Ecuador: detuvieron a 5 sicarios de la megabanda Los Lobos

Ecuador vive una intensa ola de violencia criminal que se ha tomado las prisiones y las calles del país. Luego de la última masacre de este año que dejó 119 reos muertos, el gobierno intenta retomar el control en el sistema penitenciario y en las ciudades.

Para lograrlo, el gobierno del presidente Guillermo Lasso –que además de lidiar con las cárceles y la violencia sufre una tensa crisis política– emitió un decreto de Estado de Excepción para fortalecer el control y el trabajo de la Policía Nacional, además, implementó el Plan Rescate Ecuador que busca el trabajo coordinado entre las fuerzas del orden para devolver la seguridad a las calles del país.

Como parte de los resultados del Plan Rescate Ecuador, el último fin de semana en la provincia costera de El Oro, en la ciudad de Machala, al sur del país, los miembros de la Policía Nacional detuvieron a 5 ciudadanos integrantes de una organización delictiva que, según recoge diario El Comercio de Ecuador, son uno de los brazos armados de la megabanda Los Lobos. Los detenidos se dedicaban al sicariato y al robo de personas y de espacios acuáticos. Dos de los detenidos tenían boletas de captura por asesinato.

Los Lobos son la segunda megabanda más grande del Ecuador. Se estima que 8.000 prisioneros se adhieren a la pandilla. Los Lobos (8.000) con Los Pipos, Los Chone Killers (900 miembros) y Los Tiguerones (1.200 miembros), se agruparon bajo el nombre de Nueva Generación. Ellos disputan con Los Choneros –la banda mejor estructurada y con 12.000– el control de las rutas por donde el narcotráfico envía droga, especialmente cocaína, a Estados Unidos y países de Europa.

Los miembros de Los Lobos están en las cárceles de las provincias de Cotopaxi, Tungurahua, Santo Domingo, Guayas, Chimborazo, Azuay y El Oro.

Entre un sistema deficiente y la búsqueda de paz

Las pandillas que controlan las prisiones mantienen riñas que terminan en baños de sangre como el último registrado en Ecuador y que se ha convertido en uno de los cinco más despiadados de la historia de las cárceles en la región.

La profunda crisis carcelaria muestra un sistema corroído. Desde las condiciones inhumanas en las que los presos pagan sus sentencias hasta la corrupción que ha alcanzado a las autoridades que deberían controlar las prisiones.

Uno de los problemas en las cárceles –además de las peleas entre bandas– es el hacinamiento. Las cárceles del país tienen capacidad para 30.000 presos, sin embargo, el porcentaje de hacinamiento este año bordea el 30 %. La sobrepoblación carcelaria revela, según expertos, el uso de un código penal que adhirió cerca de 70 nuevos delitos durante el gobierno de Rafael Correa y el uso excesivo de la prisión preventiva, que debería usarse como el último recurso cautelar.

El defectuoso sistema judicial ecuatoriano también ha quedado expuesto en la última masacre carcelaria. En una entrevista con GK, la secretaria de Derechos Humanos, Bernarda Ordóñez, quien está encargada de crear una nueva política para la rehabilitación de los presos, reveló que el 75 % de las víctimas del pabellón cinco de la Penitenciaría del Litoral –donde se produjo la masacre– no tenían sentencia. Incluso, Ordóñez contó que “Había 5 casos de personas privadas de la libertad que fallecieron y que no tenían cédula (documento de identidad). Entonces, en ese mismo momento, le sacaron la cédula y la partida de defunción. Es triste decirlo, pero una vez más demuestra el olvido del Estado”.

Según el periodista de investigación especializado en seguridad, Arturo Torres, las megabandas “tienen un gran poder económico y una gran penetración entre los funcionarios del sistema penitenciario a través de corrupción y pago de coimas”. Esta sería una de las causas por las que el Estado ha perdido el control de las prisiones.

Asimismo, la investigación periodística Paz y Plomo de autoría de los periodistas Mónica Velasquez y Anderson Boscán mostró que los cabecillas de las megabandas que controlan las prisiones quieren un “alto al fuego” y buscan llegar a algún acuerdo para encontrar paz. El último fin de semana se conoció que el gobierno pidió la intervención de la iglesia católica para mediar con la crisis carcelaria.

En una entrevista televisiva, la ministra de gobierno Alexandra Vela dijo que “se ha solicitado la intervención de la Iglesia católica y de organizaciones de carácter académico que tienen que ver con el manejo interno de las prisiones”, esto con el objetivo de “lograr pacificar el interior de las cárceles”.

SEGUIR LEYENDO: