El presidente del Ecuador, Guillermo Lasso, enfrentará este martes su mayor desafío político hatsa el momento. Tras haber asumido el 24 de mayo pasado, por primera vez varias organizaciones populares se movilizarán en Quito para oponerse a sus decretos de establecimiento de los precios de los combustibles, a su reforma económica y la relación del gobierno ecuatoriano con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
La siguiente es una cronología para entender cuál es la trayectoria de los sucesos que desembocan en la actual situación de crisis social que podría amenazar con la estabilidad del gobierno Ecuador.
La crisis de octubre de 2019
En octubre de 2019 se produjeron las protestas más violentas desde el retorno a la democracia en el país andino, cuyo saldo dejó al menos 8 personas muertas, 250 heridas y más de 1.300 detenidos. Las protestas giraron en torno al decreto presidencial para la liberalización de los precios de los combustibles ordenada por el entonces presidente Lenín Moreno.
Las protestas provocaron el desistimiento de Moreno que reemplazó el decreto por uno nuevo que establecía un incremento gradual de los precios de las gasolinas. Desde entonces, esos precios no han parado de subir mensualmente, de forma mínima pero progresiva.
En la actualidad, las mismas organizaciones sociales se han convocado para reclamar al actual gobierno la derogatoria de este decreto, además de otros decretos asociados a la expansión de la frontera de explotación petrolera en el Oriente ecuatoriano, región perteneciente a la cuenca alta del Amazonas, rica en este aceite mineral.
Diálogos fallidos
A finales de septiembre, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) anunció que aceptaría la invitación del presidente Guillermo Lasso para dialogar en Carondelet. Entonces, el presidente de la CONAIE, Leonidas Iza amenazó que “si no obtenemos respuestas, va a haber una reacción social”, refiriéndose al estallido social de octubre de 2019.
La invitación fue planteada con 33 días de anticipación por la Presidencia de la República, sin ninguna respuesta. El día del encuentro, el grupo de líderes indígenas encabezados por Iza llegaron notablemente atrasados. Iza aseguró que, en la primera ocasión, se ausentó porque no estaban presentes los medios de comunicación y porque la invitación le fue planteada con poca anticipación.
Tras la reunión celebrada el 4 de octubre en Carondelet, Iza aseguró que no se consiguieron acuerdos, aunque la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, anunció al día siguiente un conjunto de coincidencias para el trabajo colectivo entre la Administración y los frentes populares. El dirigente aclaró que el diálogo no estaba roto, pero nuevamente amenazó con que “se configuran antecedentes similares a los de octubre del 2019″.
El Frente Unitario de Trabajadores, otro de los sectores que lideró las protestas de octubre de 2019, presentó el 21 de octubre de este año, una propuesta de legislación del trabajo como alternativa a un proyecto de ley de oportunidades laborales que el presidente Lasso presentó pocos días después y que suscitó un amplio malestar entre los sectores sociales.
El 22 de octubre, el presidente Lasso alcanzó un acuerdo con el indigenista Movimiento Unidad Pachakutik, el ala electoral de la CONAIE, para congelar los precios de los combustibles en USD 2,55 el galón de gasolina y en USD 1,90 el galón del diésel desde aquel mismo día.
El coordinador nacional de la organización partidaria, Marlon Santi, ofreció declaraciones en el Palacio de Carondelet, en compañía de Alexandra Vela, la ministra de Gobierno. Inmediatamente, las cuentas en las redes sociales de Pachakutik se llenaron de pronunciamientos de concordia, hasta que fueron sustituidas por inesperados rechazos. Al parecer, el último incremento en los precios de las gasolinas ordenado por el Gobierno Nacional no fue acordado y todo volvió al punto anterior del encuentro, incluso en peor condición debido a que el precio de los combustibles fue congelado, pero a un precio que supone un incremento proporcional al presupuestado hasta diciembre de este año.
Precio de la gasolina
Paralelamente a esta reunión, Leonidas Iza, presidente de la CONAIE, convocó a una reunión que se celebró en Chimborazo, a 230 kilómetros de Quito, y provincia epicentro de la organización indígena nacional. A la cita asistieron los representantes de las filiales de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía (CONFENIAE), de la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador (ECUARUNARI) y de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Costa (CONAICE).
En la cita ratificaron la situación de resistencia a las medidas gubernamentales, el “estado de excepción” decretado en los pueblos y nacionalidades indígenas, y la movilización nacional convocada para el martes 26 de octubre por el Parlamento de los Pueblos, que agrupa a la misma CONAIE, el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (FENOCIN), el Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicos del Ecuador (FEINE), la Unión Nacional de Educadores (UNE), el Frente Popular y más.
Primero se demandó que se fijaran los precios en USD 2,20 en el caso de la gasolina y USD 1,48 el diésel. En un último comunicado del Parlamento Plurinacional, divulgado el lunes 25 de octubre, a un día de las movilizaciones, se demanda que los precios se fijen en USD 2 en el caso de la gasolina y 1,50 el diésel. Los precios anteriores al decreto del expresidente Lenin Moreno, de octubre de 2019, establecían los precios de los combustibles en 1,48 USD la gasolina y en 1,03 USD el diésel.
Fuerte caída de la popularidad
El 19 de octubre, Lasso decretó un estado de excepción en todo el territorio nacional con el despliegue de las Fuerzas Armadas en nueve provincias y ofreció a los miembros de la Policía Nacional indultar a aquellos efectivos policiales en caso de que estuvieran judicializados en el ejercicio de sus funciones. El objetivo del decreto es solucionar la ola de violencia criminal que hay en las calles del país.
Lasso gozaba de una credibilidad del 74% en agosto de 2021, popularidad que ha cedido a un actual 40% frente a la situación de crisis económica, carcelaria, de gobernabilidad que sufre el Ecuador, a lo que se suma el escándalo de los Pandora Papers en los que es mencionado por la revelaciones del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.
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