Arce retrocede por segunda vez en una Bolivia irreconciliable

Cuando parece que Bolivia está otra vez en un laberinto sin salidas, por un largo paro indefinido de una semana, el presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora, retrocedió por segunda vez en un mes ante la protesta social y anunció el sábado en la noche la abrogación de la ley 1386, que es la demanda principal de varios sectores que salieron a las calles, con el resultado de violentos enfrentamientos. El largo conflicto que han vivido de nuevo los bolivianos solo refleja la ruptura “irreconciliable” del Gobierno de Luis Arce Catacora con el bloque de las oposiciones parlamentarias y con organizaciones sociales contrarias al MAS.

Fueron los movimientos sociales del oficialista Pacto de Unidad los que tomaron antes que Arce el sábado en la noche la palabra para respaldar al Gobierno y amenazar con desbloquear desde el lunes y sancionar a los líderes del paro, si mantienen sus movilizaciones que, según ellos, buscan derrocar al primer mandatario. Blindado por ellos, enseguida el Presidente de Bolivia anunció la abrogación de la polémica ley 1386, con el propósito de que no “hayan pretextos” y para cuidar así la economía sin medidas de protesta que la afecten.

El paro indefinido de diversos sectores que rechazan al Gobierno ha tenido una vez más como epicentro el departamento de Santa Cruz, considerado el bastión opositor al masismo. Le han secundado en esta semana de conflicto ininterrumpido los contrarios al oficialismo en otras regiones como Potosí, Cochabamba, Tarija y Chuquisaca, que son donde más se han sentido las movilizaciones de protesta que demandan la abrogación de la Ley 1386, al considerar que ésta atenta contra la propiedad privada y promueve la “venezolanización” o la “cubanización” de Bolivia.

La mirada del Gobierno se puso principalmente en Santa Cruz, ya que en esta región nació en octubre de 2019 el paro de 21 días, liderado por el entonces líder cívico Luis Fernando Camacho, que se expandió en ese tiempo por todo el país para exigir la renuncia del entonces presidente Evo Morales, que finalmente dejó el poder el 10 de noviembre de ese año, después de casi 14 años de Gobierno. Los líderes del oficialismo consideran que los cívicos buscan gestar otra vez lo que llaman un “segundo golpe de Estado”, pero los opositores niegan que antes hubo un golpe y aseguran que no lo habrá ahora. También responden que nadie ha pedido la salida de Luis Arce del Gobierno, a solo un año de su mandato de cinco.

La movilización llamada “multisectorial”, porque ha aglutinado principalmente a gremialistas, transportistas, trabajadores de salud, agropecuarios y cívicos, nació hace un mes y medio con la demanda del retiro del proyecto de ley 218, “Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas”, y ha seguido con la exigencia de la abrogación de la 1386, definida como una “ley madre” de la anterior. A medida que el conflicto ha escalado, se han añadido demandas como la abrogación de un paquete de casi una decena de leyes y el reconocimiento de los dos tercios en el Parlamento, que, según la oposición congresal, fue anulado por el MAS y le impide contrarrestar normas del oficialismo que tendrían el objetivo de “implantar el totalitarismo y la persecución política”.

El Gobierno se queja de que los opositores, con ayuda de la “desinformación mediática”, han implantado el “miedo” para hacer detonar un conflicto que busca la desestabilización de Luis Arce. Para contrarrestar la protesta callejera, tanto el Presidente Luis Arce, como el vicepresidente David Choquehuanca, convocaron a los movimientos sociales afines al oficialismo a “levantarse” y a “mostrarse” en las calles.

Precisamente, este sábado los dirigentes de esas organizaciones acompañaron a Arce en la Casa Grande del Pueblo durante su anuncio de abrogación de la ley 1386 y lanzaron amenazas contra los sectores sociales que paran, si es que mantienen la medida.

Por su parte, el expresidente Evo Morales le presentó a Arce esta semana en la zona cocalera de Chapare lo que él mismo llamó “los soldados de la revolución democrática” y anunció para los próximos días una marcha masiva de defensa del Gobierno ante lo que define como “otro intento de golpe de Estado”.

Además, al comienzo del conflicto, el Gobierno dispuso la salida a las calles de la Policía para desbloquear los lugares de la protesta. A esa acción se sumaron seguidores del MAS que atacaron a los movilizados en los puntos de bloqueo, con el saldo de violentos choques entre civiles, especialmente en Potosí, donde se registró la muerte de un joven que pertenecía a una de las partes enfrentadas.

También esta semana se tuvo al menos 250 arrestados y decenas de heridos por enfrentamientos, sobre todo en zonas más populosas de las ciudades de Santa Cruz, Tarija y Cochabamba.

A diferencia de las protestas de los 21 días, en la crisis de 2019, cuando la Policía y las FFAA evitaron intervenir en los choques entre los civiles masistas y antimasistas, esta vez la Policía optó inicialmente por reprimir a manifestantes contrarios al Gobierno y por acompañar a los seguidores del oficialismo en el desbloqueo, sobre todo en Santa Cruz. Ante la crítica y denuncias documentadas del uso desproporcionado de la fuerza por los policías, en las jornadas posteriores del conflicto la organización policial optó por la disuasión, por proteger a los civiles del MAS que desbloquean, como han denunciado algunos vecinos, y por dispersar a los que se enfrentan en las calles.

El vocero del Presidente, Jorge Richter, confirmó en una entrevista por TV que se tuvo que ejecutar cambios en algunos mandos policiales por el malestar que generaron los abusos y la violencia.

Diálogo sin éxitos

Sin renunciar a la intervención policial de los bloqueos, a la movilización callejera de sus seguidores para enfrentar a los que bloquean y a la confrontación con los opositores, principalmente con los dirigentes cívicos de Santa Cruz y de Potosí, el Gobierno llamó a un diálogo el viernes y sábado en la mañana por separado con los gremialistas y con los transportistas, que son pilares de esta movilización que ya lleva una semana.

Los ministros que conducen el diálogo anunciaron antes de conocer la noticia de la abrogación acuerdos para no abrogar, pero para aprobar juntos el decreto reglamentario de la ley 1386. Sin embargo, estos convenios fueron refutados por otros dirigentes de los gremialistas y de los transportistas, que rechazaron dialogar si no se abroga primero la polémica norma. Finalmente, el diálogo del Gobierno con gremialistas y transportistas cercanos al oficialismo resultó en vano.

Los que no asistieron a la convocatoria al diálogo habían argumentado en horas precedentes al anuncio reciente de Arce que el convenio entre el Gobierno y dirigentes de sectores que le son afines no evitará que el paro siga y que se endurezcan las movilizaciones en los próximos días, si Luis Arce no deroga la ley.

Precisamente, en el sexto día de paro indefinido continuaron algunos violentos enfrentamientos en una de las zonas populosas de Santa Cruz, entre afines y contrarios al Gobierno, y se anunciaron el reinicio de movilizaciones y marchas a partir del lunes en Chuquisaca, Tarija y Cochabamba. El conflicto tendía a crecer en el inicio este lunes de la segunda semana de paro indefinido, considerando que sectores de las ciudades de La Paz y de El Alto anunciaron medidas de protesta.

Hasta ahora las movilizaciones en la sede del Gobierno fueron tímidas. Sin embargo, se supo que estarían por comenzar próximamente, lo que complicaría el clima social precisamente en el bastión electoral del MAS, hasta ahora relativamente calmo.

Con la tensión en alza, particularmente en Santa Cruz de la Sierra, el Gobierno anunció también a último momento y de manera sorpresiva la suspensión de una parada militar en una avenida céntrica de la ciudad, prevista para el reciente sábado por el Día del Ejército. La inusual movilización de soldados y de vehículos castrenses con armamento había provocado una desconfianza y rumores de militarización de la región donde se concentra la protesta social. El Ministro de Defensa, Edmundo Novillo, confirmó a pocas horas del acto militar la suspensión, tras analizar y convenir con el Alto Mando de las Fuerzas Armadas, que no habían condiciones adecuadas para realizarlo por la elevada tensión.

Entre la confrontación y una nueva tregua

Con este panorama de tendencia al aumento de la confrontación, a pesar del anuncio reciente de derogación, Bolivia entra a una semana en la que se espera la resolución de un nuevo conflicto que, en el fondo, tiene como origen estructural la división de la sociedad y una ruptura que se ve irreconciliable del Gobierno con las oposiciones, agudizada sobre todo desde 2016, cuando comenzó la resistencia ciudadana opositora a la decisión de Evo Morales de forzar judicialmente su candidatura a la reelección, desconociendo el resultado del referéndum en el que ganó el No a esa opción.

Desde entonces, la sociedad se polarizó más y se sucedieron graves crisis políticas y sociales que derivaron primero en la renuncia de Evo Morales, en noviembre de 2019, y en la constitución del gobierno transitorio de Jeanine Añez, con 11 meses marcados por dos masacres y una alta confrontación.

Aunque en las elecciones de octubre de 2020 el MAS consiguió una votación de 55%, que le posibilitó a Luis Arce conseguir la Presidencia con un triunfo amplio, pasado un año se volvió a reabrir la disputa en las calles y en los escenarios políticos.

El nuevo Gobierno prometió iniciar la reconciliación, sin renunciar a la búsqueda de justicia para los muertos de las masacres de Senkata y Sacaba y el encarcelamiento de los que considera protagonistas de un supuesto golpe de Estado. En ese contexto, la confrontación se profundizó, ya que las oposiciones consideran que hubo y hay más venganza y persecuciones políticas que justicia. Hasta ahora son decenas de personas las encarceladas o buscadas, entre ellas la expresidenta Jeanine Añez, que no han contado con el “debido proceso” judicial, según los opositores.

Los congresistas de Comunidad Ciudadana y de Creemos, que son del bloque opositor, se quejan de la mayoría arrolladora del MAS, que no les permite debatir leyes. Constantemente se han producido escándalos por los enfrentamientos dentro del Congreso, con pugilatos, agresiones e insultos, de los que el propio presidente Luis Arce no se ha librado en ocasiones como su reciente mensaje al país dentro del Parlamento.

Con la gente todavía en las calles, analistas consideran que el Gobierno y los opositores podrían optar por una salida que les dé a ambos una sensación de “empate” para pacificar momentáneamente al país, sin que esto descarte más adelante una nueva confrontación parecida o peor, dado que no hay relación alguna de diálogo, principalmente entre el oficialismo, los líderes de la oposición parlamentaria y los cívicos. Incluso las amenazas de choques se han incrementado en este largo conflicto. “Después de ganar el MAS ampliamente las elecciones de 2020, los cívicos de Santa Cruz aspiran al menos a empatar y que se los reconozca y no se humille a la región. Si logran la derogación de la ley habrán conseguido ese empate. El Gobierno puede quedar débil, pero al menos habrá obtenido un empate que será mejor que un desenlace violento”, dijo a Infobae un asesor político que ha contactado a liderazgos de ambos bandos y que prefirió mantener en reserva su identidad.

SEGUIR LEYENDO: