estados Unidos es la más influyente.

“En la tarde del 8 de noviembre, un equipo del Fondo retomó las discusiones de consulta en el marco del Artículo IV con una delegación de autoridades de El Salvador. Aunque las reuniones darán inicio en (Washington) DC, el resto de las discusiones continuarán de forma virtual durante el resto del mes”, dijo a Infobae un vocero del FMI en un correo electrónico.

La semana del 8 de noviembre, como adelantó Infobae, representantes del gobierno de Nayib Bukele se reunieron en Washington con el equipo del FMI encargado de las negociaciones con El Salvador, encabezado por Alina Carare. Como jefe de la delegación salvadoreña, en la que participaron el ministro de hacienda y el presidente del Banco Central de Reserva, estuvo Ibrajim Bukele, hermano del presidente y quien, sin ser funcionario, es una de las voces más influyentes en materia económica en el gobierno.

“El proceso se completará después de las discusiones de la junta directiva, lo que ocurrirá unos dos meses después del final de la misión. El FMI comunicará (su decisión) al final de la misión y completada la consulta”, aseguró el vocero del Fondo.

Por ahora, el Fondo ya estableció las primeras condiciones a El Salvador: un ajuste fiscal equivalente al 4% del PIB en 3 años, que según el economista del INCAE Rafael Lemus implica recortar gastos en 2.6% del Producto Interno Bruto e incrementar ingresos en 1.4% del PIB. Lo primero significa reducir en US$715 millones el gasto público y lo segundo subir en US$315 millones la recaudación.

No es algo “imposible”, cree Lemus, pero “si requiere de un compromiso con la responsabilidad fiscal que el gobierno hasta la fecha no da señales de compartir”.

Con el nuevo calendario esbozado por el FMI, las consultas en el marco del Artículo IV -así nombradas por el inciso del acuerdo marco del Fondo con los países miembros en virtud del cual estos se obligan a rendir cuentas sobre sus planes económicos y financieros- podrían alargarse hasta bien entrado enero de 2022 por el parón navideño.

Luego, de acuerdo con un funcionario estadounidense familiarizado con las discusiones en el FMI, la junta directiva podría afinar una decisión en el marco de las reuniones anuales de primavera, entre marzo y abril.

No son buenas noticias para un país con un déficit fiscal equivalente al 8.19% del PIB en 2020 y cuya deuda podría llegar al 91% del PIB en 2022 según proyecciones de Barclay’s.

En Washington, el gobierno salvadoreño tuvo que dar explicaciones sobre el presupuesto 2022 que el Ejecutivo presentó a la Asamblea Legislativa en octubre, y al que, en pláticas anteriores, el FMI puso objeciones por considerarlo “demasiado expansivo”.

En ese presupuesto 2022 hay una brecha financiera de US$498 millones, que se suman a cerca de US$2 mil millones en nueva deuda que la Asamblea Legislativa, dominada por una mayoría afín a Bukele desde mayo pasado, ha aprobado en 2021. Es en parte para cumplir con las obligaciones financieras contraídas y evitar un escenario de impago que el gobierno salvadoreño necesita del dinero del FMI con más urgencia de lo que ha admitido en público.

Lo del plan de gastos era uno de tres temas por las que el Fondo y otros actores han pedido explicaciones a los de Bukele.

Otro de los puntos, complicado para los salvadoreños, es la rendición de cuentas sobre US$389 millones entregados en 2020 por el FMI para atender la emergencia de Covid-19, por los que el Fondo ha pedido explicaciones al menos tres veces al gobierno de Bukele sin que, hasta ahora, haya habido respuesta, según han confirmado funcionarios consultados por Infobae en la capital estadounidense.

El mismo Alejandro Zelaya, ministro de hacienda y uno de los principales negociadores con las multilaterales en Washington, ha sido señalado de posibles actos de corrupción relacionados con la compra y venta de insumos médicos durante la pandemia por Covid-19.

Para evitar las investigaciones por mal manejo de los fondos Covid-19, el gobierno de Nayib Bukele ha hecho de todo: expulsó a la CICIES, una comisión internacional de investigación cuyas pesquisas llevaron a los allanamientos de los ministerios de salud y hacienda en 2020; impuso a un fiscal general para que, entre otras cosas, enterrara todos las investigaciones relacionadas a esos fondos; y promovió reformas legales y acciones administrativas para blindar a todos los funcionarios que manejaron ese dinero.

El tercer punto, según había adelantado Infobae antes de la visita de la comitiva salvadoreña a la capital de Estados Unidos, es, precisamente, el deterioro democrático del país.

Más allá de las explicaciones que los salvadoreños han dado a las multilaterales, el tema político e institucional ha disparado una agria disputa del gobierno Bukele con el de Joe Biden en Estados Unidos. En julio pasado, el Departamento de Estado publicó una lista de 14 salvadoreños señalados por corrupción o crimen organizado, entre los que hay 4 funcionarios cercanos a Bukele; después, Washington incluyó en la lista a los magistrados de la Corte Suprema impuestos por el oficialismo.

A partir de entonces, Bukele, sus funcionarios y voceros han acusado a Estados Unidos de injerencia extranjera, han acosado a Norma Torres, una congresista demócrata de origen guatemalteco crítica del régimen salvadoreño, e incluso se han metido en pleitos públicos con Juan González, el principal asesor latinoamericano de Biden.

Estar en malos términos con Washington nunca es buena política cuando hay pendientes negociaciones con el FMI. El Departamento del Tesoro, cuyas decisiones dependen de los designios de la Casa Blanca, es la institución más influyente en la junta directiva del FMI que, el próximo año, deberá tomar la decisión final sobre el caso salvadoreño.

A principios de noviembre, unos días antes de que Ibrajim Bukele y la comitiva salvadoreña llegaran a Washington, Gerry Rice, vocero del FMI, había reiterado que, en aras de llevar a buen puerto la negociación, El Salvador tendría que “recalibrar” sus políticas internas para lograr crecimiento inclusivo, sostenibilidad fiscal y estabilidad financiera, además de prepar un plan completo para alcanzar esas metas. Alrededor de ese plan, dijo Rice, se mueven las negociaciones.

Dos funcionarios latinoamericanos de multilaterales consultados en Washington respecto a las negociaciones salvadoreñas, y anteriormente respecto a un diálogo similar que la Argentina tiene con el FMI, coinciden en que los asuntos de la disciplina fiscal y reducción de déficits son esenciales para el Fondo.

“Esos son los consensos en las multilaterales en Washington, y es por lo que puja Estados Unidos, que es el votante principal”, dijo uno de los funcionarios consultados, y quien habló desde el anonimato por no estar autorizado a hacerlo en público. “Quien se aleja de eso se aleja de los acuerdos”, añadió.

Durante su visita a Washington la semana pasada, Ibrajim Bukele y su comitiva también se reunieron con el Departamento del Tesoro. Ahí, los salvadoreños volvieron a escuchar de funcionarios de la administración Biden reparos por algunas decisiones del gobierno Bukele que Washington considera han deteriorado la democracia de El Salvador, según contó a Infobae un asistente legislativo demócrata que fue informado sobre lo conversado en esa reunión.

Para el economista Rafael Lemus, las discusiones actuales de El Salvador con el FMI deben entenderse desde “dos áreas de complejidad”: lo propio del programa de ajuste macroeconómico y lo relativo al bueno gobierno, que implica transparencia, combate a la corrupción y respeto al estado de derecho.

“El impase del acuerdo radica en que el presidente Bukele no es prodisciplina y prudencia fiscal, así como tampoco de una gestión de buen gobierno. Su gestión tiene el sello totalmente contrario: populismo fiscal, que es expansión de gasto con deuda y sin freno, así como destrucción de las instituciones democráticas”, opina Lemus.

Sigue el economista: “Un acuerdo con el FMI implica una contorsión de la gestión de 180 grados, que es improbable que ocurra”.

Algunos hechos recientes parecen dar la razón a Lemus. El 10 de noviembre, dos días después de la reunión de los salvadoreños con el Fondo, el ministro de gobernación (interior) de Bukele presentó a la Asamblea Legislativa dominada por el oficialismo una iniciativa ley para regular la acción de “agentes extranjeros” en El Salvador. Calcada de legislación similar impulsada por el dictador Daniel Ortega en Nicaragua, la iniciativa salvadoreña apunta, entre otras cosas a fundaciones, organizaciones de sociedad civil y medios periodísticos independientes que se financian, en parte, con donaciones del extranjero y muchas de las cuales han sido críticas del gobierno Bukele.

Organizaciones como Human Rights Watch y la Sociedad Interamericana de Prensa se han pronunciado en contra de la ley y han pedido a los diputados salvadoreños archivarlas. El oficialismo no ha retrocedido y, por el contrario, ha intensificado los ataques a sus críticos.

Lo de la ley de agentes extranjeros se suma a una larga lista de reclamos internacionales a Bukele por acciones antidemocráticas como las del primero de mayo de 2021, cuando la recién estrenada bancada de Nuevas Ideas, el partido oficial, se deshizo de las cabezas del judicial y el ministerio público para colocar a funcionarios afines que han permitido al presidente, entre otras cosas, abrir su camino a la reelección en 2024, enterrar investigaciones penales que le afectan a él y a sus funcionarios, garantizar su pacto con las pandillas MS13 y Barrio 18, controlar a la mayoría de jueces del país y encarcelar a adversarios políticos.

Fue aquel primero de mayo que las conversaciones con el FMI se enfriaron.

Si, al final, el acuerdo con el Fondo no prospera, los escenarios financieros para El Salvador no pintan bien. Rafael Lemus adelanta tres posibles: una decisión gubernamental de echar mano de los fondos de pensiones, el impago o la desdolarización a través de la introducción real de una moneda digital salvadoreña. En un plan para ejecutar la última opción ha trabajado activamente Ibrajim Bukele, según una investigación de El Faro.

El impago, cree Lemus, no es un escenario lejano: “Es una ruta en la que han avanzado desde que han tomado deuda como si no hubiera mañana para financiar principalmente gastos corrientes y, en menor proporción, inversión pública”. Justo el camino contrario al exigido por el FMI.

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