El pacto de Nayib Bukele con las pandillas se agrietó: las razones detrás de la ola de asesinatos en El Salvador

El Salvador amaneció el miércoles y jueves contando muertos, como suele ocurrir cada vez que algo distorsiona el pacto que existe entre las pandillas MS13 y Barrio 18 y el gobierno de Nayib Bukele.

Para las cuatro de la tarde del jueves, el su segundo día de violencia callejera descontrolada, miembros del instituto forense estatal reportaban 10 cadáveres. La escalada había dejado 12 muertos y otros 20 el día siguiente.

La respuesta del gobierno ante el incremento fue errática durante las primeras horas. Primero, el mando policial intentó disminuir la magnitud del alza; luego, el mismo presidente Bukele, en su cuenta de Twitter, anunció el despliegue de cientos de soldados a las calles y culpó a “fuerzas oscuras” de promover la violencia. La Policía y el Instituto de Medicina Legal habían suspendido los permisos desde la noche del martes anterior, según dos funcionarios consultados en esas instituciones.

Un asesor de Casa Presidencial, quien como la mayoría de las fuentes consultadas para esta nota hablaron bajo condición de anonimato por seguridad, aseguró que el gobierno se preparaba, el miércoles, para una operación nacional de ambas pandillas que puede durar unos cinco días. Hasta el jueves por la noche, la mayoría de las muertes violentas se concentraba en San Salvador y municipios aledaños en la zona central de El Salvador.

El jueves por la mañana, un oficial de alto rango de la Policía Nacional Civil (PNC), aseguró a Infobae que líderes del Barrio 18 dieron orden desde la cárcel de ajustar las cuentas que han quedado pendientes durante el periodo de tregua con el gobierno.

Uno de los oficiales de alto rango de la PNC también confirmó a Infobae que la MS13 dio la orden de “abrir válvulas” luego de que funcionarios de centros penales informaron al liderazgo de la pandilla de un plan para asesinar a dos líderes reclamados por Estados Unidos por actos de terrorismo, homicidios y otros delitos. En la jerga pandillera, abrir las válvulas significa que los liderazgos, ya sea los que controlan la actividad en las calles o los jefes históricos recluidos en las cárceles, dan luz verde a la violencia.

Voceros del gobierno de Nayib Bukele, desde diputados hasta asesores y miembros del gabinete de seguridad, intentaron atribuir el alza de homicidios a la oposición política.

Infobae, sin embargo, habló entre el miércoles y el viernes con dos altos oficiales de la Policía Nacional Civil, un comisionado policial en retiro informado sobre las discusiones internas por el alza en las cifras de violencia y un funcionario cercano a Casa Presidencial, quienes coincidieron en que el aumento en las muertes se debe a una ruptura temporal del pacto que el gobierno Bukele ha mantenido con la MS13 y el Barrio 18, las principales pandillas del país, para que estas reduzcan los homicidios a cambio de beneficios carcelarios y económicos.

Juan José Martínez, antropólogo y escritor salvadoreño que ha estudiado a las pandillas desde hace más de una década y es uno de los académicos que mejor conoce las dinámicas de estos grupos, coincide en que la coyuntura de violencia está relacionada al diálogo entre la MS, el Barrio 18 y el gobierno de Bukele.

“Algunas clicas han abierto la válvula. Es innegable que esto tiene que ver con las peticiones de las pandillas al gobierno. Históricamente la forma que tienen el gobierno y las pandillas de comunicarse es con muertos; esas son las palabras que ellos usan”, asegura Martínez en referencia a treguas previas pactadas por la MS y el Barrio 18 con administraciones anteriores a la de Bukele.

Desde que asumió como presidente de El Salvador, en junio de 2019, Nayib Bukele ha sostenido el pacto con las pandillas, según revelan dos investigaciones periodísticas del periódico independiente El Faro que citan documentos oficiales de la Dirección General de Centros Penales (DGCP) y muestran fotografías recopiladas por investigadores de la Fiscalía General de la República (FGR) entre 2019 y 2020 en el marco de un caso conocido como Catedral, abierto para profundizar en la relación entre funcionarios de Bukele y los liderazgos pandilleros recluidos en varias prisiones del país.

Estos reportes también han revelado que funcionarios de Bukele destruyeron documentos para ocultar esas reuniones. La Fiscalía General, desde mayo de 2021 a cargo de Rodolfo Delgado, acólito del gobierno, no ha abierto investigaciones por esto.

Parte de la prueba recogida en Catedral es del conocimiento de una fuerza de tarea estadounidense formada en 2021 por agentes del Departamento de Justicia, la Administración Antidrogas y el Departamento de Estado que investiga a varios funcionarios de Bukele relacionados con las pandillas, entre ellos a Osiris Luna, el director de cárceles, y Carlos Marroquín, funcionario del Ministerio de Gobernación, según han confirmado a Infobae en varias ocasiones oficiales en Washington que son informados de forma regular sobre el estado de estas investigaciones.

Además de facilitar la entrada de mandos de la pandilla y funcionarios del gobierno a las cárceles para entablar diálogos con los líderes de la MS13 y el Barrio 18 en los penales, o de permitir salidas irregulares de los reclusos a centros hospitalarios con el mismo fin, Bukele y sus operadores han blindado a dos jefes de la MS cuyas extradiciones solicita Estados Unidos.

Las posibles extradiciones a Estados Unidos de Eliú Melgar Díaz, alias Blue, y Edwin Rodríguez, alias Manicomio, líderes de la MS13, han mantenido ocupados a los funcionarios que Nayib Bukele y sus diputados impusieron como cabezas de la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General. En corto, magistrados y fiscal han hecho de todo para impedir que ambos pandilleros terminen en cárceles estadounidenses.

El lunes anterior, poco antes de la escalada de violencia en El Salvador, el diario La Prensa Gráfica reveló que, en septiembre, el fiscal general Delgado pidió a la Corte Suprema que niegue la extradición de “Blue” porque no hay seguridad de que Estados Unidos respete las garantías constitucionales del pandillero, con lo que, si es condenado en el país norteamericano, podría ser sentenciado a cadena perpetua o a pena de muerte, castigos no contemplados por la legislación salvadoreña.

Delgado, sin embargo, sabe que su alegato no tiene fundamento: su antecesor, Raúl Melara, ya había aceptado en Washington, ante la autoridad judicial pertinente, el ofrecimiento estadounidense de no aplicar ni la pena máxima ni la sentencia de vida en prisión, como Infobae reveló en septiembre. Los magistrados destituidos en mayo por los diputados bukelistas también habían aceptado preliminarmente las garantías ofrecidas por Estados Unidos.

Un asesor cercano a Melara y un exfuncionario de la Corte Suprema aseguraron a Infobae que detener la extradición de los líderes de la MS13 fue una de las razones para imponer a Delgado como fiscal y descabezar a la anterior Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema.

Una de las fuentes policiales consultadas para esta nota aseguró que la alerta sobre la escalada de violencia ordenada por el liderazgo de la MS inició luego de que un funcionario de prisiones advirtió a la ranfla, como se conoce a los jefes de la pandilla, sobre un posible plan para matar a los pandilleros extraditables.

El antropólogo Martínez considera que todo el asunto de la extradición puede ser una hipótesis viable para explicar el alza reciente de violencia.

“Está sobre la mesa la posibilidad de extraditar pandilleros, el Blue, el Manicomio, y la posibilidad de empezar a mandar pandilleros a Estados Unidos. A la MS13 esto obviamente no le conviene y tiene la posibilidad de quebrarle una de las patas a la gobernabilidad de la gestión Bukele, que es la reducción de homicidios y de muchos delitos más asociados a pandillas. La MS está jugando con esto para evitar la extradición”, opina Martínez.

Desde Washington también se sigue de cerca el alza reciente en la violencia y el pacto de Bukele con las pandillas.

“El pacto clandestino del régimen con estas pandillas letales, reforzado por la decisión descarada de otorgar protección a más de una docena de líderes pandilleros acusados en cortes estadounidense de aterrorizar a nuestras comunidades, y el reciente baño de sangre en las calles de El Salvador, muestran que esta estrategia es un fracaso costoso. Cuando los delincuentes son, literalmente, parte del gobierno y están blindados de la justicia estadounidense, el futuro del país está en riesgo”, dice Roger Noriega, exdiplomático estadounidense de alto rango y una de las voces más influyentes en los círculos republicanos que siguen de cerca temas centroamericanos.

En todo caso, es poco probable que la MS13 y el Barrio 18 sean capaces de mantener la escalada violenta por mucho tiempo. Una fuente de la inteligencia policial insistió en que, por la información que tienen, creen que los ataques no se extenderán más allá de este fin de semana.

Para el antropólogo Martínez, la violencia descontrolada no es algo que cuadre ni en los planes del Estado ni en los de la pandilla.

“Mi hipótesis es que la pandilla puede jugar a poner muertos en la calle, pero no lo puede sostener mucho tiempo. Ni a la MS ni al gobierno les conviene volver a los sistemas de violencia del 2015 (cuando, tras romperse una tregua pandillera con el expresidente Mauricio Funes, El Salvador alcanzó sus peores índices de violencia desde el fin de la guerra civil en 1992); no es bueno para el negocio, no es bueno para la pandilla, no es bueno para el Estado”, dice Martínez.

En los cálculos del gobierno Bukele, cree el antropólogo, así como en los de una MS13 más sofisticada, un escenario de pacto parece el más conveniente para ambos. “Que se hayan podido dar los acuerdos con el gobierno de Bukele tiene que ver con que la MS ya no quería mantener los mismos sistemas de violencia porque no es bueno para su nueva lógica de operar. A ambos les conviene esta nueva forma de mafia, que es más orientada al negocio que a la guerra”, asegura.

Fue el mismo Bukele quien, poco antes de la medianoche del jueves, dio por cerrado el exabrupto de violencia. “Después de casi 24 horas de haber lanzado el #DespliegueNacional (como su aparato de propaganda bautizó al desfile de tanquetas y retenes militares en San Salvador), podemos anunciar que hemos contenido el alza de violencia de los últimos días”, tuiteó el presidente.

Durante todo el jueves, Bukele tuiteó largos hilos y retuiteó las cuentas oficiales de la PNC y el ejército. Los tuits le sirvieron para publicar fotos de los operativos militares, de unos maletines con dinero que eran el pago del rescate de un secuestro de acuerdo con la misma Policía, pero según el presidente eran “financiamiento” para los grupos violentos y para culpar a sus opositores de pactar con las pandillas. En ninguno de esos tuits el presidente mencionó a la MS13 o al Barrio 18.

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