Quinto día de huelga en Bolivia: sectores del oficialismo apoyan derogar la ley que desató las protestas, pero el gobierno se niega

Bolivia completó este jueves cuatro jornadas de un paro que se inició de manera dispar y que con los días ha tomado fuerza en las diferentes regiones del país ante los excesos de la Policía contra manifestantes y la prensa, y la suma de más demandas en contra de varias leyes promovidas por el Gobierno.

En todas las regiones de Bolivia se han registrado bloqueos, marchas y diferentes manifestaciones contra la aprobación de la ley de Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento al Terrorismo; y a la que se han sumado otros reclamos ciudadanos.

Los ánimos podrían caldearse porque más sectores -incluso afines al oficialismo- se sumaron al paro y anunciaron para este viernes nuevas movilizaciones. Entre esos sectores, están los choferes, mineros y comerciantes.

“Hemos estado en la socialización de la Ley 1386, donde hemos podido evidenciar, conjuntamente al expositor, que esta norma va en contra del transporte. Es por eso que mañana (hoy) tenemos un ampliado departamental de La Paz, en el que veremos qué acciones tomaremos”, declaró Edson Valdez, ejecutivo de la Federación Departamental de Choferes 1 de Mayo, el sindicato de transporte más grande de La Paz.

Por su parte, Édgar Huallpa, presidente de los cooperativistas mineros de Potosí, advirtió que si el Gobierno no atiende sus demandas se contactará a las regionales para unificar esfuerzos, hasta lograr la abrogación de la norma.

“El sector cooperativista minero está con su pueblo. Queremos hacer conocer que esas leyes malditas que ha sacado el presidente (Luis Arce) deben ser abrogadas. Esto no es solo para Potosí, esto es para todos los bolivianos”, dijo Huallpa, según consignó El Deber.

Cada región

La situación en Potosí es tensa tras los violentos sucesos de los últimos días en los que periodistas fueron agredidos por miembros de la Policía y por sectores afines al oficialismo.

A esto se sumó la muerte de un hombre por la que el Gobierno abrió una investigación contra comités cívicos y sectores opositores, pues los señala de alentar los incidentes y de “entorpecer” las labores para evitar el deceso del campesino, que según la autopsia falleció por “asfixia mecánica por bronco aspiración con cuerpo extraño” y “no presentaba signos de violencia”.

Ante estos hechos las cooperativas de mineros, antes cercanos al Gobierno, marcharon de manera pacífica para exigir la abrogación de la “ley madre”, rechazar los excesos de la Policía en las manifestaciones y pedir seguridad para todos.

En Tarija las autoridades han llamado al diálogo al Gobierno con los distintos sectores movilizados y evitar que el paro y las protestas se extiendan por más días.

En Oruro, donde también se registraron agresiones contra los comunicadores que cubren el paro, la Federación Departamental de Trabajadores de Educación Urbana se sumó este jueves al pedido para que se derogue la ley 1386 y prevé articularse con otros gremios para adoptar otras medidas.

En Santa Cruz, eje del paro nacional, se realizó un “camionazo”, una caravana de camiones de carga pesada que por momentos tuvo amagues de tensión con la Policía que en algunos tramos les bloqueó el recorrido.

La región de Santa Cruz, motor productivo del país, es donde se ha acatado el paro de forma más estricta y con intervalos para que las personas puedan abastecerse de alimentos y otros enseres.

En Cochabamba las calles se llenaron de basura por los bloqueos de varios ciudadanos que unieron a las protestas contra la ley 1386 sus demandas para que las autoridades resuelvan varias obras que desde hace años están inconclusas en esa urbe.

En la ciudad de Yacuiba, en el departamento de Tarija, los productores agrícolas realizaron un “tractorazo”, mientras que el Comité Cívico de Tarija advirtió que no cederán hasta que el Gobierno derogue las leyes que afectan la autonomía de las regiones y la economía del país, además rechazó “la actitud vandálica” de los sectores afines al MAS.

La región amazónica del Beni expresó su respaldo al paro pero solo acató la medida por dos días, pues los mismos gremios reconocen que es el departamento más pobre del país y por esa razón no pueden parar las actividades por tanto tiempo.

Por el contrario, el paro en La Paz, sede del Gobierno y el Parlamento, y en la ciudad de El Alto, una de las más pobladas del país, no ha tenido tanta receptividad la medida, salvo pequeñas manifestaciones.

La única gran marcha se registró en la jornada del miércoles en la noche en la que grupos oficialistas y detractores del Gobierno se tomaron de forma masiva y pacífica las principales calles de La Paz, sin cruzarse unos con otros.

Llamados al diálogo pero sin intenciones de derogar la ley

El ministro de Economía y Finanzas Públicas de Bolivia, Marcelo Montenegro, dijo este jueves que se invitó a los gremiales o comerciantes a una reunión el sábado 13 de noviembre en la ciudad de Cochabamba. Sin embargo, el Gobierno no tiene intención de derogar la ley.

“Estamos invitando a todos los representantes de los compañeros gremiales de todo el país, para conversar aspectos relacionados a la Ley 1386″, señaló.

La Conferencia Episcopal Boliviana instó al Gobierno y a los sectores movilizados a propiciar espacios de diálogo e incluso se ofreció como facilitador de “una tregua social amplia”.

“Somos diferentes y podemos tener visiones muy distintas (...), por eso estamos llamados a buscar espacios de encuentro fraterno”, dijo monseñor Ricardo Centellas, presidente de la Conferencia Episcopal Boliviana.

Por otro lado, en algunas regiones recibieron con recelo los cambios de varios comandantes departamentales de la Policía luego de que esta semana se presentaran sendas denuncias contra miembros de esa institución por los excesos y la represión en contra de los manifestantes y de los periodistas que desde el lunes cubren el paro en las diferentes regiones del país.

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