Por casi 15 horas se llevó a cabo la llamada Ley Lázaro, con la que se consiguió dilatar las intervenciones en la Cámara de Diputados de Chile a la espera de que finalizara la cuarentena que se encontraba realizando el parlamentario Giorgio Jackson, y de esa manera pudiera votar en la Acusación Constitucional o juicio político contra Sebastián Piñera por la venta fraudulenta del proyecto minero Dominga en las Islas Vírgenes Británicas y que salió a la luz con los Pandora papers.
El diputado Jackson tuvo un contacto estrecho con el abanderado Gabriel Boric, quien dio positivo con la cepa Delta de coronavirus. Su cuarentena finalizó la medianoche de lunes.
Los diputados fueron citados presencialmente a las 10:00 de la mañana del lunes, y pocos minutos más tarde comenzó la intervención de Naranjo. El parlamentario fue elegido por sus pares a favor de la causa para que fuera el encargado de intervenir en la cámara, y bajo el amparo de la llamada Ley Lázaro tenía preparada una defensa de más de mil páginas, con cuya lectura pasó de la medianoche y así dilató el proceso hasta que el diputado Jackson pudiera finalizar su aislamiento y quedara habilitado para ingresar al Congreso a emitir su voto.
En su cuenta de Twitter, Jaime Naranjo publicó: “Tengo un discurso de 1.300 hojas. Hablaré todo el tiempo que sea necesario hasta que @GiorgioJackson esté en la sala de la @Camara_cl”. El parlamentario se dio tiempo incluso para leer de forma íntegra el contenido de la acusación constitucional contra Piñera “para que nadie pueda decir que no conocía los datos” del documento, afirmó.
Durante su intervención, insistió en varios pasajes sobre la responsabilidad del mandatario en la venta de Dominga, y que incluso el tema se ha comentado con sus pares de gobierno. “Hemos escuchado en los pasillos, de manera reservada, como parlamentarios de derecha en privado y en silencio, han condenado la conducta reiterada del Presidente con mezclar los negocios con el ejercicio de su cargo”, afirmó.
La oposición necesita 78 sufragios para que la acusación constitucional continúe su trámite, pero a causa del contagio de Boric dos parlamentarios no podrán participar en la votación de hoy, lo que complica a los acusadores.
De acuerdo a la normativa vigente, por unanimidad de la Sala los diputados pueden suspender la sesión y así dar una pausa a Naranjo, pero los parlamentarios de gobierno ya se manifestaron en contra de esta posibilidad.
La importancia de la presente votación es que, de acuerdo a la Ley Orgánica del Congreso, en la última sesión que celebre la Cámara para conocer de la acusación se votará su admisibilidad. Si es aprobada, se nombrará una comisión de tres diputados para que la formalice y prosiga ante el Senado.
Defensa de Piñera
Una carta con la que contaba la defensa del mandatario era invocar la cuestión previa, que hace relación a que el libelo no cumple con las normativas vigentes. Pero con el afán de no extender la jornada posibilitando así la llegada del voto de Jackson, no hicieron uso de ella.
Previamente, habían calificado la acusación como “maniobra política mañosa y con claros fines electorales”, afirmando que se trata de “una ostensible maniobra político-electoral, que toma como base suposiciones, atribuye intencionalidades, confunde fechas y distorsiona reglas claras y precisas de nuestro ordenamiento jurídico”. Señalan asimismo que, “en forma mañosa, el texto de la acusación intenta traer al presente una circunstancia ocurrida entre los años 2010 y 2011, correspondiente a una negociación entre empresas privadas, donde el Presidente de la República no tuvo participación ni conocimiento alguno”.
Para la defensa de Piñera, sin embargo, “lo más grave que agrega el escrito es el manifiesto desprecio por la verdad”. Al respecto, afirman que no pareciera importar que no sea efectivo que se haya utilizado información privilegiada en el Caso Barrancones para favorecer al Proyecto Dominga. Ni menos, que la investigación penal de la época haya desestimado los cargos imputados al mandatario. Por estas razones, la defensa pide que la acusación sea declarada inadmisible.
El anterior récord de intervenciones de larga duración en la Cámara de Diputados, lo ostenta el exparlamentario Jorge Ulloa, quien en 1992 habló 6 horas durante el debate de la acusación contra los ministros de la Corte Suprema Hernán Cereceda, Lionel Beraud y Germán Valenzuela; además del Auditor General del Ejército, Fernando Torres.
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