Manifestantes y policías se enfrentaron este martes cerca de la sede presidencial de Ecuador, en Quito, en el marco de una protesta liderada por indígenas contra la política económica del gobierno. La policía recurrió a los gases lacrimógenos para dispersar a los participantes.
La jornada de protestas contra las políticas económicas del Gobierno en Ecuador dejaron un balance de 37 detenidos y dos militares retenidos por manifestantes, informaron este martes las autoridades.
El choque tuvo lugar en la Plaza de Santo Domingo, donde terminaba la marcha, cuando miles de manifestantes escuchaban los discursos de los principales dirigentes de los sindicatos convocantes.
Decenas de personas que participaban de la manifestación atacaron con piedras a los uniformados, que respondieron con bombas de gas lacrimógeno. Los incidentes estallaron a pocas cuadras del Palacio de Carondelet, sede del Ejecutivo, que se encontraba fuertemente resguardado por policías y militares.
Además, al menos seis vías han sido cerradas por los manifestantes y reabiertas por la Policía, informó este jueves el portavoz del Gobierno ecuatoriano, Carlos Jijón.
Se trata del primer desafío para el gobierno de Lasso tras haber asumido el 24 de mayo pasado. Los manifestantes se oponen a sus decretos de establecimiento de los precios de los combustibles, a su reforma económica y la relación del gobierno ecuatoriano con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Y abundó que la mayoría de las detenciones se hicieron en el cantón costero de Daule, en la provincia de Guayas, donde unas diez personas fueron detenidas y entregadas a la autoridades competentes para que por vía judicial determine su grado de participación en los hechos.
De acuerdo con el Código Orgánico Integral Penal, en su artículo 346, el bloqueo de vías se castiga con una pena de uno a tres años de prisión.
En la rueda de prensa ofrecida a los medios, Jijón habló de unas seis carreteras que fueron cerradas pero que, posteriormente, se han ido habilitando para “garantizar que quienes quieran ir a trabajar puedan hacerlo”.
Miles de ecuatorianos fueron convocados este martes por organizaciones sociales y sindicatos a tomar la calle para protestar por las reformas laborales y tributarias que pretende realizar el presidente Lasso, así como por el progresivo incremento de los precios de los combustibles y la aparición del mandatario en los Papeles de Pandora.
Las convocatorias han sido realizadas por todo el territorio nacional, pero Jijón consideró que hasta el momento es “una movilización rural, de escasa, baja, intensidad”.
“Esta convocatoria (la) hemos hecho para rechazar todo lo que está imponiendo el gobierno nacional”, dijo a la AFP Julio César Pilalumbo, un líder de Zumbahua, en los páramos de la provincia de Cotopaxi (centro) y de mayoría indígena.
“Vamos a resistir y no vamos a declinar ante ninguna represión”, agregó.
Leonidas Iza, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), convocó junto a otros sectores como obreros y estudiantes a la protesta, sobre la que Jijón dijo que “la fuerza pública va a encargarse de que se respete la ley y el orden”.
En la capital ecuatoriana, la policía acordonó la sede presidencial ante el llamado de los grupos de protesta a manifestarse en rechazo a medidas económicas del gobierno conservador, que se instaló en mayo.
Mientras tanto, el presidente Lasso pidió decirle “No” a las protestas de sectores sociales contra su Gobierno, por considerar que estas acciones afectan a la economía de los pequeños negocios y de los hogares.
“La paralización representa pérdidas económicas para los pequeños negocios, que son el sustento de miles de familias y hogares ecuatorianos. Dile #NoAlParo, por la reactivación y la prosperidad del país entero”, tuiteó el mandatario.
El dispositivo de seguridad en el sector se dividió en varios perímetros: los del exterior los controla la Policía y los del interior, el Ejército.
Juan Carlos Soria, Jefe del Distrito Manuela Sáenz, en el centro de Quito, dijo que desde la madrugada se habían ejecutado acciones para evitar que se interrumpa la circulación peatonal, de vehículos o las actividades comerciales y financieras de la ciudad.
“Como distrito Manuelita Sáenz únicamente estamos reforzando con personal policial para evitar algún tipo de eventualidad de acuerdo a las alertas que se vayan presentando, de acuerdo a las apreciaciones o las informaciones que tangamos durante el día”, comentó tras recordar que el país está bajo un estado de excepción decretado la semana pasada por el presidente Guillermo Lasso ante los altos índices de inseguridad en el país.
Por otra parte, hubo bloqueos en la provincia de Imbabura, en la zona norte del país, y cortes de vías en la amazónica de Pastaza.
Decenas de militares y policías se desplegaron en las vías del país para impedir bloqueos y habilitan carreteras cuando encuentran alguna novedad.
Al finalizar la jornada laboral, se sumaron a las manifestaciones decenas de trabajadores que reclaman también por la congelación del precio de los combustibles y rechazan las proyectadas reformas laborales del Gobierno al considerar que precarizan al sector.
La convocatoria a las manifestaciones, de alcance nacional, salió desde el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), la principal central obrera del país; la poderosa Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie); el Frente Popular; la Unión Nacional de Educadores (UNE), y la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE), entre otras.
El objetivo es plantar cara al Gobierno en varias ciudades del país pese al anuncio de suspender los incrementos de los combustibles, provocados por un sistema de fijación de precios con base en el mercado internacional que implementó la Administración de Lenín Moreno (2017-2021).
Lasso detuvo la oscilación en 2,55 dólares el galón de la extra y 1,90 el del diesel, insuficiente para los movimientos sociales.
“Que se congele, no solo que se suspenda, porque sino también con conceptos se puede estar, en ese sentido, engañando al pueblo ecuatoriano”, advirtió Leonidas Iza, presidente de la Conaie en una rueda de prensa este lunes.
Los combustibles son uno de los asuntos más espinosos en el país andino, y un intento de Moreno de eliminar los subsidios condujo en octubre de 2019 a una ola de violentos disturbios, que dejaron un balance de al menos seis muertos y 1.500 heridos.
(Con información de AFP y EFE)
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