La organización Human Rights Watch sostuvo este lunes en una publicación en su portal web que la reforma constitucional que busca el Gobierno de Nayib Bukele “podría consolidar la concentración de poder” en El Salvador.
“Dado el récord de la Asamblea de Bukele, es razonable temer que utilizará la próxima reforma constitucional para consolidar la toma de poder por parte del Ejecutivo”, dijo para la publicación el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco.
Indicó que “en tan solo seis meses, los legisladores oficialistas han debilitado gravemente el sistema básico de pesos y contrapesos democráticos, y han permitido que Bukele concentre aún más poder en sus manos”.
A juicio de HRW, “el proyecto de reforma no aborda problemas crónicos de derechos humanos en El Salvador, como el uso abusivo de la prisión preventiva, los altos índices de violencia e impunidad, la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género y la falta de protección a los derechos de las mujeres”.
Dicha propuesta de reforma fue preparada por el vicepresidente del país, Félix Ulloa, por designio de Bukele, quien manifestó posteriormente que no presentaría a la Asamblea las modificaciones que puedan dar pie a la despenalización del aborto.
El pasado 1 de mayo tomó posesión la nueva Asamblea Legislativa de amplia mayoría oficialista y su primera decisión fue cesar a los magistrados constitucionalistas de la Corte Suprema y al fiscal general con quienes el presidente se había enfrentado en varias ocasiones.
Ese mismo día, eligió a los sustitutos, entre ellos abogados del director de la Policía Nacional Civil y un exasesor jurídico del Gobierno.
HRW señaló que el Congreso “adoptó medidas para socavar el Estado de derecho y archivó proyectos que habrían representado avances significativos en la protección de derechos fundamentales”.
Como ejemplo menciono el envío al archivo de iniciativas que buscaban despenalizar el aborto cuando sea generado por una violación, esté en riesgo la vida de la mujer y el feto presente complicaciones graves para la vida extrauterina, además de la propuesta de una ley de identidad de género.
También señaló que se aprobó una ley que otorga “inmunidad” a funcionarios gubernamentales y contratistas relacionados con la atención de la pandemia de la covid-19.
Además, subrayó que al momento de la destitución del fiscal general Raúl Melara, este “estaba investigando a varios funcionarios gubernamentales” por “presunta corrupción en compras de emergencia”.
Cierre de puerta al aborto
La Asamblea Legislativa de El Salvador rechazó durante los últimos días de octubre reformar el Código Penal para eximir de responsabilidad penal a quienes consientan o realicen un aborto, cerrando así las puertas para permitirlo incluso cuando la vida de la mujer está en riesgo.
Los diputados argumentaron su rechazo señalando que, en una sentencia de amparo de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia del año 2013 “existe un impedimento absoluto para autorizar la práctica de un aborto para contrariar la protección constitucional que se otorga a la persona humana desde el momento de la concepción”.
Esta es la cuarta iniciativa que desde 1998 se presenta al Congreso para pedir la despenalización del aborto.
El aborto está penalizado de manera absoluta en El Salvador desde la reforma del Código Penal en 1998. Antes de la reforma, desde 1974, el aborto era permitido en tres causales: cuando la vida de la mujer estuviera en riego, por malformaciones previsibles y graves en el feto y cuando el embarazo era producto de violación.
Recientemente Nayib Bukele descartó que dentro de un proyecto de reformas constitucionales que presentará en los próximos meses, se esté pensando incluir temas como el aborto, el matrimonio igualitario y la eutanasia.
El Salvador es uno de los cuatro países de América Latina que prohíbe el aborto sin excepciones, junto con Nicaragua, Honduras y República Dominicana. Organizaciones defensoras de los derechos humanos han exigido al Estado derogar la ley que prohíbe la interrupción voluntaria del embarazo, pero no han obtenido resultados. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también ha exhortado a El Salvador a que revise las condenas de las mujeres encarceladas pro haber abortado.
El Salvador es inflexible con las mujeres que enfrentan embarazo no deseado. Sin importar si sus vidas están en peligro o si se trata de niñas víctimas de violación, la ley lo castiga. Actualmente hay más de 40 mujeres cumpliendo condenas entre 10 y 30 años de cárcel por haber abortado.
Con información de EFE
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