Cuáles son las “leyes malditas” contra las que se extienden las protestas en Bolivia

La incertidumbre y la tensión social en Bolivia continúan en el octavo día de paro y de movilizaciones, a pesar de que el presidente Luis Arce anunció el sábado pasado la abrogación de la Ley 1386, el último disparador de protestas que provocaron hasta ahora una muerte, decenas de heridos y centenares de arrestados por violentos enfrentamientos entre civiles que defienden al Gobierno y los que lo rechazan, además de la represión policial.

La pacificación del país está supeditada en estas horas a que la Asamblea Legislativa abrogue de inmediato la polémica norma de Lucha contra las Ganancias Ilícitas, promulgada en agosto pasado, pero se han sumado nuevas demandas como la abrogación de al menos otras seis que son rechazadas por organizaciones sociales y ciudadanas y, lo que parece aún más difícil que sea aceptado por el MAS, la reposición de la necesidad de contar con los dos tercios de votos en el Congreso para reformas importantes o leyes clave, de manera que se permita a la oposición un contrapeso en el tratamiento de leyes.

Se espera que la noche de este lunes exista unanimidad entre los diputados oficialistas y opositores para aprobar en forma rápida y urgente una ley corta que abrogará la 1386. El presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, anunció este lunes que la sesión no durará más de una hora, de manera de que sea inmediatamente trasladada al Senado, que también deberá hacerlo de manera veloz para que se desactiven las movilizaciones de protesta.

Sin embargo, la abrogación de esta ley podría resultar insuficiente para devolver la calma a Bolivia, considerando que el domingo en la noche el Comité pro Santa Cruz y dirigentes de los sectores movilizados anunciaron en una especie de “minicabildo” que el paro indefinido continuará hasta la abrogación de la 1386 y hasta que se agende en ese mismo lapso la derogación de lo que los opositores llaman paquete de “leyes malditas” y la reposición de los dos tercios de votos en el Legislativo, para restablecer un mayor equilibrio entre el oficialismo y la bancada de la oposición.

En el octavo día de paro, algunas regiones resolvieron desmovilizarse, pero mantienen la emergencia y han dado un plazo de 48 horas para que se abrogue la ley. Es el caso de la región de Tarija.

En cambio, las posiciones siguen especialmente duras en Santa Cruz, el epicentro de la movilización, que ha seguido acatando el paro y con sus carreteras bloqueadas, y Potosí, cuyo Comité Cívico coincide con el cruceño en que la abrogación de la norma 1386 es insuficiente. En la ciudad de Sucre, que la semana pasada no tuvo más que una gran marcha de protesta, este lunes amanecieron con bloqueos. Mientras tanto, La Paz, que tuvo una semana en calma, ha convocado este lunes a la Asamblea de la Paceñidad, que definirá acciones a seguir que garanticen la abrogación de la polémica ley.

Por su lado, el Gobierno ha combinado discursos amenazantes desde el domingo, con tonos más optimistas este lunes. Fueron el propio presidente Luis Arce y el vicepresidente David Choquehuanca los que advirtieron que habrá levantamientos de los movimientos sociales que los apoyan y del pueblo para garantizar la estabilidad y la democracia, ante lo que consideran protestas para derrocarlos. El segundo mandatario, de origen indígena, llegó incluso a advertir en un mitín con sus seguidores: “cuidado con la ira del inca”.

Tales amenazas dispararon en las organizaciones sociales que protestan contra el Gobierno respuestas también elevadas de tono, lo que reflejan la alta tensión social.

Sin embargo, este lunes el ministro de Justicia, Iván Lima, optó por moderar el lenguaje beligerante y dijo que es optimista con el curso de los acontecimientos en las próximas horas, esperándose una desmovilización pronto de los sectores que están en las calles.

Las normas rechazadas

Son al menos siete las leyes rechazadas por las organizaciones sociales que las resisten y por la oposición. Hace poco más de un mes, el presidente Luis Arce retrocedió con el tratamiento de otra polémica norma complementaria a la Ley contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, que será abrogada en las horas que vienen.

La nueva demanda surgida en las movilizaciones exigen la abrogación de las siguientes leyes que fueron promulgadas en semanas y meses pasados:

1.-Ley de emergencia sanitaria (rechazada por los médicos)

2-Ley de carrera de generales y ascensos de la Policía boliviana (rechazada por esposas de policías)

3.-Ley de Estadísticas Oficiales del Estado

4.-Ley de Registro de Comercio

5.-Ley de Fortalecimiento para la lucha contra la Corrupción

6.-Ley 242, que aprueba el Plan de Desarrollo Económico y Social (rechazada por universidades públicas, alcaldías y gobernaciones).

También ha aparecido un proyecto de ley del inquilinato que provocó rechazo y que se espera no sea tratado.

En una rueda de prensa realizada la mañana de este lunes, el líder de la alianza opositora Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, dijo que su alianza apoyará en el Congreso esta demanda de abrogación del llamado “paquete de leyes

”, ya que refuerzan la idea de “un Estado policíaco”.

“Hemos llegado a esta situación en Bolivia porque cuando se cierran todas las puertas al diálogo y al debate la gente sale a las calles, ya que el Gobierno no ofrece ningún camino, en la lógica de los discursos únicos y de odio. Si siguen así, el panorama no cambiará. El pueblo acaba de tener una segunda victoria con el anuncio de la abrogación de la ley 1386 y Comunidad Ciudadana apoyará en el Legislativo que se le dé curso. Sin embargo, queda un paquete de las llamadas leyes malditas en mesa. El Gobierno debe abrir un espacio de discusión y debe ser el escenario parlamentario”, sostuvo Mesa.

El Gobierno ha asumido que ha fallado en la socialización de las normas y promete abrir un nuevo debate.

Los dos tercios, otra batalla

Además de esta exigencia de abrogación de casi una decena de leyes, las organizaciones sociales contrarias al Gobierno y la oposición se han propuesto una nueva batalla que parece más compleja, como es la de la reposición de los dos tercios de los votos en el Legislativo.

Este sería el candado que impide tener contrapeso de poder en el debate de leyes, ya que fue cerrado por el MAS antes de que Luis Arce asuma. En las últimas elecciones presidenciales el oficialismo perdió los dos tercios que le permitieron a Evo Morales legislar con comodidad, cuando fue Presidente.

Una maniobra de último momento del MAS en el anterior Parlamento cerró el candado a la nueva gestión legislativa para que no sea necesario ya al nuevo oficialismo tener en algunos casos que aprobar leyes con los dos tercios, es decir, con una necesaria concertación o acuerdos con opositores. Por ejemplo, los juicios de responsabilidades a expresidentes, el ascenso de generales de la Policía y de las Fuerzas Armadas, o la elección de algunas altas autoridades se debe realizar por dos tercios, según normas y reglamentos que no se han considerado en este último año de gestión.

“Para Comunidad Ciudadana, la reposición de los dos tercios es cuestión de Estado. Por eso ahora presentaremos un proyecto de reposición a las dos cámaras legislativas, que modifican los artículos que han vulnerado los dos tercios. Esto se resuelve si el MAS vota a favor”, dijo Carlos Mesa.

Es en este contexto que se desarrolla la protesta en Bolivia y su continuidad o conclusión se darán si se avanza con los nuevos pedidos, particularmente surgidos en los departamentos de Santa Cruz y Potosí. Otros sectores movilizados han adelantado que el conflicto terminará solo cuando se abrogue la ley 1386.

SEGUIR LEYENDO: