Crece la tensión política en Bolivia, a un día de que se cumpla el primer año de Gobierno del presidente Luis Arce, que coincidirá con un paro nacional indefinido convocado por multisectores sociales como los cívicos, gremialistas, el transporte de carga internacional, los médicos y otros que rechazan la ley 1386. En este contexto, la oposición acusó este domingo al partido oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS) de intentar llevar adelante un “golpe legislativo”.
Los diputados de las bancadas opositoras denunciaron que los oficialistas instalaron este domingo una sesión en el viejo Parlamento sin la oposición para elegir la nueva directiva de la Cámara de Diputados.
“Se han ido a sesionar solos los del MAS al antiguo hemiciclo, es una barbaridad, es una falta de respeto y por supuesto se ha consumado el golpe legislativo a la democracia boliviana”, manifestó el diputado Héctor Ormachea, de Comunidad Ciudadana (CC), la principal fuerza opositora.
Los diputados opositores realizaron desde el sábado una vigilia en el hemiciclo de la Cámara de Diputados luego del cuarto intermedio en la sesión para elegir a la nueva directiva de la Cámara de Diputados.
Los de Comunidad Ciudadana (CC) denunciaron que en la lista figuraban “tránsfugas” que se “presentaron de manera individual” que pertenecen a ese partido.
“Lo que está tratando de cubrir el MAS es esta maniobra corrupta de prebendalización, de destrucción de la esencia de la democracia que es el respeto a la minoría en el Parlamento”, expresó en conferencia de prensa el jefe de bancada de CC, Carlos Alarcón.
Ante la vigilia de los diputados opositores, la sesión se trasladó al viejo hemiciclo del Parlamento sin los diputados opositores que denunciaron este hecho a través de sus redes sociales.
El hemiciclo del viejo Parlamento ya no se utiliza desde agosto cuando se estrenaron las nuevas instalaciones de la Asamblea Legislativa.
El presidente de la Cámara de Diputados, el oficialista Freddy Mamani Laura, manifestó que se dio otro cuarto intermedio de una hora a la oposición para que pueda concertar y conformar su “plancha”. Luego se reanudó la sesión con la presencia de las bancadas opositoras y en este momento realizan la votación para la elección de la directiva 2021-2022 que se desenvuelven en medio de gritos e insultos entre legisladores.
El diputado de Creemos Erwin Bazán manifestó que si al oficialismo le “incomoda” que las “minorías” en el Parlamento tengan representación, entonces que “cierre” el mismo y que se declare “en dictadura” y lo que pretenden es “dividir a la oposición”.
En tanto, el ex presidente Carlos Mesa, líder de Comunidad Ciudadana, publicó una resolución de esa alianza que resuelve expulsar a los diputados Edwin Rosas, de Tarija, y Keyla Ortiz, de la región del Beni.
“El MAS ha convertido la política en un mercado de conciencias y en un tráfico de intereses oscuros, Comunidad Ciudadana no va a tolerar esas inconductas y ha decidido expulsar a quienes han vendido la lucha del pueblo a cambio de cargos pasajeros”, indica el mensaje de Mesa que acompaña la resolución.
El documento, firmado por Mesa y toda la directiva del partido, señala que esos legisladores “desconocieron la plancha oficial de postulación de Comunidad Ciudadana, resultado de una decisión democrática interna a través del ejercicio del voto”.
Según consigna el diario local El Deber, la diputada Luciana Campero, de Comunidad Ciudadana, explicó que los parlamentarios disidentes son los únicos que firmaron sus postulación y cuestionó que Mamani acepte las bancadas unipersonales.
“En democracia se tiene mayorías y minorías. Bajo tiranías la mayoría escoge SU ‘minoría’, y fabrica su falsa oposición con prebendas y corrupción. Pasó en Venezuela, está pasando hoy en Bolivia. Opositores deben luchar por respeto a minorías y por reponer 2/3 en reglamentos”, denunció en sus redes sociales el ex presidente Jorge “Tuto” Quiroga.
Los diputados deben elegir a la directiva este domingo ya que el lunes se realizará la sesión inaugural de la legislatura y luego el presidente Arce brindará un informe a propósito de cumplir su primera gestión en la Presidencia en medio de anuncios de paros y protestas de plataformas ciudadanas y otros sectores.
La semana pasada los poderosos sindicatos de comerciantes minoristas ratificaron que desde el lunes cerrarán todos los centros de abasto y negocios callejeros para que el gobierno abrogue una ley contra la legitimación de ganancias ilícitas y financiamiento del terrorismo.
A mediados de octubre, los comerciantes y la oposición obligaron al gobierno a retirar del parlamento una ley que tenía el mismo nombre, pero luego denunciaron que el oficialismo había aprobado a mediados de año otra norma, con el mismo nombre, que definía los marcos generales contra las ganancias ilícitas.
Los temores radican en que tanto la ley marco como el proyecto de ley frenado le permitía al gobierno investigar el patrimonio de cualquier ciudadano sin orden judicial, y obligaría a profesionales como abogados y periodistas a revelar información de clientes o fuentes informativas.
Con información de EFE, El Deber y AFP
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