La Oficina para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) manifestó este viernes su “preocupación” por la militarización de provincias chilenas en zona mapuche tras la muerte de un comunero en un incidente con miembros de la Armada.
“La oficina recibió información de la muerte de Jordan Llempi Machacan (23 años) y de al menos tres personas heridas, incluido un menor de edad, por disparos en medio de operativos policiales y de Fuerzas Armadas”, dijeron desde el organismo de la ONU a través de un comunicado.
El presidente de Chile, Sebastián Piñera, indicó el jueves que patrullas policiales acompañadas por “efectivos de la Armada y del Ejército fueron emboscadas y atacadas” por un “grupo terrorista” con armas de fuego, “algunas de grueso calibre” en una ruta que había sido bloqueada.
El hecho ocurrió el miércoles pasado en una localidad ubicada en una de las cuatro provincias militarizadas de las regiones de Biobío y La Araucanía, a unos 600 km al sur de Santiago, que desde el pasado 12 de octubre se encuentran bajo estado de excepción, que durará hasta el próximo 11 de noviembre. El presidente de Chile decretó la militarización con el objetivo de contener esta escalada de violencia, donde han sido frecuentes los ataques a maquinaria agrícola y predios, cortes de carreteras y tiroteos con víctimas mortales.
Piñera ya pidió al Congreso renovar esta medida establecida tras una escalda de violencia.
“Los Estados deben limitar al máximo el uso de las Fuerzas Armadas para el control del orden público, dado que el entrenamiento que reciben no está dirigido a la protección y control de civiles, ni a la gestión de manifestaciones”, afirmó el representante de la oficina de ONU Derechos Humanos para América del Sur, Jan Jarab, quien también pidió una investigación “rápida, exhaustiva, rigurosa y eficaz” de los hechos.
La violencia ha escalado en la región en la última década, con ataques incendiarios a predios privados y camiones.
Las confrontaciones también sacaron a la luz la presencia del narcotráfico y de organizaciones de autodefensa, así como operativos policiales denunciados como montajes por los indígenas.
La Oficina Regional de DDHH de ONU recordó al Estado de Chile que el uso de la fuerza potencialmente letal para el mantenimiento del orden público, como el uso de armas de fuego, “es una medida extrema a la que solo se debe recurrir cuando sea estrictamente necesario para proteger una vida o evitar lesiones de gravedad frente a una amenaza real e inminente”.
La autoridad de ONU recordó que “aún cuando el uso de la fuerza sea legítimo para reestablecer el orden público, deberá ajustarse a los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad, rendición de cuentas, precaución y no discriminación”.
Al mismo tiempo, la oficina de ONU condenó la espiral de violencia en la zona e hizo un llamado a las autoridades y todos los actores a avanzar hacia instancias de diálogo y acuerdos transversales.
Un video difundido el jueves a través de las redes sociales mostraba a medio centenar de encapuchados armados, identificados por los letreros como la organización indígena Weichan Auka Mapu, amenazando con combatir “con armas” a las fuerzas de seguridad si no abandonan el territorio.
“Instamos a esta nueva fuerza policial y militar a hacer abandono de nuestro territorio, porque serán derrotados por la fuerza del pueblo mapuche en armas”, dice uno de los hombres sin identificar en la amenazante grabación. “Como WAM reafirmamos nuestro compromiso revolucionario en las acciones de sabotaje a los intereses capitalistas, así como las acciones armadas que son concordantes con las necesidades de nuestras comunidades”, añaden los mapuches radicalizados que operan en la Macrozona Sur desde 2013.
Como consecuencia del video que se viralizó y despertó alertas en dependencias oficiales, “la fiscalía ha decidido aperturar de oficio una investigación bajo las figuras contempladas en la Ley de Armas, particularmente en la de formación de milicia privada o de grupos de combate y otras infracciones”, dijo la portavoz del Ministerio Público en la zona, Daniela San Martín.
Con información de AFP y EFE
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