Liberaron a 16 paraguayos esclavizados en una fábrica brasileña de cigarrillos falsificados

Les quitaban sus celulares y no se les permitía salir del sótano en el que vivían hasta terminado el ciclo de producción que duraba entre 6 y 8 meses

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La fabrica vendía su producción
La fabrica vendía su producción por casi 9 millones de dólares por temporada. (Ministerio de Justicia y Seguridad Pública - Brasil)

La Operación Tavares estaba preparada para desmantelar una organización delictiva dedicada al contrabando y a la producción ilegal de cigarrillos. Lo hizo, pero también se encontró con una situación que no había previsto.

Logró encontrar y liberar a dieciséis ciudadanos paraguayos que trabajaban en condiciones de esclavitud en aquella fábrica de cigarrillos clandestina. Luego de varias horas de búsqueda, encontraron al grupo de personas que estaban encerradas en el sótano de la fábrica, “un búnker subterráneo”, al que solo se podía acceder a través de un ascensor hidráulico.

La actividad ilícita funcionaba debajo de la fachada de una fábrica de cereales. Bajo tierra era dónde estaba el equipamiento para fabricar cigarrillos, el alojamiento y las personas que trabajaban forzosamente en la actividad.

La fábrica se encontraba en el municipio de Triunfo, en Rio Grande do Sul, el estado fronterizo con Argentina y Uruguay.

La fábrica clandestina de cigarrillos
La fábrica clandestina de cigarrillos funcionaba debajo de una de cereales (Ministerio de Justicia y Seguridad Pública - Brasil)

Según informó el Ministerio de Trabajo de Brasil, la mitad del grupo trabajaba en turnos de doce horas y pasaba las otras doce restantes en las habitaciones en que los alojaban, mientras le tocaba trabajar al otro grupo. Iban rotando así, sin ver la luz del día.

Las víctimas serán derivadas a servicios de asistencia social tras haber hecho sus declaraciones a la Policía. Los trabajadores ingresaban a Brasil a través de la ciudad fronteriza con Paraguay, Foz do Iguazú, desde Ciudad del Este. El comunicado de la Policía brasilera detalló que al ingresar al país se les retenían los celulares y eran llevados hasta la fábrica. Una vez adentro, no podían irse hasta que se terminara el ciclo de producción que duraba entre seis y ocho meses.

Por lo tanto, las autoridades brasileras seguirán tres líneas de investigación judicial: trato de esclavitud a los trabajadores, afectaciones al medioambiente y corrupción de menores.

La Policía también informó que la mayoría de los cigarrillos producidos por esta fábrica se dirigían al mercado clandestino en Uruguay y a puntos de venta en el estado de Rio Grande Do Sul que se vinculaban con la organización delictiva.

Se estima que la fábrica producía alrededor de diez millones de paquetes de cigarrillos al mes, de marcas paraguayas. Las ventas de los mismos llegaban a los 50 millones de reales, que sería casi nueve millones de dólares. Esa suma implica 4.5 millones de dólares no pagados en impuestos federales como IPI, PIS y COFINS.

Se estima que la producción
Se estima que la producción de cigarrillos era de 10 millones de paquetes al mes, traduciéndose en 9 millones de dólares

La organización delictiva comenzó a ser investigada en 2020, después de que la Policía brasilera encontrara a un fabricante que producía paquetes de cigarrillos paraguayos de manera ilegal. De hecho, el operativo se denominó Tavares porque así se llama el lugar donde se identificó el primer depósito del grupo, en el municipio de Cachoeirinha.

La Operación Tavares lleva 40 órdenes de captura, 56 órdenes de allanamiento e incautación en los estados de Rio Grande do Sul, Paraná y São Paulo. Se ejecutaron órdenes judiciales por el secuestro e incautación de 56 vehículos, 13 propiedades y dinero en cuentas vinculadas a 23 personas en Brasil por 600 millones de reales (108 millones de dólares).

De la Operación Tavares participaron
De la Operación Tavares participaron 250 policías y el apoyo de varios ministerios brasileros Crédito: Ministerio de Justicia y Seguridad Pública - Brasil

Hasta el momento, participaron de la Operación 250 policías federales y 60 empleados del Servicio de Impuestos Internos. Se contó con el apoyo de la Brigada Militar, el Ministerio Público Federal, del Ministerio Público de Trabajo y Previsión Social de Brasil.

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