Las protestas de este año y el aumento de las tensiones políticas en Cuba han desatado una represión feroz por parte del régimen que ha redundado en 683 presos políticos en los últimos doce meses.
Así lo determinó la organización Prisoners Defenders, en base a sus listas de presos con y sin condena en la isla. El mes de noviembre del 2020 comenzó con 137 presos y condenados.
“Desde entonces hasta final de octubre de 2021 han ingresado 544 nuevos casos”, afirma la organización en un comunicado de prensa elaborado en base a un exhaustivo informe.
Con todo, aclaran que los números representan apenas “una pequeña fracción de las cifras reales, cuya verificación total es simplemente inalcanzable”.
Prisoners Defenders afirma que pudo constatar, de entre los más de 1.500 casos de medidas de limitación de libertad aplicados a los manifestantes detenidos a raíz de las protestas del 11 de julio pasado, una lista de 590 casos de Convictos y Condenados políticos activos durante octubre de 2021.
De esos 590 casos, 370 corresponden a la represión relacionada con el #11j en Cuba -como se conocieron las protestas más grandes en la isla en las últimas cuatro décadas-, cifra aún inferior al 25% respecto al total generado por la ola represiva.
Además, 78 prisioneros fueron retirados de la lista de Prisoners Defenders en el mismo período, más de la mitad por cumplimiento íntegro de condena, y el resto por “ajustes” del régimen.
La organización actualmente se encuentra documentando decenas de casos a los que se imputa el delito de Sedición, con penas solicitadas por encima de los 10 años.
No son pocos los prisioneros por los que la fiscalía ha solicitado penas de más de 20 años de cárcel.
Además de los 590 prisioneros políticos reconocidos por la organización en el mes de octubre de 2021, hay otros 11 mil civiles no pertenecientes a organizaciones opositoras, 8.400 de ellos convictos y 2.538 condenados, con penas medias de 2 años y 10 meses de cárcel, por cargos denominados en el Código Penal como “pre-delictivos”, es decir, sin delito.
Entre los 590 presos, Prisoners Defenders estableció una clasificación. Por un lado, 375 “convictos de conciencia”, en relación a aquellos presos privados de libertad únicamente por motivos de conciencia.
Por el otro, 143 condenados de conciencia, que son presos que sufren autos de procesamiento fiscal o sentencias judiciales de trabajos forzados domiciliares, medidas de limitación de libertad, libertad condicional bajo amenazas, y otras limitaciones a la libertad, incluyendo las que están bajo sentencia firme sin ejecución, y que el régimen, además, acostumbra a revocar e insertar en prisión si el activista no cesa en su actividad prodemocrática.
Y por último, 73 presos políticos de otro tipo, que no son encuadrables en las categorías anteriores, pero que fueron identificados como personas detenidas.
“Existen no pocos casos en los que no nos es posible verificar completamente la fabricación del supuesto delito. Sin embargo, en todos ellos el matiz político, el nulo acceso a la defensa efectiva, y el ensañamiento desmedido en las penas los convierten en casos de carácter político y defendibles”, aclara la organización.
Los datos toman aún más relevancia en momentos en los que ha sido convocada una nueva manifestación para protestas contra el régimen para el próximo 15 de noviembre.
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