La comisión del Senado brasileño que investigó la gestión del Gobierno de Jair Bolsonaro frente al COVID-19 anunció que presentará este miércoles su informe final, que contendrá graves acusaciones contra el mandatario.
El escrito, de alrededor de 1.200 páginas, indica que el mandatario dejó que el virus del COVID-19 se expandiera para intentar que la población alcanzara la inmunidad de rebaño con el objetivo de que la economía de la nación se reactivara cuanto antes.
El presidente de la comisión, Omar Aziz, confirmó el martes que este miércoles será presentado el informe, redactado por el senador Renan Calheiros, que en su condición de instructor ha sido un permanente crítico del negacionismo de Bolsonaro ante la crisis sanitaria, que ya ha matado a más de 600.000 brasileños.
Según adelantaron fuentes próximas a la comisión, el informe contendrá durísimas acusaciones contra Bolsonaro, varios de sus ministros y otras autoridades del Gobierno, empresarios vinculados al oficialismo y activistas de la negacionista ultraderecha.
La comisión, integrada por once senadores de los cuales cuatro se encuadran en el oficialismo, fue instalada el pasado 27 de abril y desde entonces ha celebrado 67 audiencias, en las que ha escuchado el testimonio de casi un centenar de personas, incluidos ministros y altos funcionarios del Gobierno.
También analizó documentos electrónicos, muchos todavía de carácter reservado y que, según la propia comisión, contienen el equivalente a casi 10 terabytes de informaciones.
Según Calheiros, han sido constatadas numerosas irregularidades, que van desde la imposición en la red de sanidad pública de remedios sin eficacia comprobada contra el COVID-19 hasta fuertes sospechas de corrupción en la negociación de vacunas.
Asimismo, se hallaron graves indicios sobre una red de activistas de ultraderecha que, en supuesta combinación con funcionarios del Ministerio de Salud y de la propia Presidencia, difundieron en forma masiva información falsa sobre la pandemia, minimizando su gravedad y en línea con el discurso mantenido por Bolsonaro.
Calheiros sugirió que su informe recomendará que tanto el mandatario como algunos funcionarios del Gobierno y personas del entorno oficialista respondan ante la justicia por múltiples delitos contra la salud pública, los cuales serán detallados en su informe, que será sometido a votación la semana próxima.
En caso de ser aprobado con mayoría simple por los once miembros de la comisión, el informe será remitido al Ministerio Público, al Tribunal de Cuentas, a otros organismos responsables por fiscalizar la actuación del Gobierno y a la Justicia ordinaria, que tendrán la última palabra sobre eventuales enjuiciamientos.
Bolsonaro descalificó la actuación de la comisión, sobre la cual sostiene que está dominada por una oposición que “no quiere la verdad” sobre la pandemia y pretende desalojarlo del poder antes de las elecciones presidenciales previstas para octubre de 2022.
Descartaron acusar a Bolsonaro de genocidio
La comisión del Senado anunció este martes su decisión de retirar del pliego final la acusación por genocidio contra Bolsonaro, que había desatado división en el seno del organismo durante los últimos días.
“El genocidio no era consenso, no había consenso entre ninguno, entre los juristas tampoco”, dijo el presidente de la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI), Omar Aziz. “Entre los senadores, yo mismo dije que debía ser convencido”, acotó.
“Lo más importante de esta reunión es que salimos unidos”, valoró Aziz, según recogió el diario brasileño O Globo. La CPI ha determinado que, si bien se retira la referencia al genocidio contra los indígenas, deberá constar en la versión final la previsión de imputación por crímenes contra la humanidad.
Así, la CPI atribuye a Bolsonaro “epidemia con resultado de muerte”, infracción de las medidas sanitarias preventivas, uso ilegal de fondos públicos, incitación al crimen, falsificación de documentos, “charlatanismo”, prevaricación y crímenes contra la humanidad.
Por otra parte, Aziz ha detallado que la CPI decidió igualmente no acusar al senador Flavio Bolsonaro, hijo del presidente, de delitos administrativos, mientras que tampoco será acusado el secretario especial de Salud Indígena del Ministerio de Sanidad, Robson Santos da Silva.
“No hubo ningún tipo de desvío por su parte en la conducción del trato que mantuvo. Hay una recomendación para profundizar la investigación sobre la cuestión indígena, tenemos mucho que investigar, pero no tenemos más tiempo para eso (en el seno de CPI)”, remarcó.
La organización Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB) presentó en agosto una denuncia por genocidio contra Bolsonaro ante el Tribunal Penal Internacional (TPI) por su responsabilidad en la muerte de 1.162 personas de hasta 163 comunidades originarias por su gestión de la pandemia.
“Lo que vivimos durante la gestión del presidente Bolsonaro fue una explícita negativa a demarcar nuevas tierras. Al mismo tiempo, proyectos de ley, decretos y ordenanzas intentaban legalizar actividades ilícitas en territorios indígenas, lo que nos dejó sin protección legal”, denunció Luiz Eloy Terena, coordinador jurídico de APIB y uno de los redactores de la denuncia.
El documento sostiene que Bolsonaro habría permitido por omisión de funciones en materia medioambiental que se produjera un genocidio, representado en el desmantelamiento de sus servicios públicos de protección social, permitiendo a su vez el asalto de sus tierras, deforestaciones ilegales e incendios provocados.
(Con información de EFE y Europa Press)
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