Las ocho trampas que garantizan la reelección de Daniel Ortega a pesar de su baja popularidad en Nicaragua

Daniel Ortega no puede perder las elecciones del próximo 7 de noviembre. Desde antes de regresar al poder en enero de 2007, comenzó a diseñar un sistema electoral que, al igual que unos dados cargados que siempre caerán en el mismo número, le permitirán ganar aun cuando su popularidad sea la más baja de su vida política.

Según una reciente encuesta de CID Gallup, apenas un 8 por ciento de los nicaragüenses simpatiza con Frente Sandinista, el partido en el poder encabezado por el actual presidente Daniel Ortega. La misma encuesta asegura que el 69 por ciento de los encuestados desaprueba la gestión de Ortega y un 65 dijo que votaría por un candidato de oposición si lo hubiese.

Sin embargo, Ortega no puede perder. Con el más bajo nivel de simpatía de su historia según esta encuestadora, Ortega, de 76 años, participará por octava ocasión como candidato presidencial del Frente Sandinista, con un sistema de votaciones a prueba de derrotas, seguro de que, voten como voten los nicaragüenses, inclusive si dejan de votar, los “dados” electorales le darán la victoria.

Estas son las principales trampas que tiene le sistema electoral nicaragüense para impedir que Daniel Ortega pueda perder una elección.

Candidatos opositores presos

La trampa más visible de Daniel Ortega es que mandó a encarcelar a todos los candidatos de la oposición que podían ganarle. Uno a uno los fue apresando bajo cargos de lavado de dinero y traición a la patria. La primera candidata detenida fue Cristiana Chamorro Barrios, la hija de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro. Chamorro Barrios era la personalidad opositora que más simpatías despertaba entre los nicaragüenses. Es mantenida en régimen de casa por cárcel e “inhabilitación para ejercer cargos públicos” desde el 2 de junio pasado. Otras seis personalidades que pretendían ser candidatos opositores fueron igualmente apresadas en este orden y continúan en las cárceles: Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Miguel Mora, Medardo Mairena y Noel Vidaurre.

Un octavo político opositor, Pedro Joaquín Chamorro, fue encarcelado poco después de que, en una entrevista con Univisión, dejara entrever la posibilidad de ser el candidato de su partido, Ciudadanos por la Libertad (CxL), para llenar el vacío dejado por los precandidatos presos.

En su defensa, Ortega ha alegado que en Nicaragua “no existe ni un solo candidato preso” en tanto los detenidos no habían sido inscritos oficialmente por el Consejo Supremo Electoral (CSE). “Aquí no estamos juzgando a políticos, no estamos juzgando candidatos, aquí se está juzgando a criminales que han atentado contra el país, contra la seguridad del país, contra la vida de los ciudadanos, al intentar nuevamente organizar otro 18 de abril, otro golpe de Estado, para provocar lo que ellos llaman el ‘cambio de régimen’. Eso es lo que estamos persiguiendo, eso es lo que se está investigando y eso es lo que se castigará en su momento tal y como lo mandan las leyes”, dijo Ortega en julio pasado.

Leyes restrictivas

Entre octubre de 2020 y febrero de 2021, el régimen de Ortega aprobó un combo de leyes en la Asamblea Nacional que, según la oposición, son represivas contra las libertades públicas y “anulan la competencia política para los comicios generales de 2021″. Con la mayoría absoluta que tiene en el parlamento nicaragüense, el sandinismo aprobó la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, la Ley Especial de Ciberdelitos, una reforma a la Constitución Política para imponer la cadena perpetua por “crímenes de odio” y la Ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, soberanía y autodeterminación para la paz. También los diputados sandinistas aprobaron una reforma y adición al Código Procesal Penal de Nicaragua, para ampliar de 48 horas hasta 90 días, el tiempo en que una persona puede permanecer detenida sin ser acusada.

Este combo de leyes es el que ha usado el régimen para encarcelar y mantener aislados a 38 líderes opositores, periodistas y defensores de derechos humanos, desde el 28 de mayo pasado, incluyendo a los siete posibles candidatos presidenciales de la oposición.

Tribunal electoral leal

Lejos de oír las demandas de organismos internacionales y la oposición para la conformación de un tribunal electoral menos partidarios y más equilibrado, la Asamblea Nacional, controlada por el Frente Sandinista, eligió el 4 de mayo a siete magistrados electorales propietarios y tres suplentes, todos leales al Frente Sandinista. Estos nuevos magistrados eligieron, a su vez, como presidenta de ese poder del Estado, a Brenda Rocha, una reconocida activista del régimen de Daniel Ortega.

“La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos observa con extrema preocupación la elección de los altos magistrados que compondrán el Consejo Supremo Electoral y la aprobación de reformas electorales que van en contra de los principios y las recomendaciones realizadas por la comunidad internacional, incluida la Misión de Observación Electoral de la OEA en 2017, y resoluciones del Consejo Permanente y de la Asamblea General de la organización”, expresó un comunicado divulgado por la Secretaría General de la OEA.

Oposición inhibida

Tres partidos políticos fueron inhibidos de participar en las elecciones de noviembre próximo, después que mostraron disposición de servir de “vehículo” a la oposición que no tiene partido. El 18 de mayo, el Poder Electoral anuló la personalidad jurídica del Partido de Restauración Democrática (PRD), cuya casilla electoral había sido escogida por la opositora Coalición Nacional para participar en los comicios de noviembre próximo. Al día siguiente, el mismo tribunal electoral proscribió al veterano Partido Conservador, y el 6 de agosto haría lo mismo con el partido Ciudadanos por la Libertad (CxL), alegando violaciones a las leyes del “combo restrictivo”.

Rivales “aliados”

La actual boleta electoral es un oxímoron. La única competencia que Ortega permitió es la de sus tradicionales aliados. Seis partidos participarán en las votaciones próximas, la gran parte de ellos micropartidos, de dudosa reputación y sus aliados tradicionales. En Nicaragua se le llama “partido zancudo” a aquellos grupos de personas que se organizan para participar en elecciones, simulando ser oposición, pero apoyando con sus acciones al partido de gobierno. Generalmente son partidos pequeños, logran algunas o ninguna diputación, son críticos del gobierno solo en temporada electoral y el resto del tiempo funcionan como aliados, incluso con cargos de sus miembros o sus familiares en las estructuras del Estado.

Encuestas

M&R Consultores es la firma encuestadora preferida del gobierno nicaragüense. Sus predicciones siempre son parte del discurso oficial. Para la ultima encuesta del 21 de septiembre pasado, según M&R, el 83,3 por ciento de los nicaragüenses está a favor de la reelección “si el pueblo así lo decide”, el 66,2 por ciento considera que hay libertad en los medios de comunicación y el 73 por ciento cree que hay derecho de los ciudadanos a “movilizarse dentro y hacia fuera del territorio nacional”. Un 75.1 por ciento de los nicaragüenses “probablemente votará” y el 63,9 por ciento le otorga su intención de voto al Frente Sandinista.

Los datos de esta encuestadora son generalmente coincidentes con los que el Consejo Supremo Electoral ha anunciado en comicios pasados, y que la oposición nicaragüense ha calificado como “fraudulentos”. “La trampa está en hacer creer de previo mediante encuestas en los datos fraudulentos que anunciara el Consejo Electoral al final de las votaciones y que nunca explica de dónde salieron”, dice un analista consultado a condición de anonimato.

Control policial

La última reforma a la ley electoral otorga facultades a la Policía Nacional para autorizar o prohibir manifestaciones durante la campaña electoral. “La Policía Nacional y el Consejo Supremo Electoral coordinarán con las instancias correspondientes, para que movilizaciones de otra naturaleza que no sean partidarias no interfieran con la campaña electoral”, dice que la nueva disposición.

Desde 2018, el régimen de Ortega mantiene un control policial en las calles, y prohibió de hecho las manifestaciones políticas opositoras. Según el analista consultado, esta nueva disposición de la ley electoral obedece al temor de que, aprovechando la campaña electoral, la oposición manifieste su descontento. Asimismo, el Consejo Supremo Electoral prohibió la realización de eventos presenciales masivos en la campaña electoral, según dijo, debido a la pandemia de la Covid19. Advirtió que solo se darán permiso a “convocatorias de no más de 200 personas” hasta por una hora y media, siempre que cumplan con las medidas sanitarias pertinentes.

Sin observación electoral

El mismo 4 de mayo, la Asamblea Nacional aprobó reformas a la Ley Electoral que, entre otras cosas, anulan la observación electoral. La Ley Electoral reformada contempla solo la figura de “acompañamiento electoral”.

La magistrada electoral Mayra Salinas explica desde su punto de vista la diferencia entre una figura y otra: “(Al acompañante) vos lo invitás para que llegue a tu casa y que pueda acompañar en un proceso de compartir, de ver, de disfrutarlo, de conocerlo y que pueda hacer recomendación efectivamente. Pero el observador se te pone como que está por encima de tu proceso nacional, de tu legislación y quiere incluso intervenir en los aspectos que no debe intervenir, porque tu legislación no lo permite”, afirmó.

La oposición dice que el régimen de Ortega entiende a acompañantes como “como amigos que llegan a hacer turismo electoral”. Entre los “acompañantes” que ha anunciado hasta ahora el Consejo Supremo Electoral están: Gregorio Luis Mondaca Crestto, del Movimiento del Socialismo Allendista de Chile; José Luis Centella y Miguel Ángel Bustamante, del Partido Comunista de España; Gerry Condon, expresidente de Veteranos por la Paz de Estados Unidos; y Jorge Alberto Kreyness, secretario de Relaciones Internacionales del Partido Comunista de Argentina.

SEGUIR LEYENDO: