Estado de excepción en Ecuador: delincuentes armados robaron USD 80.000 de un comercio en 4 minutos

El hecho sucedió en las primeras horas posteriores a la entrada en vigencia del decreto que movilizó a las fuerzas armadas para contener la ola de crímenes y violencia que vive el país andino

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La Policía Nacional realizó investigaciones
La Policía Nacional realizó investigaciones en el local comercial donde se suscitó el asalto. (Foto: TC/ El Comercio).

Ecuador se encuentra bajo estado de excepción con la militarización de las calles en nueve provincias del país. La medida adoptada por el gobierno de Guillermo Lasso busca detener la ola de violencia e inseguridad que se vive en el país. Sin embargo, en menos de 24 horas de vigencia del estado de excepción, en Guayaquil se registró un asalto armado a un local comercial.

Guayaquil es una ciudad de la provincia de Guayas, uno de los lugares donde se ordenó el despliegue del personal de las Fuerzas Armadas. En la capital comercial del Ecuador, se han registrado altos índices de violencia en lo que va del año. Incluso la última masacre carcelaria que dejó 119 muertos sucedió en la Penitenciaría del Litoral, que se ubica en Guayaquil, también conocida como el Puerto Principal.

El hecho sucedió alrededor de las 9.15 del 19 de octubre. Cuatro delincuentes ingresaron al local comercial de una reconocida cadena de almacenes de artículos para el hogar haciéndose pasar por clientes. Una vez dentro sometieron al guardia de seguridad y a los empleados. Además, amedrentaron a los otros clientes.

Según se observa en la grabación de las cámaras de seguridad, difundida por TC, los asaltantes tiraron al piso al guardia y lo ataron de las manos. También los empleados y clientes, por orden de los maleantes, tuvieron que arrodillarse con las manos en alto.

Los asaltantes subieron hasta el segundo piso del local donde obligaron al gerente a abrir la caja fuerte donde había USD 80.000. El funcionario se resistió y fue golpeado con un arma de fuego en la cabeza. Finalmente, los delincuentes lograron su cometido y huyeron del sitio en motocicletas. El atraco se produjo en tan solo cuatro minutos.

Luego del asalto, el gerente del almacén fue trasladado a un hospital por los golpes y heridas provocadas por los delincuentes. También llegó al lugar la Policía Nacional que acordonó la zona y cerró las instalaciones para realizar las investigaciones del caso.

El coronel Ricardo Manitio, jefe del Distrito Sur de la Policía Nacional, en declaraciones para los medios de comunicación, confirmó el perjuicio para el local comercial y contó que se activaron operativos de control en toda la ciudad.

Inseguridad en Ecuador

El decreto ejecutivo por el cual Guillermo Lasso ordena el estado de excepción en Ecuador indica que en las últimas semanas ha existido un “aumento de la actividad delictiva que afecta la seguridad ciudadana en todo el territorio nacional”, lo que ha producido un aumento en la tasa de homicidios intencionales.

Según las cifras presentadas por el gobierno, en los últimos cinco años, la tasa por homicidios intencionales por cada 100.000 habitantes se ha duplicado. En 2016, esta tasa llegaba al 5,81 con 960 muertes. Sin embargo, en lo que va del 2021, la tasa se ha incrementado hasta el 10,62, registrando 1.885 muertes. De estas, 1.112 se han categorizado como violencia criminal.

Para la administración de Guillermo Lasso, el incremento de la violencia criminal se da como respuesta a las acciones que ha emprendido el Estado para “restablecer el orden público en territorios que habían quedado desprovistos de vigilancia y control adecuados, como lo son el espacio aéreo de las provincias del perfil costero, y el interior de los centros de privación de la libertad”. Por ello, el gobierno relaciona las cifras de los homicidios intencionales con las de los decomisos de droga. Hasta el 17 de octubre, las autoridades ecuatorianas decomisaron 147 toneladas –la cantidad más alta de la última década.

A pesar de lo anterior, algunos han catalogado al decreto de Estado de excepción como un movimiento político de Lasso para evitar las marchas programadas en oposición a su gobierno. Además, organizaciones de la sociedad civil que defienden los Derechos Humanos han manifestado su preocupación por la militarización de las calles, aduciendo que se podrían producir excesos en la aplicación de la fuerza.

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