El gobierno de Luis Arce ordenó el envío de más policías a las calles tras los enfrentamientos que dejaron un muerto. Este martes, una persona perdió su vida y 15 fueron detenidas en el segundo día de movilizaciones y protestas.
Los sectores que se movilizan confirmaron que este miércoles volverán a salir a manifestarse en lo que será el tercer día de huelga general. Como respuesta, el Ejecutivo envió más de 200 policías adicionales a Santa Cruz, informó El Deber. Fuentes del Comando Departamental afirmaron que serían traslados a las localidades de Montero y San José de Chiquitos para respaldar las acciones de desbloqueo de las carreteras, acotó el medio citado.
La Policía y grupos afines al oficialismo boliviano intervinieron este martes con violencia los bloqueos callejeros instalados en regiones como Santa Cruz, Cochabamba, Tarija y Potosí en el segundo día de una huelga nacional contra una polémica ley.
Sectores como transportistas, comerciantes informales y organizaciones ciudadanas cumplen el paro contra la ley de Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento al Terrorismo, también conocida como “ley madre”.
En Cochabamba, los transportistas se movilizaron con sus vehículos en una marcha que fue intervenida por agentes antidisturbios que les cerraron el paso y buscaban dispersarlos.
Los policías rociaron con gas pimienta en el rostro a dos mujeres que, junto a otras, se habían arrodillado para evitar que los agentes las hagan retroceder, para luego cargar con gases lacrimógenos contra todo el grupo de manifestantes.
“Nos sentimos afectados absolutamente todos, me apena mucho que nuestros hermanos policías tengan que recibir este tipo de órdenes para reprimirnos y no continuar con esta marcha pacífica”, dijo a la agencia EFE el dirigente de la Cámara Departamental de Transporte de Cochabamba, Edwin Velásquez.
Velásquez sostuvo que la ley cuestionada “es un atentado al sacrificio y esfuerzo de muchos años” de los transportistas.
Antes de la intervención policial, el dirigente intentó sin éxito hablar con el agente encargado del grupo policial para que les permitieran continuar su marcha que, aseguró, era pacífica.
En otro punto de la ciudad se desarrolló una marcha de comerciantes informales que reclamaban la abrogación de la norma.
En Santa Cruz hubo un fuerte despliegue policial para intervenir los puntos de bloqueo instalados en varias calles de esa ciudad, la mayor del país y motor económico de Bolivia.
Uno de los lugares más conflictivos fue la zona Los Lotes, donde los agentes emplearon gases lacrimógenos e incluso lanzaron potentes chorros de agua desde un vehículo antidisturbios.
Como ocurrió en la víspera, grupos afines al oficialismo se movieron por toda la ciudad cruceña para levantar los bloqueos con violencia y enfrentándose a golpes con los sectores que cumplían la huelga.
El panorama fue similar en la sureña Tarija, donde los sectores oficialistas arrebataron banderas a los huelguistas y terminaron yéndose a los golpes, y también hubo tensión en Potosí, con fuertes enfrentamientos entre los sectores manifestantes, policías y campesinos afines al MAS que intentaban levantar los bloqueos por la fuerza.
En Sucre, la capital constitucional del país, hubo una multitudinaria marcha de transportistas y en Oruro, una movilización de periodistas que pedía garantías para su labor fue reprimida por la Policía.
Gobierno y oposición
El ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, calificó de “fracaso” la huelga y consideró que sus impulsores buscan “desestabilizar a un Gobierno electo legítimamente”.
Montaño acusó al gobernador cruceño, el opositor Luis Fernando Camacho, y al líder cívico de esa región, Rómulo Calvo, de buscar que haya “muertes” y “confrontación”.
También anunció que la estatal Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) retirará los escombros y promontorios de tierra colocados para interrumpir el paso en algunas rutas.
Opositores criticaron que solamente hubiera detenciones de personas que protestan contra la ley y no así de los grupos oficialistas que intentan romper la huelga con violencia.
“Deploramos las agresiones de la policía y los grupos irregulares protegidos y azuzados por el Gobierno contra las protestas ciudadanas en Potosí, Oruro, Tarija y Santa Cruz. Exigimos el cese de la violencia masista y la liberación inmediata de los detenidos ilegal y abusivamente”, escribió en Twitter el ex presidente Carlos Mesa.
La fuerza opositora Creemos, liderada por Camacho, emitió un comunicado para lamentar que el Gobierno limite los derechos a la libertad de expresión y a la protesta con el argumento de que las manifestaciones son “una amenaza a la estabilidad gubernamental”.
También cuestionó la “discrecionalidad y politización” de las acciones policiales a favor del gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS), dando incluso protección a los grupos oficialistas que “realizaron ataques vandálicos con un discurso agresivo para manifestar su desacuerdo con el paro nacional”.
En Twitter, el ex presidente Jorge Quiroga recordó que los militantes del MAS solían realizar sendos bloqueos de carreteras antes de llegar al poder y aseveró que “ahora desbloquean salvajemente, usando policías y dirigentes para agredir ciudadanos, atacar periodistas y enfrentarnos entre bolivianos”.
La denuncia de los periodistas
Gremios de periodistas de Bolivia denunciaron este martes agresiones sufridas por informadores a manos de la Policía y de grupos afines al oficialismo durante las coberturas de la huelga.
El incidente más reciente sucedió en la ciudad andina de Oruro, donde una protesta de periodistas que reclamaban garantías para su labor tras sufrir agresiones en la víspera fue reprimida con violencia por la Policía que les negó el ingreso a la plaza principal.
Durante la protesta, un dirigente del sector, Juan Carlos Yaparí, fue golpeado en el rostro por un policía antimotines, lo que le provocó un sangrado nasal.
“Unos 20 periodistas, todos identificados con chalecos, credenciales y la leyenda de Prensa, expresaron protesta a gritos por la violencia y un jefe policial justificó la agresión al señalar que los agresores confundieron a los periodistas con sindicalistas del comercio informal”, denunció la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) en un comunicado.
Yaparí aseguró que los periodistas no han tomado parte por ninguno de los sectores en conflicto y defendió la labor informativa, según la ANP, que agrupa a los principales medios impresos del país.
Otros periodistas orureños denunciaron que el lunes también sufrieron agresiones de manifestantes que bloqueaban calles e intentaron quitarles sus cámaras de video.
El Sindicato de Trabajadores de la Prensa de Oruro pidió a las autoridades “policiales, judiciales y departamentales” que preserven “la democracia”, la libertad de expresión y el derecho a la información.
“Rechazamos las acciones y actitudes violentas de quienes hoy dicen ser representantes del pueblo, así como ellos, todos tienen derecho a disentir de sus opiniones o posiciones. Sólo así se ejerce una verdadera democracia”, indica el pronunciamiento de este sindicato.
(Con información de Europa Press y EFE)
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