El opositor cubano Guillermo Fariñas, Premio Sájarov del Parlamento Europeo, fue liberado tras una detención temporal este martes en la ciudad central de Santa Clara, donde reside.
“Todo viene en función del día 15 de noviembre”, dijo Fariñas a Efe por teléfono, desde su domicilio, sobre la conversación que mantuvo hoy con tres oficiales de la Seguridad del Estado durante un arresto por varias horas.
Fariñas, coordinador general del ilegal Frente Antitotalitario Unido (Fantu), considera como motivo del arresto el deseo de la dictadura cubana de conocer si él pensaba salir ese día para participar en la marcha convocada por el grupo opositor Archipiélago para el próximo 15 de noviembre en la isla.
“Lo sabrán el día 15″, añadió Fariñas.
El disidente refirió que en el encuentro las autoridades le comentaron sobre sus pronunciamientos en las redes sociales en solidaridad con los promotores de la marcha del 15N que la dictadura ha prohibido por considerarla “ilícita” y le advirtieron que “no va a haber concesiones con nadie”.
Guillermo Fariñas dijo que actualmente está bajo tratamiento médico a causa de una bacteria que tiene alojada en el riñón y que al respecto los agentes de la policía política “intentaron convencerme para que aceptara un ingreso en un hospital”.
“Creo que están tratando de hacerlo para tenerme el 15N ingresado, pero no nos pusimos de acuerdo”, refirió el disidente de 59 años que en 2010 recibió el Premio Sájarov del Parlamento Europeo por la lucha en favor de los derechos humanos.
El pasado 8 de septiembre, Fariñas también estuvo bajo arresto por unas horas y después quedó en libertad, una situación por la que ha pasado en repetidas ocasiones.
Fariñas es uno de los opositores cubanos más conocidos, particularmente por las numerosas huelgas de hambre que ha mantenido en protesta contra el sistema cubano desde la primera en 1995, la más larga en 2003, cuando mantuvo un ayuno durante 14 meses, y la número 25- que tuvo lugar en 2016 y se prolongó por 54 días para pedir al Gobierno el cese de la represión contra los disidentes.
La detención y luego liberación del disidente ocurre en un momento de máxima tensión en la isla, donde la anunciada manifestación prevista para el próximo 15 de noviembre cobra cada vez mayor dramatismo al tiempo que la dictadura comandada por Miguel Díaz-Canel ha llamado a “revolucionarios” a armarse para impedir que los cubanos protesten por la falta de libertades en la isla. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) volvió a advertir a la comunidad internacional para que se asegure el derecho a protesta de los ciudadanos cubanos el próximo 15 de noviembre sin que este sea respondido con represión como ya sucedió en julio.
El organismo denunció esta mañana que desde el régimen enviaron órdenes a grupos de estudiantes y otros civiles para que repriman a quienes participen de la manifestación con “palos y objetos contundentes”. “Hemos sido testigos de la peligrosa demostración de odio entre ciudadanos que promueve el gobierno, al orientar a las personas armarse con palos para reprimir a otros que decidan sumarse a la manifestación pacífica. Responsabilizamos a Miguel Díaz-Canel por el escenario de violencia que está generando con estas decisiones”, denunció Alejandro González Raga, director ejecutivo del OCDH.
A medida que se acerca la fecha elegida para las protestas el clima en la isla se vuelve cada vez más tenso, a la par que aumenta la presencia militar en las calles. Dada la prohibición decretada por el gobierno de Diaz-Canel y la voluntad de los convocantes de mantener la marcha en pie, el riesgo de que se repitan los sucesos represivos del pasado mes de julio se vuelve cada vez más grande.
“El régimen cubano está amenazando a los convocantes y ya hay dos casos de expulsión de sus centros de trabajo. Posiblemente, se esté preparando para retener a los activistas en sus casas, como demuestran los 2.592 sitios de viviendas documentados en lo que va de año y para reprimir a los participantes. A esto se suma el ambiente de militarización total del país”, advirtió González Raga en el comunicado.
Cuando el director ejecutivo del OCDH habla de la retención de los activistas en sus casas se refiere al nuevo patrón represivo que inauguro el gobierno cubano a principios de 2020. Desde los primeros meses del año pasado, la dictadura castrense comenzó a sitiar las residencias de los activistas contrarios al régimen para impedirles salir de sus casas.
En estos casos lo que sucede es que se establece vigilancia policial en las afuera de las viviendas de los ciudadanos señalados por sus afiliaciones políticas y se forma un cordón policial que evita que estos salgan del domicilio.
En la misma linea con el accionar del régimen en otras áreas, y en particular la judicial, en la mayoría de estos casos son acciones aplicadas sin que haya una orden judicial de por medio. Los principales apuntados por estas medidas son los y las lideres de organizaciones de Derechos Humanos, como la líder de Las Damas de Blanco Berta Soler, las y los activistas políticos, como la activista Liliana Hernandez, y los y las periodistas, como Camila Acosta y Luz escobar. Estas mujeres son, según el OCDH, las personas que más retenciones han sufrido.
En definitiva, finaliza Gonzalez Raga, “existe un peligro real para la integridad física de los convocantes, que ya han recibido citaciones amenazas, y para cualquier ciudadano participante”.
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