Nicaragua celebrará el próximo domingo 7 de noviembre sus primeras elecciones generales tras las protestas que estallaron en abril de 2018 en contra del régimen del dictador sandinista Daniel Ortega, quien junto a su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, buscan una nueva reelección.
Unos 4,4 millones de nicaragüenses están llamados a acudir a las urnas para elegir al presidente y vicepresidente de la República, 90 diputados ante la Asamblea Nacional, y 20 ante el Parlamento Centroamericano (Parlacen).
Esos comicios se desarrollarán en medio del arresto de cerca de cuarenta líderes opositores, empresariales, campesinos, estudiantes y profesionales independientes, incluido siete que querían competir con Ortega por la jefatura de Estado.
Además, sin la participación de tres partidos políticos opositores, la ilegalización de más de 50 ONG, con más de 150 “presos políticos”, con decenas de miles de nicaragüenses que se han marchado al exilio por razones de seguridad o económicas, y con la ocupación policial del influyente diario La Prensa que dejó de circular en su versión impresa.
El proceso ha sido cuestionado por la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea (UE), y organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como por la oposición nicaragüense excluida de la competencia.
Se trata de los primeros comicios generales desde la revuelta popular que estalló en 2018 por unas controvertidas reformas a la seguridad social y que luego se convirtieron en una exigencia de renuncia de Ortega, debido a que respondió con la fuerza.
Las protestas, calificadas por Ortega como un intento de golpe de Estado, dejaron al menos 328 muertos, según la CIDH, aunque organismos locales elevan la cifra a 684 y el régimen reconoce 200.
UN ESTADO POLICIAL
Las manifestaciones antigubernamentales, según la CIDH, fueron reprimidas mediante el uso de la fuerza letal por grupos policiales y parapoliciales bajo el mando de la dictadura, como Jefe Supremo de las mismas.
Desde entonces, según ese organismo autónomo de la OEA, el Estado de Nicaragua, bajo férreo control de los sandinistas, ha establecido un estado policial para acallar la disidencia y cerrar los espacios democráticos.
Entre otros, ha detenido y privado de forma arbitraria la libertad de personas consideradas como opositoras, calificado las manifestaciones públicas como ilegales, y ha allanado y tomado por las fuerza instalaciones de las organizaciones de derechos humanos y medios de comunicación independientes, mencionó.
Adicionalmente, la Asamblea Nacional, en plena alineación al Ejecutivo, aprobó un conjunto de leyes que tendrían por efecto cerrar aún más los espacios democráticos y restringir la libertad de expresión de las voces disidentes, indicó.
EL INFORME DE LA CIDH
En un informe titulado “Nicaragua: Concentración del poder y debilitamiento del Estado de Derecho”, la CIDH consideró que ese conjunto de acciones promovidas después de las protestas de abril de 2018 ha tenido como fin impedir la participación de la oposición en las elecciones, “dejando a Daniel Ortega y Rosario Murillo en la ronda electoral libre de competencia”.
Por tanto, según la CIDH, los comicios en Nicaragua ocurren “en este clima de represión y cierre de los espacios democráticos”, en el que Ortega busca “la perpetuación en el poder en forma indefinida y mantener privilegios e inmunidades, en un contexto de represión, corrupción, fraude electoral e impunidad estructural”.
“El gran desafío es buscar fórmulas con la participación de la sociedad civil con el fin de restablecer las garantías y libertades democráticas propias de un Estado democrático de Derechos mediante la separación de poderes, así como garantizar las condiciones para la realización de elecciones justas, libres y transparentes”, anotó.
Para el observatorio nicaragüense Urnas Abiertas, Ortega busca su tercera reelección consecutiva con “un plan doloso para acabar con la democracia”.
LA SITUACIÓN ES INSOSTENIBLE
Por su lado, el analista para Centroamérica del International Crisis Group, Tiziano Breda, dijo a Efe que la prolongación de la crisis en Nicaragua tendrá efectos domésticos e internacionales.
A nivel doméstico profundizará las grietas sociales y políticas que se abrieron o volvieron a abrir en 2018, “con el riesgo de que se reanuden tensiones en forma de manifestaciones o actos de intolerancia política”, apuntó.
Además, una elección no competitiva ni transparente daría luz a un régimen con poca legitimidad, dificultando el acceso a recursos e inversiones internacionales, y así acentuando las dificultades económicas de Nicaragua, provocando un subsecuente aumento de la emigración regional e incluso a Estados Unidos, alertó.
Para el analista, la situación de Nicaragua es insostenible en el mediano y largo plazo, y aunque Ortega los sabe, “parece que, para él, la supervivencia en el poder sobrepasa cualquier cálculo de estabilidad política”.
(Con información de EFE)
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