Bolivia: paro indefinido, movilización militar y tensión creciente al cumplir un año la presidencia de Luis Arce

No es lo que esperaba Luis Arce Catacora en la celebración de su primer año de Gobierno. El Presidente de Bolivia no ha podido desactivar una serie de conflictos acumulados en el último mes y todo parece indicar que el inicio de su segundo año de gestión será recibido el lunes 8 de noviembre con un paro nacional indefinido de multisectores sociales como los cívicos, gremialistas, el transporte de carga internacional, los médicos y otros que rechazan la ley 1386, al ser considerada por la oposición como la “norma madre” de otras que apuntarían a confiscar bienes, a perseguir a adversarios y a la “venezolanización” del país, bajo el argumento de lucha contra la corrupción y actividades ilícitas.

“El paro durará lo que tenga que durar”, afirmó el jueves el vicepresidente del Comité pro Santa Cruz, Fernando Larach, la institución que lideró las movilizaciones contra Evo Morales en 2019 y otras contra su sucesor Luis Arce. Manuel Morales, representante del Consejo Nacional de la Democracia (Conade), opositor que también respalda la medida de protesta, llamó a la población a abastecerse no solo de alimentos sino también de medicamentos porque no se sabe cuánto tiempo durará la medida. Con estos anuncios reflotaron los recuerdos del paro nacional de 21 días, cumplido entre octubre y noviembre de 2019, que derivó en la renuncia del presidente Evo Morales.

Con ese antecedente, el presidente Luis Arce y el vicepresidente David Choquehuanca han apostado a asociar esta nueva movilización de protesta de los principales sectores que provocaron hace dos años la dimisión de Morales a otro intento de lo que el oficialismo llama “segundo golpe de Estado” o la desestabilización del Gobierno y, por lo tanto, de la democracia.

Sin posibilidad de diálogo o negociación a la vista con sectores opositores, el Gobierno ha apostado a desacreditar a los movilizados con la etiqueta de “golpistas”, a la división de algunos gremios como el de los comerciantes, vecinal y el de transporte y a posicionar la idea de que la población está “confundida” y “engañada” por mentiras sobre las leyes, apoyadas por algunos medios de comunicación que desinforman con fines desestabilizadores, según el oficialismo.

Como era costumbre en el Gobierno de Morales y con mayor frecuencia ahora en el de Luis Arce, cada vez que aumenta la conflictividad y asoma la convulsión, el Gobierno se ha apoyado en los llamados movimientos sociales del Pacto de Unidad, que tienen cargos en el gabinete ministerial, para advertir que estos defenderán la estabilidad y la democracia. El propio vicepresidente David Choquehuanca, que habitualmente ha usado una retórica conciliadora, cambió de tono y lanzó la advertencia, en compañía de dirigentes de estas organizaciones sociales, de que responderán al paro indefinido con sus recursos disponibles, entre los que está la salida a las calles para romper la medida de protesta. Precisamente, el dirigente de la Central Obrera Boliviana, Juan Carlos Guarachi, uno de los principales aliados del oficialismo, advirtió en las últimas horas que, de ser necesario, los sindicalizados saldrán a las calles y a las carreteras a defender al gobierno de Luis Arce.

En respuesta, el vicepresidente de los cívicos de Santa Cruz pidió a la población acatar en forma pacífica el paro indefinido y no responder a las provocaciones que podrían surgir de los sectores sociales que respaldan al Gobierno, de manera de evitar la violencia en las calles. Hace un mes, cuando se realizó otro paro de 24 horas, ciudadanos afines al Gobierno intentaron desbloquear las vías, con choques entre civiles y con el saldo de algunos golpeados y aprehendidos en Santa Cruz.

Durante diversas protestas callejeras de este año hubo enfrentamientos entre seguidores del oficialismo y opositores, con denuncias de uno y de otro lado de que existen grupos de choque. En algunas ocasiones, el expresidente Evo Morales dijo que a diferencia del momento en que abandonó el poder ahora los movimientos sociales están organizados y mejor preparados para defender al llamado “proceso de cambio” y al gobierno de Luis Arce.

A diferencia de anteriores paros, que han tenido su mayor fuerza en el departamento cruceño, considerado por analistas como el bastión de la oposición, ahora la demanda es otra y no la lideran los cívicos, sino los gremialistas. También se ha podido conocer que el transporte público de la capital cruceña no acatará la medida. En el sector de los comerciantes hay un grupo que apoya el paro, pero otro afín al oficialismo que no lo respalda. Hay alcaldes cercanos al Gobierno que tampoco lo aceptan.

La estrategia del Gobierno para contrarrestar el paro indefinido se basa también en el relato de que Bolivia necesita trabajo y producción para consolidar la reconstrucción de la economía y que no conviene cortar las actividades laborales. El ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, hizo notar que la economía boliviana perderá 117 millones de dólares por cada día de paro.

En contrapartida, las organizaciones opositoras a la ley 1386 consideran que es mejor sacrificarse un tiempo que permitir una norma confiscatoria. Solo levantarán la medida si el Presidente Luis Arce la abroga. Hace un mes, el gobernante retrocedió y dejó en suspenso otro proyecto de ley debido al malestar social.

Movilización de militares

Mientras sube la tensión entre oficialistas y opositores, en la antesala del paro se conoció de movimientos de soldados, militares y armas hacia la ciudad de Santa Cruz, lo que motivó susceptibilidades, dudas y temores en sectores de la población.

El Ejército se vio obligado a aclarar que se trata de una movilización para un acto de festejo del día de la institución armada, que se realizará simultáneamente en todas las ciudades capitales de Bolivia el 12 de noviembre.

Sin embargo, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, afirmó que esa aclaración del Ejército no despeja las dudas y la bancada parlamentaria de su partido Creemos anunció que pedirá un informe al Ministro de Defensa sobre este movimiento de tropas, de vehículos y de armamento a la región considerada como la mayor opositora al Gobierno.

Una acumulación de conflictos

La convocatoria a un paro indefinido contra la ley 1386 no es el único conflicto de las últimas semanas, pero sí el más duro y prolongado. En las últimas horas comenzaron a salir a las calles los estudiantes de las universidades públicas en demanda de presupuesto para cubrir salarios impagos y contra una nueva ley que limita la autonomía de este sector y de otras entidades como las gobernaciones, alcaldías y la justicia.

Otro foco importante de conflicto apareció en Santa Cruz en la pugna por tierras. Hace una semana un grupo armado atacó a una veintena de personas en el predio llamado Las Londras. Los avasalladores de tierras secuestraron y torturaron a una comitiva, en la que se encontraban seis periodistas.

A raíz de este ataque las organizaciones de la prensa de Santa Cruz salieron a las calles en una marcha de protesta y de exigencia de desmantelamiento del grupo armado, al sospechar que tiene protección de sectores del Gobierno. A una semana del hecho no había ninguna persona detenida, pese a que funcionarios públicos tuvieron contactos y reuniones con personas que los apoyan.

Otros conflictos más sectoriales seguían hasta horas recientes sin resolverse. Es el caso que involucra a los trabajadores de Aasana, la entidad que administra los aeropuertos, que amenazan con un paro. Marchistas indígenas del oriente boliviano también esperan desde hace más de un mes en Santa Cruz la atención de sus demandas. En salud, esta semana hubo paro en dos hospitales públicos por falta de insumos.

Por si faltaran conflictos, las víctimas de las masacres de Sacaba y de Senkata, ocurridas en el gobierno de Jeanine Añez, exigen un acuerdo con el Gobierno, que contemplan indemnizaciones. Como no se ha concretado, amenazan con una huelga.

Para analistas políticos como Daniel Valverde, existe un escenario de conflictividad en Bolivia que podría llegar a parecerse al de 2019. “Es un momento político marcado por excesos y extravíos de las prioridades por ambos bandos, con un fuerte impacto sobre la economía y que tensiona inoportunamente a la sociedad. La ausencia de diálogo en que tozudamente incurre el Gobierno, versus las consignas destructivas que lanzan sectores contrarios, pueden destrozar lo poco que se avanzó y volvernos a ubicar en escenarios similares al de la crisis del 2019. Se necesita un pausa y reubicar en el mapa político el orden de prioridades y la forma en como llegar a esos objetivos. El Gobierno tendría que recomponer su gabinete con operadores que puedan generar un clima de diálogo y confianza”, sostuvo.

Para el periodista y analista Walter Mur, al repetir este tiempo el discurso duro de Evo Morales, el presidente Luis Arce viene desistiendo de la posibilidad de crear un liderazgo propio. “Para hacerlo necesita tender puentes hacia el resto de la población, regiones y oposición. Su presidencia será trascendente en la medida en que él sea capaz de administrar presiones y resolver conflictos con diálogo y acuerdos mínimos. Sólo los extremos crecen con el enfrentamiento y la tensión. Al MAS, como opción política, tampoco le conviene realmente un clima permanente de inestabilidad social y enfrentamiento en Bolivia”, opinó.